Del ‘corazón energético de Sudamérica’ a amenazas de apagón: el ocaso gasífero de Bolivia

La falta de exploración y manipuladas cifras de reservas han agotado el modelo económico que sostuvo al país durante dos décadas.

Hay una antigua propaganda que anuncia el programa del tercer mandato de Evo Morales: “Bolivia será el corazón energético de Sudamérica. Bolivia tendrá soberanía energética. Exportaremos energía a los países vecinos y nos convertiremos en un país líder de la región”. El expresidente comenzó esa gestión en 2015 respaldado por una apabullante victoria electoral, superior al 60%. El apoyo reconocía la estabilidad económica que el país gozaba desde su primer mandato en 2006, sostenida fundamentalmente por la exportación de gas natural, que solo en 2014 alcanzó los 6.100 millones de dólares. Las reservas internacionales llegaron a ser entonces la más altas de Sudamérica con relación al PIB. Tras bambalinas, era otro el panorama. Las certificaciones de reservas no resultaron ser las pregonadas cifras estrambóticas y las empresas petroleras habían descuidado la exploración

Las consecuencias llegaron: la exportación se redujo en casi un 60% en la última década, golpeando a la economía con una severa falta de liquidez de divisas. La falta de respuestas para afrontar la recesión, según demandan sectores populares, es una de las razones por las que los manifestantes mantienen sitiada La Paz desde hace más de un mes. El malestar se agravó en febrero, cuando la distribución de gasolina de mala calidad arruinó miles de vehículos, semanas después de que el Gobierno de Rodrigo Paz hubiese retirado la subvención a los combustibles.

Son las propias autoridades las que reconocen que, de no hallar nuevos campos, Bolivia deberá empezar a importar el recurso que se afanaba de tener en abundancia. Con una matriz eléctrica que depende en un 70 % del gas natural, el temor a eventuales apagones ha dejado de ser una teoría conspirativa. El actual ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, presentó recientemente un proyecto de ley que busca diversificar la matriz energética y asegurar, en sus palabras, el suministro a mediano plazo.

Bolivia cuenta a abril de este año con 3,7 trillones de pies cúbicos (TCF) de reservas probadas; la certificadora estadounidense DeGolyer & MacNaughton le otorgó en 2003 cerca de 28,7 TCF, hasta 52 si se incluían las reservas probables En 2009, la firma Ryder Scott realizó un ajuste drástico, rebajándolas a 9,94 TCF. El investigador y autor del libro Nacionalización, historia y poder del petróleo (Cima, 2025), Mirko Orgaz, califica este “baño de realidad” como el primer indicio del declive gasífero: “Pasamos de ser un país rico en gas a un país simplemente productor. Las cifras fueron manipuladas en su día para revalorizar las acciones de las empresas que invirtieron intensivamente durante la época neoliberal (1982-2005)”

La creencia de que Bolivia nadaba en un “mar de gas”, como la llamaron sus jefes de Estado, derivó en una sobreexplotación de los campos existentes y en el abandono de la búsqueda de nuevos yacimientos. “Aún con las nuevas certificaciones, la política del Gobierno va a continuar siendo la misma y operando bajo la idea que tenemos una enorme reserva de gas, con exportaciones a Brasil y Argentina”, apunta Orgaz.

La principal preocupación ahora, sin embargo, ya no es volver a los volúmenes de venta anteriores: la empresa petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) comunicó en abril que el país podría verse obligado a importar gas para abastecer su mercado interno a partir de 2031. Si el país se convierte en importador, necesitará para 2035 cerca de 5.500 millones de dólares para abastecerse de combustible, casi una décima parte del PIB, como proyecta el exministro de Hidrocarburos (2003-2004) y director de Gas Energy, Álvaro Ríos.

Ríos asumió el cargo en una época de transición, en la que la gestión del combustible pasó de manos mayoritariamente privadas, como Repsol o Petrobras, a las del Estado con el proceso de nacionalización que después se consolidaría con la llegada al poder del Movimiento al Socialismo liderado por Morales. El expresidente cocalero fue uno de los que comandó las presiones para que Ríos elaborara una nueva ley de hidrocarburos que capte una mayor renta pública. Se logró entonces una carga tributaria de hasta el 60% que permitió el subsidio de gasolina y diésel, tanto para el parque automotor como para las termoeléctricas que compraban gas barato para generar una de las electricidades con tarifas más reducidas del continente.

“En ese periodo no se reponen reservas, se mantienen los subsidios [hoy eliminados por el gobierno de Paz] y se gasta la plata a diestra y siniestra [un estudio reveló que entre 2005 y 2017 el 66% de la renta fue asignada a gastos corrientes y solo un 34 % a inversión]”, asegura Ríos a EL PAÍS. La falta de exploración de nuevos campos, para equilibrar la intensidad de la explotación, es también para el investigador Orgaz otro de los puntos del derrumbe del modelo energético boliviano.

“Un decreto en la fase neoliberal, durante el gobierno de Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), eliminó la obligación de las petroleras extranjeras a explorar. Pero en los nuevos contratos de la nacionalización en 2006 tampoco se las obligó a buscar nuevos campos. Como resultado, tienes que las transnacionales invirtieron alrededor del 69% en explotación y el resto en exploración”, señala Orgaz.

Al llegar al poder en noviembre, Paz eliminó el subsidio, una medida que se veía como necesaria por la falta de reservas para afrontar ese costo. La situación, no obstante, no ha mejorado mucho desde entonces. Las protestas, además de repudiar la distribución de gasolina de mala calidad rechazan una potencial privatización de YPFB, institución con una incrustada corrupción. Han pasado por la empresa tres presidentes en seis meses y otro par se mantienen prófugos ante la justicia por presunto enriquecimiento ilícito.