Gobierno gastará Bs 21,9 MM en la consultora que negocie bonos

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Foto: El Diario

El Gobierno gastará 21,9 millones de bolivianos para que el Ministerio de Economía contrate una consultora que preste los servicios de asesoría legal para la emisión de bonos soberanos, que este año son de 1.500 millones de dólares.

“Se autoriza al Ministerio de Economía, a través del Tesoro General de la Nación, la asignación presupuestaria de recursos adicionales por un monto de hasta 21.987.276 bolivianos (…) para servicios de asesoría legal y financiera, y de otros servicios especializados vinculados a la operación de deuda pública mediante la emisión de títulos valor en mercados de capital externos”, dice el Decreto Supremo 4151, promulgado el 13 de febrero por la presidenta Jeanine Añez.

Es la primera vez que el Estado asigna recursos adicionales para la contratación de una consultora encargada de negociar los bonos, ya que en las gestiones anteriores el Ministerio de Economía cubría esos honorarios con dinero de su propio presupuesto.

En diciembre, Página Siete informó que el Presupuesto General del Estado (PGE) 2020 autorizaba al Ministerio de Economía la emisión de bonos por 1.500 millones de dólares.

Incluso se explicó que con relación a los años anteriores, el monto aumentó en 500 millones de dólares, ya que se proyectaban sólo hasta  1.000 millones.

La medida fue criticada por el exministro de Economía y actual candidato presidencial por el MAS Luis Arce, quien afirmó que la emisión de bonos por 1.500 millones de dólares para la venta a acreedores internacionales y crédito de liquidez del Banco Central de Bolivia (BCB) por 408 millones de dólares son “altamente irresponsables”.

“El Gobierno de facto hipoteca por décadas y condena a Bolivia a una crisis económica”, escribió en su cuenta en la red Twitter.

Expertos en el área afirmaron que los recursos que incrementarán la deuda externa deben ser usados en proyectos rentables.

“Sería bueno que se diga que no hay liquidez; tampoco dicen para qué se quiere contratar esos recursos. Se debe tomar en cuenta que ya no estamos al mismo nivel de crecimiento de 2016, cuando se superó el 6%, porque la producción de gas está en caída y económicamente hay una contracción. Con este tipo de acciones se está demostrando que no hay liquidez”, cuestionó el analista económico Jimmy Osorio.

El experto apuntó que es posible que el Gobierno necesite el financiamiento para cubrir el incremento salarial que se paga en mayo, debido a la numerosa planilla de trabajadores que tiene el aparato público estatal.

Para el economista Jaime Dunn, el Gobierno tiene que encaminar los presupuestos en proyectos rentables, algo que no pasaba con el MAS, cuyas obras (al menos 70% de ellas) tenían baja o nula rentabilidad.

“El Gobierno ha puesto énfasis para que la inversión privada se incremente, especialmente en el sector de las exportaciones. Si están encaminando estos recursos bajo estas características, puede ser interesante que le den un giro al endeudamiento externo plantando una bandera de traída de recursos”, indicó.

Asimismo, el economista Germán Molina manifestó que desde hace tres años el PGE pasa por una crisis de liquidez, debido a que lo que recauda el Tesoro vía impuestos no es suficiente para cubrir los gastos que tienen en el ministerio, por lo que ahora recurre a la emisión de bonos.

“Si bien el Gobierno es de transición como para asumir estas medidas, las mismas son precautorias, porque si se espera a que entre el próximo gobierno, hasta que vean la situación de la economía, la crisis aumentará. Estos recursos seguro serán para pagar la deuda flotante del TGN, que son recursos no cancelados, es el caso a las empresas constructoras que están ahogadas por la falta de pago”, comentó Molina.

 

La deuda externa cerró 2019 con $us 11.267,6 millones

Al 31 de diciembre de 2019, el saldo de la deuda externa alcanzó a 11.267,6 millones de dólares, según el reporte del Banco Central de Bolivia (BCB).

“Los indicadores (ratios) de la deuda externa muestran un amplio margen y holgura en el perfil de la deuda externa pública del país”, señala el reporte oficial publicado el 27 de febrero.

El ratio saldo de la deuda sobre el Producto Interno Bruto (PIB) alcanza  a 27,1%, cuando el límite referencial es 50%, y la relación sobre las exportaciones alcanza a 7,7%, cuando el máximo recomendable es del 15%.

El expresidente del BCB Juan Antonio Morales afirmó que la información refleja que el coeficiente de la deuda externa con el PIB está en un nivel “razonable”, lo que significa que el país tiene margen para endeudarse más, pero debe hacerlo con cuidado.

Morales sugirió financiar proyectos de inversión y no “elefantes blancos”, como sucedió con el MAS; tampoco que sean créditos atados a proveedores que no tienen suficiente transparencia.

 

Autorizan 2,7 millones de bolivianos para el Sigep

El Gobierno aprobó el Decreto Supremo 4151 que autoriza asignar un presupuesto de más de 2,7 millones de bolivianos al Ministerio de Economía  para fortalecer y mantener el hardware del Sistema de Gestión Pública (Sigep). Los recursos provendrán del Tesoro General de la Nación (TGN).

“Se autoriza al Ministerio de Economía, a través del Tesoro General de la Nación, realizar en la gestión 2020 la asignación presupuestaria de recursos adicionales por un monto de 2.755.340 bolivianos a favor del Ministerio de Economía  destinados exclusivamente para el Sistema de Gestión Pública”, señala el artículo 2 de la  norma publicada el pasado jueves 13 de febrero.

Los recursos servirán para financiar los gastos del fortalecimiento, mantenimiento preventivo y correctivo del hardware; mantenimiento, soporte técnico del software y licencias, y la renovación del Certificado ISO 9001-2015, detalla el decreto.

El Sigep genera reportes a las entidades sobre la administración de sus gastos y posibilita a cada máxima autoridad ejecutiva consultar sobre el cumplimiento de objetivos, metas, resultados de los recursos públicos, aprobación, ejecución presupuestaria, seguimiento, evaluación y cierre de proyectos.

El economista Germán Molina afirmó que los gastos de 2,7 millones de bolivianos son justificables, ya que el Sigep tiene que actualizar su base de datos.

“El Sigep es un centro computacional, esos recursos son para el software que debe actualizarse porque la base de datos tiene más usuarios, es justificable”.