Denuncian por estafa a consorcio que edificó el aeropuerto de Chimoré

Desde agua potable hasta estructuras metálicas. El Consorcio Constructor Chimoré, que reunió a las empresas Incico Limitada, Sergut SRL, y Petrosur, dejó deudas millonarias en el trópico cochabambino tras construir el aeropuerto internacional de Chimoré. Esta sociedad subcontrató servicios y material y dejaron la localidad sin efectuar los pagos. Ahora se las acusa de estafa por una cifra de Bs 1.494.918. El Gobierno multó a esta asociación, aunque por otras causales.

El consorcio se disolvió luego de terminar el aeropuerto de Chimoré; sin embargo, las empresas Incico Ltda. y Sergut SRL continúan operando individualmente y tienen obras adjudicadas con el Estado. Ambas firmas no quisieron emitir un pronunciamiento, pese a que EL DEBER insistió infructuosamente en tener la opinión de sus gerentes. En el caso de la tercera firma, Petrosur, esta no ha dejado rastros para su seguimiento, de modo que fue imposible hacerle las consultas respectivas.

Son cuatro empresas afectadas por la presunta estafa. Una de ellas es Casso Metales y Concretos. Su abogado, Jaime Soliz, cree que el consorcio cometió los delitos de asociación delictuosa, sociedad o asociaciones ficticias y estafa, y que se adjudicó la obra en Chimoré sin estar registrada en Fundempresa, aunque Sergut e Incico sí tienen registro en el listado empresarial. De acuerdo con documentos a los que EL DEBER accedió, el Consorcio Constructor Chimoré subcontrató a Casso Metales y Concretos para el diseño, cálculo, fabricación y montaje de estructuras metálicas y de concreto para el aeropuerto internacional de Chimoré. El acuerdo, por 12 ítems ejecutados, fue por 5.184.176 bolivianos y la asociación solo pagó 4.573.360 bolivianos, dejando una deuda de 610.816 bolivianos.

Más afectados
Otra de las empresas afectadas es La Naranja Catering, firma que se encargaba de suministrar las comidas para ejecutivos y obreros. A esta empresa se le adeuda Bs 842.732.     
Su abogado, Gregorio Rodríguez, señaló que el consorcio “fraudulento” se comprometía a pagar los montos cada fin de mes y que la gerenta del servicio de catering confió en las promesas. El encargo impago es desde el 1 de junio de 2015 hasta el 28 de septiembre de 2015. 
Según su denuncia, el consorcio y la empresa de catering hicieron un “contrato verbal” por el servicio de desayuno, almuerzo y cena para 190 personas. “El servicio (de catering) se realizó y hubo promesas incumplidas. Se seguía entregando el servicio a pesar de que no se hacían los pagos, como se había acordado de palabra”, dijo Rodríguez.

Margarita Coca es la representante de la empresa Aguas de Mesa Tropical. Esta firma se encargó de suministrar agua para los ejecutivos y obreros del consorcio. La asociación debe Bs 37.850 a la firma, que tiene sede en Chimoré. 
La empresa de purificación de agua accedió a un convenio de palabra y este consistía en la entrega de bidones con 20 litros de agua, bolsas individuales y préstamos de equipos dispensadores manuales y eléctricos. La firma asegura que cumplió satisfactoriamente con los servicios demandados y que hay registro de ello.
“Ellos (el consorcio) decían que no podían firmar ningún contrato aduciendo que había otras empresas que podían aprovisionar el agua sin ningún contrato”, reclamó Coca. 
Otra persona afectada es Alcides Huallya Huallpa, quien administra una ferretería en el municipio de Chimoré. Esta persona denunció que el consorcio le adeuda Bs 2.520 por la entrega de 40 bolsas de cemento. “Ellos (consorcio) venían y compraban muchas cosas, incluso les entregué material a crédito, pero al final desaparecieron”, protestó Huaylla.
Al final, la deuda a las cuatro empresas suma la cifra de 1,4 millones de bolivianos. Y hasta ahora nadie ha explicado cómo se resolverá el problema.

No responden
La empresa Sergut opera en Santa Cruz de la Sierra, tiene como gerente a Osvaldo Gutiérrez Serrate y tiene el número de matrícula 9389 en Fundempresa. Mientras que Incico es gerentado por Vito Blacud Martínez y tiene sedes en Santa Cruz y en Tarija.   
Gutiérrez Serrate decidió no atender el requerimiento de este medio y mediante su secretaria negó la entrevista. Blacud Martínez adoptó una decisión similar.
El caso fue instalado en la ciudad de Chimoré en 2016. El juez de esa región, Wilhelm Díaz Mendoza, se declaró incompetente para llevar el proceso en la vía penal y sugirió que el caso sea abordado en la vía civil, ya que los acusados no tenían bienes a su nombre. 
Las personas a las que se les hace el cobro por las cuatro empresas afectadas son Jaime Bascopé Muller, Carlos Blacud Martínez, Alcides Rubén Meriles, Joaquín Roberto Ramallo Mealla, Jorge Villarroel Romero, Vito Blacud Martínez, Ivar Rojas López y Osvaldo Gutiérrez Serrate. 
De este grupo se emitió una orden de aprehensión en contra de Villarroel Romero, Ramallo Mealla, Rubén Meriles, Rojas López, Gutiérrez Serrate y Blacud Martínez. Se logró detener a los dos primeros y los demás estaban prófugos. Pero, en la actualidad, todos están libres. 
“Cobraron y se borraron. Han cobrado del Estado, han hecho trabajar a ellos y luego se han borrado. Se ocultaron en Potosí, luego en Tarija, han cambiado todos sus bienes para no pagar”, denunció el abogado Soliz.

El monto de adjudicación para la construcción del aeropuerto de Chimoré fue de 240.521.400 bolivianos, que al ser llave en mano no permitía modificaciones. La fecha de recepción se fijó para el 5 de septiembre de 2014 y en dos ocasiones se suspendió la entrega de la obra.     
La postura del Gobierno
El viceministro de Transportes, Galo Bonifaz, aseguró que desconoce el caso, pero el exviceministro del área en aquella época, Pascual Huarachi, señaló que este caso obedece a “temas internos” entre las empresas vinculadas.

De acuerdo con el Decreto Supremo 181, de contratación de bienes y servicios para el Estado boliviano, el porcentaje de subcontratación que se permite a las asociaciones accidentales que se adjudican licitaciones públicas está limitado. Este caso de supuesta estafa debía indicar el porcentaje de subcontratos, pero ahora está trabado en un juzgado de Cochabamba, donde se remitió el proceso a petición de las partes demandantes. 
El viceministro Galo Bonifaz añadió que este consorcio fue multado por el Ministerio de Obras Públicas, Viviendas y Servicios por los diversos retrasos en la entrega del aeropuerto de Chimoré.

La cartera de Estado rescindió contrato con el consorcio y lo multó con 7 millones de bolivianos. El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, informó de que el retraso de una expropiación de 15 hectáreas de terreno obligó a la nulidad del convenio con la asociación. La autoridad explicó que el personal de la constructora no tenía predios donde trabajar.  Además, detalló que en octubre de 2015 su cartera aplicó otra multa de 50.000 dólares diarios al consorcio, debido a la tardanza que hubo en la fecha de entrega de la obra. El caso no avanzó mucho.