Ordenan juicio penal contra Solón y Archondo

El Gobierno acusa a sus exembajadores ante la ONU de incumplimiento de deberes, anticipación y prolongación de funciones y nombramientos ilegales

El Gobierno, a través del viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, presentó el 2016 ante el Ministerio Público una denuncia para que se investigue y enjuicie por la vía penal para a Pablo Solón, exembajador de Bolivia ante a ONU, y Rafael Archondo, periodista.

De acuerdo al memorial, Archondo presuntamente cometió los delitos de incumplimiento de deberes y anticipación y prolongación de funciones; mientras que a Solón se lo acusan de los ilícitos de nombramientos ilegales e incumplimiento de deberes.

Según la denuncia, que ha sido reactivada ahora por el Ministerio de Justicia y el nuevo viceministro Gonzalo Trigoso, hace seis años, Solón habría designado a Archondo como embajador ante la ONU cuando el dejó el cargo, acto que es privativo del Presidente.

Como prueba de la denuncia, el viceministerio adjunta la carta en la que Solón presenta a Archondo ante las instancias oficiales de Naciones Unidas, en la califica su función como la de “representante permanente alterno”.

Por otro lado, la denuncia contra Archondo es que habría figurado como embajador de Bolivia a pesar de no tener un nombramiento para ello.

Las pruebas que se presentan son cartas en las que el periodista firma como representante permanente alterno. En todas ellas se coloca el apelativo “Emb.”, que no figura como función, sino como rango.

Cercanos al Gobierno

Solón fue nombrado embajador de Bolivia ante Naciones Unidas en 2009.

Estuvo en esas funciones hasta junio de 2011, mes en el que presentó su renuncia y Archondo, que en ese momento era el segundo a cargo, lo reemplazó como interino.

En septiembre de 2012, 14 meses de que Archondo estuviera a cargo, el actual embajador, Sacha Llorenti, asumió el cargo.

Asuntos legales

En el momento del envío de la nota, Solón seguía siendo el jefe de la misión y no se había planteado su salida.

La carta presentada como prueba no es de designación, sino de presentación del nuevo representante.

La denuncia invoca varios artículos del Código Penal que deberían aplicarse a ambos ex funcionarios que señalan sanciones de uno a cuatro años.

En el caso de Archondo, un artículo del Código Penal establece que quien eerciera funciones públicas sin nombramiento tendría una sanción de trabajo de dos a seis meses.

Los hechos denunciados habrían ocurrido hace seis años, periodo en el cual las autoridades no hicieron mención alguna a los interesados.