Gobierno afirma que DDRR ya no es confiable ni transparente

Los ministros de Gobierno, Carlos Romero, y de Justicia, Héctor Arce, aseguraron que en Derechos Reales (DDRR) ocurren  irregularidades desde hace tiempo y que el Consejo de la Magistratura se mantuvo al margen de cualquier intervención o investigación urgente.

“Derechos Reales no es una institución transparente, no es confiable. Este criterio lo hemos expresado como preocupación al Consejo de la  Magistratura, pero, lejos de tomar cartas en el asunto, (esta instancia) más bien comenzó a hacer movimientos de personal (…)  entonces realmente ninguna investigación objetiva existe”, afirmó Romero.

Desde hace poco más de un mes que se denuncian irregularidades en DDRR en Santa Cruz y en Montero, donde se constató que 357 folios desaparecieron y se desviaron 700 mil bolivianos. Por este hecho cuatro funcionarios son investigados. Asimismo, se denunció un caso similar en la ciudad de Sucre.

Página Siete reveló el domingo que en DDRR de Santa Cruz se pueden anular deudas, gravar inmuebles, sacar “certificados negativos”, corregir errores y realizar otros trámites ilegales a pedido con tramitadores y funcionarios, que tienen precios para cada ítem.

En octubre de 2018, este periódico también destapó otro escándalo en DDRR de Santa Cruz, que gravó más de 100 departamentos por una deuda de  15 millones de bolivianos sin que los dueños lo sepan.

Detrás de estas irregularidades está el juez registrador Alfredo Echeverría, quien el lunes acusó al periodista de Página Siete de ser parte de un clan de loteadores, lo que es totalmente falso.

“Lamentamos mucho que Gonzalo Alcón (presidente del Consejo de la Magistratura)  se haya ausentado por varios días, cuando hay este tipo de   situaciones gravísimas que ponen en riesgo la seguridad de las personas; la Magistratura no debe permitir este tipo de actos de corrupción”, protestó el Ministro de Justicia  al referirse a las denuncias en Derechos Reales.

“Esta situación es grave y nunca antes se había conocido un caso de estas dimensiones, una persona de esta naturaleza que pone en riesgo la seguridad jurídica, la propiedad de las personas no puede seguir siendo registrador de Derechos Reales. Esperamos que la Magistratura actúe con la rigurosidad, con la celeridad, con la diligencia con la que se tiene que actuar en estos terribles actos de corrupción”, instó la autoridad.

Página Siete llamó al consejero Alcón para preguntarle qué acciones tomará su despacho ante tantos hechos irregulares. Sobre lo ocurrido en Sucre, Alcón manifestó que en un “trabajo de control” se confirmó una irregularidad en la tramitación de algunos registros. “Ese hecho está en manos de la Fiscalía y el presunto autor está detenido en Chuquisaca”, manifestó.

En el caso de Santa Cruz, dijo escuetamente que está en proceso de investigación. “Se presentó la denuncia, seguramente el Ministerio Público en unos días más llamará a declarar y verá si es que corresponde aprehender o imputar a las personas denunciadas”.

Finalmente, sobre las irregularidades en las oficinas de Derechos Reales de Montero, Alcón afirmó que se confirmó un desfalco. “Se detuvo al presunto autor y está también en proceso de investigación. Este hecho ocurrió hace dos semanas, entonces ya está en instancias del Ministerio Público”, informó.

6 funcionarios son acusados de 10 ilegalidades

El juez registrador de Derechos Reales de Santa Cruz, Alfredo Echeverría, y otros cinco  funcionarios fueron  denunciados por 10 hechos irregulares, informó el responsable nacional de Control y Fiscalización del Consejo de  la Magistratura, Américo  Araníbar.

“Existen 10 hechos que se han cometido que se consideran delitos y  por los que se presentó la denuncia contra seis funcionarios, uno de los principales (implicados) es el juez registrador Alfredo Echeverría, por incumplimiento de deberes, manipulación informática y uso indebido de influencias”, afirmó.

Entre los hechos ilícitos más relevantes está la modificación del tamaño de terrenos en zonas no pobladas de Santa Cruz; las propiedades que tenían dimensiones en hectáreas fueron divididas y su registro ahora figura en  metros. Esa modificación se la hizo por medio de una resolución administrativa emitida por Echeverría, explicó el responsable de Fiscalización.

Otra de las irregularidades atribuidas al juez registrador es el  cambio de funciones que dispuso entre su personal de apoyo, enviando a un supervisor informático a cumplir otras tareas que no le competían.

“Para el cambio de personal se debe tener una coordinación con el responsable departamental (de la Magistratura), pero no hizo ninguna coordinación y el registrador (Echeverría) hizo las modificaciones”, señaló.

La denuncia fue presentada el lunes y  junto a Echeverría están denunciados el  responsable de informática de Derechos Reales de Santa Cruz y la subregistradora de esa dependencia.