Ecuador: prohibida la venta del libro ‘Una tragedia ocultada’

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Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

 

Unos 15 minutos antes de iniciarse el evento se emitió la notificación judicial. La jueza Hilda Garcés, de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia, prohibió la circulación del libro ‘Una tragedia ocultada’, cuya presentación se realizó anoche, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Esta publicación, del misionero Miguel Ángel Cabodevilla, revela diversos hechos relacionados con la matanza de, al menos, 30 taromenane, del 29 marzo pasado, en el Parque Nacional Yasuní. La notificación judicial fue emitida la tarde de ayer. Es decir, poco antes del inicio del acto de presentación del volumen. La jueza Garcés dispuso “prohibir la circulación y difusión por cualquier medio de la obra ‘Una tragedia ocultada’, especialmente por la fotografía que aparece en la invitación” al evento de ayer. La notificación se basa en una demanda presentada por Wilton Guaranda Mendoza, director nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo.

Para la prohibición de circulación del libro, la Judicatura se basó en una invitación al acto, que circuló desde hace unas dos semanas. En ella se mostraba una posible portada del texto, que no fue la que se utilizó en los 500 ejemplares que se imprimieron para ayer. En medio del debate sobre la presencia de pueblos no contactados en los bloques 31 e Ishpingo, Tiputini, Tambococha (ITT), en el extremo noreste del Yasuní, la presentación del libro creó expectativa, a través de las redes sociales. Ayer el hemiciclo de la Flacso estaba copado de asistentes, que no dudaron en protestar en voz alta cuando se leyó la disposición de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Una vez que la notificación llegó al sitio del evento, la venta de los ejemplares se suspendió. El libro ‘Una verdad ocultada’ fue escrito por el misionero Miguel Ángel Cabodevilla, la directora de la Fundación Alejandro Labaka, Milagros Aguirre, y el investigador italiano Massimo de Marchi. La reacción de los primeros dos autores presentes en el evento fue de sorpresa, porque la portada inicialmente prevista al final no fue utilizada. Y en las imágenes del interior de la publicación se protegió la identidad de las personas, difuminando sus rostros. La investigación se centra en los hechos posteriores al 5 de marzo pasado. En esa fecha, el líder huaorani Ompore Omeway y su esposa Buganey, murieron lanceados, presuntamente por un grupo taromenane, un pueblo indígena no contactado del Yasuní. 24 días después de ese ataque, un grupo de indígenas huaorani, familiares de Ompore, habría ingresado hasta la vivienda múltiple de una familia taromenane. La Fiscalía abrió una indagación previa por estos hechos, pero aún no se ha hecho público ningún tipo de resultados. En ese segundo ataque, dos niñas taromenane, de 5 y 8 años, habrían sido raptadas por los supuestos agresores. Milagros Aguirre señaló que en la publicación tampoco se han incluido los nombres de las dos menores. “Hemos manejado con mucha cautela el tema de las niñas”. Cabodevilla cuestionó que se prohíba la publicación de esta investigación. “Las dos niñas taromenane están en las casas de los presuntos agresores de sus padres. ¿Es más importante protegerlas de que no salgan en una foto?”. Esta prohibición se da después de que, la semana pasada, Cabodevilla fuera citado por la Fiscalía para rendir su versión dentro de la investigación que se lleva por presunto genocidio/etnocidio en marzo. En esa citación, se pidió al misionero que entregara dos ejemplares de la publicación, que aún no estaba impresa. El misionero no se presentó a la primera citación de la Fiscalía General. Tampoco entregó los dos ejemplares que fueron requeridos por el fiscal del caso. La investigación Al menos dos incursiones adicionales en el territorio taromenane habrían realizado grupos de dos comunidades huaorani, después de la masacre de marzo. Ese día, el ataque y la matanza de al menos 30 de integrantes de una familia no contactada habría ocurrido con armas de fuego. Esa es, por ejemplo, una de las revelaciones que trae el libro ‘Una tragedia ocultada’, que narra los hechos después de que Cabodevilla emprendiera una investigación sobre estos episodios de singular violencia. “La próxima matanza está muy cerca”. Esas fueron las primeras palabras que utilizó el misionero capuchino en su intervención ayer en el hemiciclo de la Flacso. Por ello solicitó que se tomen acciones de manera urgente, porque estas incursiones de huaorani en la selva prueban que buscan la exterminación de los taromemane. Cabodevilla cuestionó, asimismo, que el Estado “casi no se ha hecho presente” en las comunidades cercanas a los ataques. Además, afirmó que dos taromenane se han acercado a una comunidad huaorani, donde han pasado una noche y luego han regresado a la selva. “Nosotros solo nos limitamos a narrar los hechos en este libro”, comentó, por su lado, Aguirre. La directora de la Fundación Alejandro Labaka señaló que, simplemente, se trata de un estudio sobre el caso que sirve para reflexionar con relación a lo que se está haciendo para la protección de los pueblos indígenas. Sobre el caso En la Fiscalía General se indaga el caso por presunto etnocidio. Las investigaciones están a cargo del fiscal Jorge Cuasapaz. Hasta ayer, la Fiscalía no decidía una nueva fecha y hora para la comparecencia de Miguel Ángel Cabodevilla. Fernando Ponce, defensor de los pueblos no contactados, envió la semana pasada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un pedido urgente de intervención. Los defensores de estos grupos en aislamiento voluntario de la Amazonía ecuatoriana advirtieron del riesgo inminente de una nueva masacre. Esto porque conocieron de nuevas incursiones huaorani. Ponce considera: “Es un crimen lo que están ocultando ellos: el Gobierno Nacional. Están tratando de que no se sepa que ocultan una masacre”. Punto de vista Ramiro  García / Presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Penal ‘Llegamos a grados de autoritarismo y represión’ Me parece vergonzoso lo que ha ocurrido tras la no circulación del libro de Miguel Ángel Cabodevilla. Con esto, la Corte Provincial  se estaría adhiriendo a una posición política y esa no es la función de los jueces porque se utilizan a los órganos judiciales para fines netamente políticos. Esto es algo sin precedentes en el país, más aún con la argumentación de que el problema radica en la fotografía. Yo creo que estamos llegando a grados de autoritarismo y represión, vigilancia y control sin precedentes. Esto es una vuelta al período garciano, pero en el siglo  XXI. Lo triste de esto es que se está utilizando a los órganos judiciales. Entonces, nuestros jueces se están convirtiendo en simples ejecutores de la voluntad del poder. Se podría hablar no solo de censura previa, sino censura pura y dura. Son aspectos de lo que no le conviene al poder, pero, además, ordenado por jueces. Me parece una situación preocupante.