México: Un pequeño paso para el consumo, un gran paso para la libertad

Los expertos en Derecho lo explican: para que la legalización de la marihuana sea general falta mucho, pero el fallo de la Corte crea una histórica fisura en el prohibicionismo

El fallo de la Corte mexicana sobre el autoconsumo de marihuana con fines lúdicos hace una histórica incisión jurídica en la política prohibicionista, lo que representa el primer paso de un largo camino hacia la legalización. Ahora el ‘balón’ está en la cancha del Congreso y el siguiente movimiento, en manos de la sociedad.

Así lo explicó el constitucionalista Saúl López Noriega, quien aclaró que la decisión que tomó este miércoles la Corte mexicana no es una despenalización de esta droga, pero representa la primera batalla en una guerra que la ciudadanía tendrá que librar para ejercer su derecho a consumirla.

“El efecto jurídico en sentido estricto sólo abarca cuatro personas, incluso no abarca a la persona moral, es decir, la asociación, pero en términos políticos esto representa una fisura muy relevante en la política prohibicionista”, comentó López Noriega en referencia a la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART), grupo que se amparó ante la Corte para que las autoridades sanitarias le permitieran sembrar y consumir marihuana con fines lúdicos.

Por el momento, explicó el académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), sólo los cuatro miembros de ese grupo podrán sembrar marihuana para su propio consumo. Para que otros ciudadanos puedan hacerlo, deberán recorrer el mismo camino que SMART y conseguir cuatro fallos más como el de hoy -favorables y consecutivos-, con lo que se emitiría jurisprudencia y se obligaría al Congreso a reformar la ley general de Salud, so pena de que la Corte declare inválidos los artículos que contradigan su fallo. Por tanto, el siguiente paso en este camino tendrá que darlo -otra vez- la sociedad, para orillar a los poderes judicial y legislativo a respetar el derecho a la autonomía y el desarrollo libre de la personalidad, establecido hoy por la Corte.

“Ese proceso es tortuoso, implicaría por lo menos todo 2016, pero en ese escenario es mucho más complicado que el Congreso o los poderes representativos se rehúsen a intervenir en el tema. Si bien es cierto que falta mucho, y que los efectos de este juicio de amparo son muy limitados, sí es un primer eslabón muy importante para que en términos jurídicos se vaya construyendo algo mucho más sofisticado y con un impacto mucho mayor”, puntualizó Noriega.

El turno ahora es del Congreso, por lo menos en términos políticos, advirtió. El fallo de la Corte no obliga a los legisladores a reformar la ley, pero no pueden ser omisos después de una sentencia de este tipo, “deberían repensar un poco no sólo la cuestión de la Ley general de Salud, sino en general todo el sistema de prohibiciones  administrativas y punitivas en el área penal”.

“Es su responsabilidad política y ética”, agregó el ex diputado Fernando Belaunzarán, quien presentó en 2012 una iniciativa en la Cámara de Diputados para regular la producción, distribución y consumo de marihuana en el país, por lo que celebró la decisión de la Suprema Corte mexicana.

El perredista explicó que el fallo revela la falta de sustento constitucional de la interdicción, que viola los derechos contenidos en la Carta Magna, por lo que el siguiente paso obligado es que el Congreso modifique las normas que fueron declaradas inconstitucionales y que impiden el ejercicio de estos derechos. “El Poder Judicial lo que hizo fue reconocer que hay un derecho constitucional, una libertad fundamental conculcada por la prohibición”.

Si bien es cierto que el amparo favorece sólo a cuatro quejosos en un primer momento, vaticinó que vendrán más amparos y anunció que él mismo interpondrá uno para que llegue a la Corte y colaborar con ello para conseguir la jurisprudencia. “Ese proceso puede ser un poco tardado, pero el Legislativo tiene que hacer su trabajo, tiene que modificar las leyes que están señaladas como inconstitucionales, porque su responsabilidad es que sus leyes contribuyan al ejercicio pleno de los derechos constitucionales, si hay leyes que los conculcan es su responsabilidad política y ética modificar esos artículos”, puntualizó.