Tarija: las empresas cierran y no hay circulante

De la bonanza a la crisis. Esa es la situación actual de Tarija debido a la reducción de sus ingresos por concepto de renta petrolera y a una millonaria deuda que, según autoridades departamentales, dejó a la Gobernación la pasada gestión. La debacle se evidencia en el cierre de 60 empresas en lo que va del año y en los bolsillos de los tarijeños que cada vez tienen menos circulante.

“Estamos en una grave crisis económica. No podemos negarlo, necesitamos ayuda”, afirmó el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Tarija (FEPT), Víctor Fernández.

Entre medidas de austeridad, autoridades departamentales, municipales y el empresariado buscan alternativas para paliar la crisis en planes de rescate financiero, solicitudes de préstamos y emisión de bonos. A largo plazo, apuntan a romper la dependencia rentista de la economía regional.

La crisis en las calles

“La crisis se siente fuerte. No hay circulante, todos tratamos de cuidar los empleos porque ya es difícil conseguir otros. En mi rubro (taxista) los vehículos están todos dañados porque no hay con qué llevarlos al mecánico y menos con qué reemplazarlos. Pregunte en tiendas cuántos clientes tienen al día y cómo era antes”, comentó el conductor Rodrigo Castro.

Desde el 2014 (cuando se marcó el pico de la renta petrolera), los ingresos de la Gobernación de Tarija se han reducido de 5.451,46 millones de bolivianos a 1.100 millones presupuestados para el 2018. Como resultado, el 2016 la economía regional decreció en 6,1%.

Según datos de la Cámara Departamental de la Construcción, hasta finales de 2016 más del 50% de sus afiliadas habían quebrado, ocasionando que centenares de trabajadores pasen a engrosar las filas del desempleo.

La Federación de Empresarios Privados da cuenta que el año pasado el 30% de los 14.000 afiliados a Fundempresa no habían renovado su matrícula; mientras que la dirigencia de Talleres de Metalmecánica indicaba que el 50% corrió la misma suerte.

Según el presidente de la FEPT, en lo que va de la actual gestión, otras 60 empresas tarijeñas se cerraron. “Es preocupante porque no sólo son constructoras, sino proveedoras o productoras de insumos”, sostuvo Fernández.

Indicó que durante la bonanza de Tarija no hubo políticas favorables para el desarrollo de la empresa y la microempresa. “El fuerte de la economía siempre fue la renta petrolera, el aporte de la empresa privada es mínimo porque no tuvo fomento”, explicó.

Por Tarija -dijo- han pasado millones de bolivianos pero la ciudad aún tiene barrios sin luz, sin agua y faltan carreteras. “Ha habido proyectos monumentales que no eran necesarios y que seguimos pagando”, lamentó.

Gobernación endeudada

“Hace dos años que hablamos de una crisis económica pero recién ahora ésta se replica a nivel nacional”, evaluó el asesor general de la Gobernación de Tarija, José Luis Gandarillas.

El 95% del presupuesto del departamento corresponde a las regalías, el IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) y el IEHD (Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados). La economía tarijeña depende de los estamentos del Gobierno nacional, municipal y departamental, con énfasis en la Gobernación.

“Como gobierno departamental tenemos una especie de descuartizamiento del POA (Presupuesto Operativo Anual). Acá funcionan los subgobernadores, cuyo nivel jurisdiccional equivale a municipios y son elegidos por voto y tienen presupuesto. También está el caso de la región del Chaco que administra el 45% de los ingresos de la renta petrolera. Es como tener un presupuesto partido”, explicó Gandarillas.

La Gobernación de Tarija asume los proyectos de electricidad y gas domiciliario a través de empresas en las que el gobierno departamental posee el 90% de las acciones. De acuerdo al asesor, en gestiones pasadas hubo altos ingresos pero las autoridades de turno no priorizaron los servicios básicos.

“No hay cobertura de salud, tenemos hospitales a medio hacer y que los estamos encarando recién ahora con un presupuesto ya reducido. Además, asumimos políticas nacionales como la Renta Dignidad o las Quipus que regala el Gobierno y son debitadas directamente de las cuentas de la Gobernación”, afirmó.

En 2016, 26 millones de bolivianos fueron debitados de las cuentas del gobierno departamental para la adquisición de computadoras Quipus , lo que dejó a la entidad sin liquidez. Ese compromiso fue asumido por Lino Condori (MAS) antes de dejar su interinato de cuatro años a la cabeza de la Gobernación de Tarija.

Las autoridades actuales aseguran que las deudas contraídas por esa gestión son uno de los problemas más grandes. Fueron los mejores cuatro años de los ingresos pero “no hubo una planificación para el desarrollo”.

“Como actual gestión hemos tenido que cargar en nuestras espaldas los compromisos asumidos por ese interinato y que hacen que tengamos una deuda de más de 4.000 millones de bolivianos en proyectos contratados. Cuando presentamos al Gobierno un plan de rescate financiero -que no fue aceptado- reconoció la deuda, pero sólo de la mitad del monto”, dijo Gandarillas.

Aseguró que solamente esa obligación es más grande que el actual presupuesto del gobierno departamental de Tarija. Para subsanar la deuda -reiteró- se precisa implementar un plan plurianual. Ello, sin embargo, relegaría las tareas urgentes.

Las salidas posibles

A largo plazo, la Gobernación apunta a replantear la economía del departamento para superar la dependencia rentista. La industria vitivinícola es una de las mayores apuestas para ello.

Pero las soluciones urgen y para el gobierno departamental una opción es asumir un nuevo préstamo que le permita saldar las deudas y terminar los proyectos pendientes.

“Hemos solicitado un crédito de 700 millones de bolivianos. Había unos dos bancos que nos podían dar ese préstamo, pero ahora esas mismas entidades no llegan al monto que ahora nos permitiría obtener nuestra capacidad de endeudamiento. Esperamos que las autoridades nacionales nos ayuden. El 6 de agosto pasado el Presidente anunció préstamos para los gobiernos subnacionales que tengan deudas. Hemos ido a averiguar pero aún no hay una figura clara”.

Para los empresarios, la solución está en el rescate financiero solicitado en diferentes oportunidades a las autoridades. “Como sector privado hemos hablado con el Primer Mandatario de la mala situación y le hemos presentado un cúmulo de obras que requieren inversión. Pero no hay repuesta”, señaló Fernández.

Ante crisis, Alcaldía tarijeña alista bonos y créditos

La emisión de bonos y la búsqueda de créditos son parte de las medidas que la Alcaldía de Tarija alista para afrontar la reducción de sus ingresos por concepto de renta petrolera. Si bien las estimaciones presupuestarias para el 2018 son de 109 millones de bolivianos, las autoridades ediles preven recibir sólo 75 millones.

El alcalde tarijeño, Rodrigo Paz, señaló que el 2014, la anterior gestión municipal tenía 1.135 millones de bolivianos como presupuesto, cifra que doblaba los 564 millones actuales del presupuesto edil e incluso superaba los 1.100 millones que hoy tiene la Gobernación. Indicó que el ingreso municipal por IDH calculado para el 2017 fue de 118 millones, pero al término de la gestión llegará apenas a los 90 millones.

Para el 2018 el panorama empeora, pues si bien se calcula un IDH de 109 millones de bolivianos, se prevé que éste será apenas de 70 millones. El alcalde explicó que de ese monto el 45% ya está destinado para bonos y obligaciones que dicta el gobierno.

“Como primera medida estamos haciendo una relación de créditos con el empresariado privado. Segundo, estamos en el proceso de emitir bonos municipales. Y tercero, hemos aplicado al proceso de fideicomiso que el Presidente anunció en su discurso del 6 de agosto”, explicó Paz.

Como ejemplo citó la adquisición de pantallas led por medio de empresas que ya llegan con crédito “bajo el brazo”. Las deudas contraídas serán canceladas por el municipio en varios años plazo.

En el caso del fideicomiso, refirió, pide acelerar el proceso. “Somos, sin temor a equivocarme, la Alcaldía mejor saneada en tema financiero para poder apalancar mayor cantidad de recursos y pagarlos en mediano y largo plazo”, manifestó.

Señaló que se cerraron todas las deudas asumidas por la anterior administración edil que bordeaban los 90 millones de bolivianos y las que se tenían con el gobierno departamental. Debido a ello, es la primera vez que el municipio tiene la capacidad de disponer de recursos.

“Este año hemos dispuesto 40 millones de bolivianos para apalancar recursos. Con eso trabajamos los temas de agua, hospitales de segundo nivel, temas viales y 400 cámaras para seguridad ciudadana”, detalló la autoridad.

Para el 2018 la prioridad del municipio tarijeño será el agua, infraestructura, reordenamiento, equipamiento de hospitales, seguridad ciudadana y ciudad inteligente.