Ecuador: enfermar de COVID-19 o no comer, la disyuntiva de la gente pobre

El domingo 5 de abril, a 36 días de la confirmación del primer caso de coronavirus en Ecuador, el número de personas contagiadas -según los datos oficiales- es de 3466 y son ya 180 personas fallecidas. Eso ubica al Ecuador en el segundo puesto de América Latina, detrás de Brasil, un país 30 veces más grande. El 70% de los casos confirmados en Ecuador están en la provincia costera de Guayas, cuya capital, Guayaquil, es la segunda ciudad más importante del país. Allí, hasta el domingo, se habían registrado -oficialmente- 126 muertes. La cifra de una sola ciudad ecuatoriana supera la de países de América Latina como México, Perú, Colombia o Argentina.

Las medidas tomadas por el gobierno del presidente Lenín Moreno fueron claras: una declaratoria de estado de excepción, el aislamiento social obligatorio, y un toque de queda nacional. Sin embargo, estas parecen no tomar en cuenta la necesidad de supervivencia económica que cubre una gran parte de esta provincia.

En el último censo poblacional, de 2010, Guayas contaba con más de tres millones y medio de habitantes, y tiene una población que vive en condiciones muy desiguales. Existen urbanizaciones privadas, valladas, con guardias y cámaras de seguridad, que tienen canchas, espacios sociales y piscinas. En Samborondón está, por ejemplo, la finca del expresidente León Febres-Cordero, en la que criaba caballos de paso.

Durante el primer fin de semana del aislamiento social, el gobernador de la provincia anunció la suspensión de 38 eventos -entre ellos, al menos dos matrimonios en las zonas más acomodadas de Guayaquil y Samborondón- y 31 establecimientos clausurados por incumplimiento de la disposición. La siguiente semana, en una urbanización privada de Samborondón, la orden de aislamiento caía en oídos sordos: un partido de golf tuvo que ser interrumpido por la Policía para obligar a los jugadores a regresar a sus casas.

Por otro lado, están las zonas periféricas, con viviendas en condiciones precarias, incluso de hacinamiento, con poco acceso a servicios básicos: en el último censo 26% de los guayasenses no tenían acceso a agua potable y 53% no contaban con red de alcantarillado público-. Guayas es también la provincia con mayor cantidad de asentamientos ilegales (312 en 2,098 hectáreas). Además, más de 60% de la población no está afiliada a la seguridad social -según el último censo – lo que implica que, probablemente están en condiciones de subempleo; y 20% son limpiadores, asistentes domésticos, vendedores ambulantes o peones. Durán, uno de los cantones más afectados dentro de la provincia con 99 contagios en una población de 250 mil habitantes, es también uno de los que mayor densidad poblacional tiene: 1026 habitantes por kilómetro cuadrado.

Es una provincia en la que mucha gente vive del día a día: si hoy no trabaja, hoy no come. A diciembre de 2019, Guayaquil era la ciudad con mayor tasa del pobreza del país: 11.2%.

A todo esto se suma el hecho de que las autoridades no se tomaron la situación con la seriedad suficiente. El gobernador de Guayas permitió que se desarrollara un partido de fútbol con asistencia masiva, cuando ya se conocía del primer caso positivo en el país.

Incluso, con medidas como multas y prisión para quienes incumplan el toque de queda, en la provincia de Guayas se han levantado la mayor cantidad de partes policiales por incumplimiento: 1349 hasta el 3 de abril. En las horas en las que sí se puede circular para actividades estrictamente necesarias como adquirir provisiones o medicamentos, se han visto mercados improvisados, gente vendiendo y comprando productos, sin mascarillas e incluso personas de la tercera edad, lo cual también se ha visto en otras provincias. Todo esto ocurre a pesar de que Guayas ya fue declarada zona de seguridad y por ello se aplica control militar.

Son las muestras de que, en una provincia con tanta desigualdad, la orden de permanecer en casa enfrenta a buena parte de la población a la decisión de contagiarse del virus o no tener qué comer. No sirven entonces las multas o las amenazas de cárcel porque, a diario, son poblaciones que se enfrentan a amenazas que también ponen en riesgo sus vidas, como la ausencia de servicios básicos, de seguridad social o siquiera de un trabajo que les permita mantener a sus familias alimentadas. Para que sean efectivas, y garanticen un esfuerzo para salvar la mayor cantidad de vidas, las medidas gubernamentales deben ir en concordancia con esta realidad que está ahí, oculta y silenciosa en condiciones normales, pero que bajo la amenaza mundial de la pandemia del coronavirus, se ha visibilizado de manera implacable y devastadora.