Ellos ya no van en Bolivia

El presidente Morales dijo ante los cocaleros del Chapare, el reducto más aguerrido de respaldo con el que cuenta, que lo mejor que ha parido la madre tierra es el MAS-IPSP, el partido que a su cabeza detenta el control del aparato del Estado desde enero de 2006.

A esa cita los cocaleros respondieron con su proclamación como candidato para las elecciones de 2019. Morales fue reelecto como ocurre cada dos años como presidente de la Federación  Especial de Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba que aglutina a las seis federaciones de cocaleros del Chapare.

Entretanto, no parece haber oposición directa al lobby que vienen haciendo los productores de coca para incrementar la coca legal de 12.000 a 20.000 hectáreas. Sin una reacción aparente de los Estados Unidos, fuerza líder en Sudamérica de la lucha contra las drogas, no existe oposición externa ante el anuncio. Curiosamente, el viceministro de Defensa Social Felipe Cáceres, señaló que los campesinos que cultiven coca ilegal serán sujetos a tres años de cárcel. Antes, el Gobierno de los Estados Unidos a través de la Ley Kingping definió como extraditables a quienes cultiven coca para la producción de cocaína.

En medio de este enrarecido panorama de contra-información el “zar” antidroga boliviano, reveló que la policía antinarcóticos de Bolivia incautó 114 toneladas (ton) de droga desde enero hasta agosto de este año. Además, dijo que se erradicaron 4.200 hectáreas (has) de plantaciones de coca ilegal. Y atribuyó el logró al intercambio de información de inteligencia y al control social; la concertación con la Policía y las Fuerza Armadas. La enmienda que los productores de coca bolivianos platean para incrementar la producción de coca legal, significaría que lo que ahora se considera sobreproducción ya no sea ilegal y en consecuencia con menos coca ilegal los esfuerzos  para destruir plantaciones se ablandarían.

Las declaraciones del viceministro Cáceres no han tenido mayor significación política en EEUU. El silencio de Washington denota cuanto ha cambiado su relación con los productores de coca. En las últimas semanas de agosto otro hecho de relevancia ha tenido lugar en Bolivia con la creación de la Escuela Antiimperialista que a pesar de recibir duras críticas por parte de sectores conservadores, plantea la idea de que hay un enemigo entre las sombras al que se debe seguir combatiendo.

El mensaje está dirigido a la injerencia que detentó EEUU antes del arribo al poder del MAS-IPSP. No se trata exclusivamente de un matiz. En este último tiempo se ha profundizado la brecha entre quienes de alguna manera han sido apuntados de complicidad como agentes del imperialismo. La figura no excluye a ninguno de los expresidentes bolivianos.

Para entender la respuesta de los Estados Unidos (la falta de respuesta en este caso) a la enmienda planteada por los productores de coca bolivianos, hay que remontarse al pasado. En las dos últimas décadas del siglo XX, Perú, Bolivia y Colombia, los países que producen toda la cocaína del planeta, tomaron relevante importancia en la política norteamericana debido al incremento del consumo de cocaína en su territorio que significó un incremento en las tasas internas del crimen.

El incremento de la violencia entre las organizaciones criminales de Colombia como el Cartel de Medellín de Pablo Escobar y posteriormente las FARC, condujeron a EEUU a involucrarse mucho más en las actividades contra el narcotráfico. Pero, desde el año 2000, el énfasis en la lucha contra el narcotráfico de EEUU declinó considerablemente en partes por las presiones y la competencia entre ellos mismos; los más grandes carteles de la droga se debilitaron y disolvieron.

Con posterioridad al financiamiento y a la asistencia militar norteamericana de principios del 2000, el Gobierno colombiano hizo significativos avances contra la guerrilla en su país, difuminando su atención respecto a la insurgencia izquierdista financiada por los carteles de la droga. De manera simultánea, el Perú también le ganó de mano al movimiento guerrillero Sendero Luminoso de principios de 1990. Por lo tanto, los esfuerzos contra el narcotráfico en la región se desvanecieron. Asimismo, el uso de cocaína en EEUU (motivador principal de la concesión de ayuda a Sudamérica) disminuyó a medida que el consumo de metanfetaminas y opio, presentaba un curso ascendente. No así en Europa donde el consumo de cocaína creció en el mismo periodo, respaldando la demanda de droga en el exterior.

En el caso boliviano puede decirse que desde la llegada al poder del presidente Morales la cooperación de EEUU contra el narcotráfico ha disminuido; en realidad, el propio Morales se encargó de expulsar a la DEA (Drug Enforcement Administration) y en la actualidad el Gobierno de Bolivia lleva adelante sus propias iniciativas para combatir el narcotráfico; esfuerzo que declinaría de promulgarse la enmienda, gatillando el incremento en el cultivo de coca ilegal, o por lo menos, liberando de erradicación una parte de la oferta a los mercados ilegales.

En el entretanto, Washington no tiene forma de influir en el Gobierno boliviano y por lo tanto seguirá con sus esfuerzos en Colombia y Perú; accionar que posiblemente compense el ablandamiento a las restricciones de la coca boliviana.

Es bueno hacer notar, que Perú, Colombia y Bolivia se encuentran en posiciones muy diferentes de aquellas que prevalecían hace varias décadas. Ahora que la región se ha desechado de sus álgidas preocupaciones de seguridad, la decisión boliviana de incrementar la producción de coca, pasará posiblemente sin mayores comentarios de EEUU, y pese a que la lucha contra las drogas se auto-desgastará, ciertamente ya no define el futuro de las relaciones entre los Estados Unidos con América Latina.