El mortal costo de defender el medioambiente en Honduras.

Brutal asesinato de Lesbia Urquía, activista ambientalista compañera de la fallecida Berta Cáceres

Lesbia Yaneth Urquía era una dirigente comunitaria hondureña de la misma organización indígena a la que pertenecía Berta Cáceres.

Y como sucedió con Cáceres, asesinada hace cuatro meses, Urquía también falleció violentamente.

Sucedió en la ciudad de Marcala, en la frontera con El Salvador.

Su cuerpo, con varias marcas de golpes de machete en la cabeza, fue encontrado en un basurero municipal el miércoles.

Había salido de su residencia a ejercitarse en bicicleta y no se supo más de ella, según informó un portavoz del Ministerio de Seguridad hondureño.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh)responsabilizó al gobierno de ese país por el asesinato de la activista.

Sin embargo la policía hondureña señala que Urquía podría haber muerto en un asalto o por una disputa familiar.

Lesbia Urquía tenía 49 años, dos hijos y formaba parte de Copinh desde 2009.

Acusaciones

En un comunicado, el Copinh responsabilizó “al Gobierno de Honduras, a las fuerzas militares, policiales y a todos las instituciones gubernamentales” del asesinato de Urquía.

“Fue una ferviente defensora de los derechos de las comunidades y opositora del concesionamiento y privatización de los ríos“, señala el Copinh en la nota de prensa.

Según Copinh, la víctima era una “destacada” líder comunitaria vinculada al organismo ambientalista.

“La muerte de Lesbia Yaneth constituye un feminicidio político que busca callar las voces de las mujeres que con coraje y valentía defienden sus derechos en contra del sistema patriarcal, racista y capitalista”, señala el comunicado.

Copinh lleva cuatro meses en campaña exigiendo justicia por el asesinato deBerta Cáceres, quien fue asesinada en su casa en la noche del 3 de marzo de este año.

Cáceres había recibido unos meses antes el Premio Ambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial en la lucha por la naturaleza.

“Este asesinato se produce a 4 meses y 4 días del asesinato de nuestra compañera Berta Isabel Cáceres Flores, y nos confirma la puesta en marcha de un plan para desaparecer a quienes defendemos los bienes comunes de la naturaleza“, asegura el Copinh.

Urquía era una ferrea opositora a la construcción de una represa hidroeléctrica en el departamento hondureño de La Paz.

Investigación

La policía hondureña emitió un comunicado en el que señala que la escena del crimen sugiere que “la posible causa de esta muerte se origine por al supuesto robo de su bicicleta profesional“.

Antes, el subinspector de la policía, Eddie López, mencionó posibles disputas familiares por propiedades y extorsión por parte de grupos organizados que había denunciado Urquía, dueña de dos hoteles y un mercadito en el lugar.

El Ministerio Público anunció la apertura de un proceso de investigación para esclarecer los motivos de la muerte de la activista.

La entidad hondureña conformó un equipo multidisciplinario para establecer las causas de la muerte de la dirigente del Copinh.

Según la ONG Global Witness, 114 activistas ambientales fueron asesinados en Honduras en la última década.

El “más mortal del mundo”

Al menos 109 activistas del ambiente y la tierra hondureños fueron asesinados entre 2010 y 2015, según la ONG con base en Londres y Washington Global Witness, que investiga abusos contra los derechos humanos.

Según esta organización, Honduras es “el país más mortal del mundo” para los defensores de la naturaleza si se consideran las cifras de muertos sobre el total de la población.

Y es especialmente peligroso para los indígenas: de los ocho casos de activistas asesinados en 2015, seis eran indígenas.

En números absolutos, el peor país es Brasil, donde en 2014 murieron 20 ambientalistas, seguido de Colombia.

Pero Global Witness dice que los números de Honduras son una “estimación conservadora”, porque muchos casos no llegan a la luz pública.

La organización utiliza información de organismos internacionales, medios locales y organizaciones en el país y solo contabiliza casos reportados por tres fuentes distintas, le explicó a BBC Mundo Billy Kyte, activista de Global Witness.

Y ante la pregunta de si reconoce estas cifras o cuenta con un registro alternativo de casos, Cueva solo le dijo a BBC Mundo que existe un sistema nacional de protección para defensores de derechos humanos, y que hasta ahora (la ley se aprobó en mayo de 2015) se han dictado medidas de protección para 10 defensores de derechos humanos.

Otros dos casos de ambientalistas están siendo analizados para dictar medidas de protección dentro de un sistema que cuenta con una financiación de 10 millones de lempiras (unos US$440.000).

La CIDH, por su parte, no precisa la cifra exacta de personas a las que ha acordado medidas cautelares de protección por estar en situación de riesgo.

“Hay medidas cautelares que, por ejemplo, protegen a todos los miembros de una organización, y ese número va variando”, le dijo a BBC Mundo una portavoz.

“Rabia y tristeza”

El 4 de enero de 2015, el cuerpo sin vida de Juan Francisco Martínez apareció con varias puñaladas en el pecho y las manos atadas con cordones de botas militares.

Martínez era líder indígena lenca (la mayor etnia indígena de Honduras) de la comunidad de Tapuyman y miembro del MILPAH (Movimiento Indígena Independiente Lenca de la Paz).

Había liderado las protestas en la municipalidad de Santa Elena, en el departamento de la Paz, contra el proyecto para construir una presa hidroeléctrica para explotar el río Chinacla.

Martínez “apareció vilmente asesinado, con signos de tortura”, le dijo a BBC Mundo Donald Hernández, abogado y coordinador del Área de Derechos Humanos y Ambiente de Cehprodec (Centro Hondureño para la Promoción del Desarrollo Comunitario).

“Sentimos entonces la misma rabia y tristeza que ahora sentimos con el asesinato de Berta”, añadió.

El proyecto hidroeléctrico se asienta sobre territorio considerado de propiedad colectiva por las comunidades y sujeto a las decisiones de los consejos indígenas.

“Allí comen, siembran, cazan. Es su medio de vida”, explica Hernández.

Los habitantes de la zona se organizaron y exigieron a la municipalidad quesacase a consulta popular el proyecto, tal y como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, firmado por Honduras.

La falta de consulta popular a las poblaciones afectadas es un importante foco de conflictos.

Aunque según la viceministra Cueva, en la actualidad está en marcha el diseño de un mecanismo nacional de consulta previa que se discutirá con los representantes indígenas.

Desconfianza

Hernández habla atropelladamente y relata incidentes de todo tipo: ataques, quemas de cabañas y cultivos…y otros dos asesinatos en 2015, que los activistas creen que están relacionados con este conflicto.

A finales de este año, los activistas denunciaron el incendio deliberado de la casa de dos líderes indígenas lencas de Santa Elena.

Pocos meses antes, habían denunciado el allanamiento del mismo domicilio por parte de varias decenas de policías, militares y civiles armados

La situación llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a emitir medidas cautelares en favor de 14 activistas en noviembre de 2015.

Las autoridades ofrecieron patrullas de policía para proteger a los activistas, pero los líderes indígenas no las aceptaron, según Hernández.

No confían en las fuerzas del orden público, a las que acusan de ser parte del problema.

Y creen, como Hernández, que el Estado hondureño “no tiene la voluntad o la capacidad de ofrecer seguridad”.

Indígenas tolupanes

La violencia es el resultado, en su mayoría, de conflictos relacionados con lapropiedad de la tierra, la construcción de presas y la minería.

El turismo también está generando conflictos, como el que mantiene la comunidad garífuna en Barra Vieja contra la construcción de complejos hoteleros en la Bahía de Tela.

Junto a los lenca, otro grupo que ha sufrido víctimas es el de los tolupanes.

Líderes indígenas tolupanes protestan desde 2009 contra proyectos mineros en la comunidad de Locomapa, en el departamento de Yoro (unos 350 kilómetros al norte de Tegucigalpa), y contra las madereras que talan los bosques cercanos.

Luis Marcía Ventura tenía 49 años cuando murió de varias puñaladas en el tórax y en el cuello, el 4 de abril de 2015.

Cuando fue asesinado, hacía poco que había vuelto a su casa tras salir forzosamente de la zona por inseguridad.

En 2013, tres indígenas tolupanes murieron en un asalto mientras ocupaban una carretera para evitar la explotación de un bosque, lo que propició que muchas familias abandonaran la zona por miedo.

Amnistía Internacional acusó al gobierno de Honduras de no aplicar las medidas de protección que la CIDH otorgó a 18 activistas y sus familias por considerar que sus vidas podrían estar “amenazadas y en grave riesgo”.

Marcía era esposo de Vilma Consuelo Soto, una dirigente comunal incluida entre los que la CIDH pedía protección.

Tras la muerte de su marido, Soto fue víctima de un ataque cuando un vecino entró en su casa y realizó tres disparos, según recoge el informe sobre Honduras de la CIDH de 2015.

Los proyectos que podrían causar enfrentamientos son muchos.

Según Vásquez, en la franja occidental de Honduras hay hasta 43 concesiones para proyectos hidroeléctricos y mineros, en zonas que los indígenas consideran sagradas o imprescindibles para garantizar la subsistencia de las comunidades locales.