Vicepresidente de YPFB declara y queda libre

El vicepresidente de Administración, Contratos y Fiscalización, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Jorge Patricio Sosa Suárez, brindó ayer su declaración informativa ante el Ministerio Público y fue liberado, dentro del proceso de contratación de la italiana Drillmec para la adquisición de tres taladros por 48,8 millones de dólares.

Asimismo, Melina Lima, jueza Anticorrupción, determinó la detención preventiva, en la cárcel de Miraflores, de la gerente legal de YPFB-Andina, Carmen Lola Tellería, con lo que el caso ya derivó en la detención preventiva de siete personas de rango medio y directivo.

Los coimputados por los presuntos delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes aseguraron que el presidente de YPFB, Guillermo Achá, autorizó a la gerente de YPFB Andina a participar en todas las reuniones sin ser parte del Comité de Licitación.

La Fiscalía fundamentó el pedido de detención preventiva, en la audiencia de medidas cautelares, porque concurren los riesgos procesales de fuga por no acreditar un arraigo natural y social en país, riesgo de obstaculización y posibilidad de influir en los coimputados.

A la conclusión de la audiencia de medidas cautelares, el fiscal Ruddy Terrazas, en contacto con los medios reveló que, la ahora detenida preventiva, habría solicitado ampliar su declaración informativa que permitirá dilucidar su participación real en todo el proceso de contratación de la Drillmec para la construcción de los tres taladros de perforación.

Mencionó que todo su accionar tiene como base el informe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos además de las declaraciones de los coimputados, que la vinculan con el hecho.

“Son las declaraciones, el informe de Transparencia de Hidrocarburos, el informe de auditoría. De acuerdo a las últimas declaraciones de los imputados, Tellería tenía autorización de Achá para participar en todas las reuniones”, aseguró Terrazas.

De acuerdo con el fiscal, Tellería tiene una participación conjunta con el asesor legal de YPFB, Julio Kjari Nina, quien es una de las personas que habría suscrito el contrato por los taladros.

“Ella (Lola Tellería) no era parte del comité de licitación, no era parte de la conformación legal ni jurídica y asimismo habría influenciado sobre los jurídicos o legales como también en la parte técnica. Es ahí donde intervine su participación por el delito de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. Ella misma ha reconocido en la audiencia que ha participado en varias reuniones, que ha hecho seguimiento a este contrato y obviamente que si al tener conocimiento ha admitido llevar adelante este proceso”, relató el fiscal Terrazas.

El 4 de abril pasado, Achá, en conferencia de prensa, pese a las irregularidades denunciadas por la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, defendió el proceso de contratación y la adjudicación a la empresa italiana Drillmec. “Esta presidencia puede señalar que se ha obrado con absolutamente toda la transparencia necesaria en éste y todos los procesos de contratación que son realizados por YPFB”, aseguró en ese momento.

Asimismo, el 26 de abril el ejecutivo de YPFB negó tener responsabilidad en el proceso del caso taladros e insistió en que las unidades jurídica y administrativa son responsables de todo el proceso.

La Fiscalía ya envío a la cárcel a cinco funcionarios y dos responsables de gerencias.

DECLARACIONES

En el proceso de medidas cautelares, el Ministerio Público planteó que Tellería aprovechó de sus funciones como servidora pública en la subsidiaria de YPFB para actuar de manera directa e indirecta en el proceso de contratación sin ser parte del Comité de Licitación o de las unidades solicitantes. Según lo expuesto en la audiencia, la imputada daba instrucciones al comité para favorecer a la italiana Drillmec con la adjudicación de los taladros.