Una madre deportada, nuevo símbolo contra la política de Trump

Según informó la policía fronteriza, García de Rayos había sido condenada en 2009 por poseer documentación falsa, algo habitual entre inmigrantes indocumentados para poder trabajar. La orden de expulsión basada en esa condena se hizo firme en 2013. Desde el juicio, García de Rayos tenía que presentarse cada seis meses en la oficina de ICE para reportar sus situación. La policía la ha dejado seguir con su vida este tiempo. El miércoles, la visita rutinaria acabó en una detención para proceder a deportarla.

La deportación de García de Rayos, confirmada el jueves por la mañana por su abogado, llegó después de una noche de angustia, en la que familiares amigos y vecinos de Phoenix trataron de impedir que se ejecutara. García de Rayos tiene 36 años y llevaba 22 años en Estados Unidos, donde había formado una familia.

Tras la detención, decenas de personas se concentraron en la comisaría de ICE en Phoenix para protestar y tratar de impedir la deportación. Las imágenes que publicaron en redes sociales muestran a personas bloqueando el paso al furgón en el que se encontraba detenida García, y a un hombre abrazado a una de las ruedas para impedir que el vehículo se moviera. Siete personas fueron detenidas, según la policía de Phoenix.

El encuentro con la ley de García de Rayos comenzó en 2008, tras una redada en una empresa en busca de indocumentados ejecutada por los agentes del entonces sheriff Joe Arpaio. Autoproclamado el sheriff más duro de América, Arpaio se hizo famoso por instruir a sus agentes a detener a cualquiera que consideraran sospechoso de ser indocumentado para pedirle los papeles. Después de décadas aterrorizando a los indocumentados, Arpaio perdió las elecciones del pasado 8 de noviembre contra el sheriff progresista Paul Penzone. Arpaio era uno de los principales consejeros de Trump sobre inmigración durante la campaña.

Al no tener antecedentes por delitos violentos, García de Rayos no era considerada una prioridad para deportación de acuerdo con las normas al respecto dictadas por la Administración de Barack Obama. El pasado 25 de enero, el presidente Trump dictó una orden ejecutiva en la que establecía como prioridad de deportación a todos aquellos indocumentados con antecedentes criminales, pero no dejaba claro cuál debía ser la interpretación de antecedentes. ICE no ha confirmado que haya cambiado de criterio sobre García de Rayos por la orden de Trump, pero para sus abogados era evidente.

Las autoridades de Phoenix y del sur de Arizona alzaron su voz este jueves contra la deportación. El alcalde demócrata de la ciudad, Greg Stanton, dijo que el caso era “una farsa”. “En vez de buscar criminales violentos y traficantes de drogas, ICE gasta su energía en deportar a una mujer con dos hijos norteamericanos que ha vivido aquí más de dos décadas y no es una amenaza para nadie”. Stanton dijo que esta política hace al país menos seguro. El congresista demócrata por Arizona Rubén Gallego calificó lo sucedido de “tragedia”.

Guadalupe García se convirtió así este jueves en un nuevo rostro de las críticas a la política de inmigración de Donald Trump, en este caso en cuanto a los indocumentados. El veto migratorio, denunciado en los tribunales, también ha tenido símbolos como los hermanos yemeníes Tareq y Amar Aziz, detenidos en el aeropuerto de Dulles cuando tenían visados para entrar, o el iraní Ali Vayeghan, detenido en el aeropuerto de Los Ángeles cuando iba a visitar a sus familiares con un visado que le había costado 10 años conseguir.

Precisamente este jueves se encuentra de visita en el sur de Arizona, una de las zonas más calientes de la frontera, el nuevo secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, del que dependen todas las agencias policiales federales, como la policía de fronteras, la de aduanas y la de inmigración.

Se calcula que en Estados Unidos viven alrededor de 11 millones de personas de forma ilegal. El año pasado fueron deportadas 240.255 personas. De ellas, el 58% habían sido condenadas por un delito. De las que no, el 95% son personas rechazadas en la frontera o al lado de la frontera. Según las estadísticas de ICE, el 99,3% de los deportados cumple con las normas del departamento sobre prioridades de deportación, que establecen que los recursos de esta fuerza policial se deben concentrar en deportar criminales convictos y personas que supongan un peligro.