Gobierno del MAS aprobó 14 leyes para tomar dinero del BCB

El gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobó 14 leyes del Presupuesto General del Estado (PGE), además de otras normativas especiales y específicas, para disponer de los recursos del Banco Central de Bolivia (BCB).

“Hubo (la aprobación de) 14 leyes del Presupuesto General del Estado y otras leyes especiales, modificatorias del presupuesto o especiales en particular, que exceptúan al Banco Central de Bolivia de acatar la prohibición de financiar al sector público”, afirmó ayer el presidente del BCB, Guillermo Aponte.

Las 14 leyes elaboradas y aprobadas durante el gobierno de Evo Morales sirvieron para que su administración pase por encima de la legislación del BCB y así tome sus recursos para destinarlos en operaciones prohibidas en el ámbito legal del ente emisor.

La Ley del Banco Central de Bolivia, del 31 de octubre de 1995, especifica en sus artículos 22 y 23 que la institución no puede otorgar créditos al sector público.

“El BCB no podrá otorgar crédito al sector público ni contraer pasivos contingentes a favor del mismo. Excepcionalmente podrá hacerlo en favor del Tesoro Nacional, con voto favorable de dos tercios de los miembros presentes en reunión de su directorio, en los siguientes casos: a) Para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, conmoción interna o internacional, declaradas mediante decreto supremo. b) Para atender necesidades transitorias de liquidez, dentro de los límites del programa monetario”, señala el artículo 22.

Esta disposición se ve complementada en la ley por el artículo 23, que remarca: “Las operaciones previstas en el artículo anterior serán documentadas en todos los casos mediante títulos valores negociables de deuda pública emitidos por el Tesoro Nacional, las cuales, en el caso previsto en el inciso b), serán de plazo máximo de un año”.

Sin embargo, con las leyes aprobadas por la administración de Morales, más de 40.000 millones de bolivianos del BCB fueron tomados para otorgar créditos a las empresas públicas.

Asimismo, sólo para el Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro), el anterior gobierno dispuso, a través de una ley, que 1.200 millones de dólares sean transferidos del ente emisor para dar inicio a las operaciones de ese fondo.

Algo parecido sucedió con la Planta de Amoniaco y Úrea de Bulo Bulo, para la cual el BCB tuvo que entregar en calidad de crédito 864 millones de dólares.

“El Banco Central de Bolivia no tiene capacidad legislativa, tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley, y si se promulga una ley que establece que 1.200 millones de dólares deben ser destinados para el Finpro, pues se debe cumplir y se lo ha hecho”, sostuvo Aponte.

Las autoridades del ente emisor evitaron referirse a la factibilidad de los proyectos emprendidos por las empresas públicas a partir de los créditos a los que accedieron, pero anunciaron que ya solicitaron a los ministros de las carteras estatales involucradas un análisis de cada una de las empresas beneficiadas.

”   Estamos enviando cartas a los ministros responsables de cada una de las carteras que son cabeza de sector de aquellas empresas (que recibieron los recursos a través de los créditos), para que hagan las evaluaciones respectivas sobre la factibilidad económica y técnica de esos proyectos, y para que nos demuestren la capacidad de pago que tienen”, manifestó el presidente del Banco Central de Bolivia.

Algunos manejos del dinero del BCB con las leyes del MAS

• Finpro El MAS creó el Fondo para la Revolución Industrial Productiva bajo la forma de fideicomiso con una duración de 30 años renovables y un monto de 600 millones de dólares que salieron de las Reservas Internacionales Netas (RIN), que son administradas por el BCB.
• Operaciones Para que el fondo industrial comience a funcionar, el gobierno de Evo Morales dispuso, mediante ley, que el BCB le transfiera 1.200 millones de dólares.
• RIN En la Ley del Presupuesto General del Estado de la gestión 2011  se ordenó al Banco Central de Bolivia hacer una inversión de hasta un tercio de las RIN, excluido el oro, en títulos valor emitidos por las Empresas Publicas Productivas de Sectores Estratégicos y aquellas en las que el Estado boliviano tenga mayoría accionaria.
• YPFB En la ley del PGE de 2009, el gobierno de Morales dispuso que el BCB otorgue un crédito de mil millones de dólares en favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos  para financiar proyectos de inversión en hidrocarburos.
• Deber El BCB está facultado para invertir y depositar en custodia sus reservas internacionales para el cumplimiento de su adecuado resguardo.

La Planta de Úrea y otras  tienen sus créditos al día

La Planta de Amoniaco y Úrea y otras empresas estatales y estratégicas cumplen con el pago de los créditos otorgados  por el Banco Central de Bolivia (BCB), informó ayer el gerente general del ente, David Espinoza.

“Es necesario informar que todas las empresas públicas y estratégicas han estado cumpliendo regularmente el pago de sus obligaciones. Entonces no hay un daño económico al BCB por la otorgación de estos créditos, ya que cumplen con todos su planes de pago”, explicó el gerente.

Página Siete informó ayer que la Planta de Amoniaco y Úrea, ubicada en Cochabamba, está paralizada desde hace casi dos meses y no tiene fecha de reanudación de actividades. La construcción de la factoría demandó  864 millones de dólares, financiados a través de un préstamo que fue otorgado por el BCB.

En la memoria 2018 del ente emisor se informa  que al 31 de diciembre de ese año   el capital amortizado acumulado fue de 395,6 millones de bolivianos, por lo que se debe 795,9 millones de dólares del monto recibido.

En general el BCB aprobó préstamos por  59.000 millones de bolivianos, de los cuales fueron desembolsados hasta la fecha 40.000 millones de bolivianos; para cada uno se fijó un plan de pagos y un periodo de gracia.

“Hasta la fecha, el Banco Central de Bolivia ya recibió como pagos de amortización a capital unos 3.000 millones de bolivianos, lo que equivale a decir que tenemos un saldo adeudado de 37.000 millones de bolivianos,  que con el plan de pagos se irá amortizando”, señaló Espinoza  en un desayuno con la prensa.