En 1974, el presidente de los Estados Unidos Richard Nixon dimite a causa del escándalo del caso Watergate, el escándalo más icónico de la historia del periodismo. El caso explotó un 17 de junio de 1972 y, dos años después, el 8 de agosto de 1974, Nixon renunció a su cargo tras desvelarse una trama de espionaje y escuchas en su administración durante una campaña electoral en 1972. Cincuenta años después, hay un renovado interés en expiar las fuentes de información y a sus verdaderos protagonistas. La lengua viperina de Martha Mitchell, esposa del ministro de Justicia, se convirtió con el correr de los años en figura central de este memorable caso de la política estadounidense.
El 7 de noviembre de 1972, Nixon volvió a ganar las elecciones presidenciales a su oponente demócrata George MacGovern, pero los demócratas consiguieron hacerse con la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes, lo que puso las cosas difíciles a Nixon para poder desarrollar su programa político. Pero la caída definitiva del presidente tuvo como detonante el caso que habría de convertirse en la mayor tormenta política de la historia de Estados Unidos: el llamado escándalo Watergate. Se inició el 17 de junio de 1972 con la detención de cinco hombres cuando intentaban instalar un sistema de escuchas telefónicas tras allanar las oficinas del Comité Nacional del Partido Demócrata, ubicadas en el edificio Watergate de Washington.
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El asunto, en un principio baladí, comenzó a complicarse durante el juicio contra los encausados, llamados popularmente fontaneros, cuando confesaron ante el juez Sirica, encargado de la investigación, que habían sido enviados por altos responsables del Partido Republicano. Para agravar los problemas de Nixon, su vicepresidente, Spiro T. Agnew, fue acusado de soborno y tuvo que dimitir de su cargo (Richard Nixon lo sustituyó por otro destacado congresista republicano, Gerald R. Ford, que se convertiría en presidente tras la renuncia de su mentor).
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Tras una ardua investigación en la que colaboraron de manera decisiva los periodistas del Washington Post que habían denunciado el escándalo, Carl Bernstein y Bob Woodward, pronto se fueron conociendo nuevos datos. Paulatinamente se fue desvelando un plan preconcebido desde el entorno presidencial, en el cual se vieron implicados varios altos cargos, como John Mitchell, ministro de Justicia; John Dean, consejero presidencial; H.R. Haldeman, jefe de personal de la Casa Blanca, o John Ehrlichman, asesor especial de la Casa Blanca para asuntos nacionales. Los dos últimos citados dimitieron en la primavera del año siguiente, poco antes de que iniciara sus sesiones un comité especial del Senado encargado de investigar las actividades presidenciales. También dejó su cargo el procurador general, Richard Kleindienst, cuyo sucesor, Elliot Richardson, nombró a Archibald Cox como procurador especial encargado de investigar el asunto de las escuchas.
En las comparecencias en la Comisión, John Dean, consejero de Nixon, reveló que el propio presidente era conocedor de las escuchas y que había grabado casi todas las conversaciones que había mantenido en la residencia presidencial y en las oficinas de su partido. Asimismo, declaró que Mitchell había ordenado el allanamiento y había tratado de encubrir la participación de la Casa Blanca, desde la cual, según su versión, había partido la autorización para que se pagase a los asaltantes por su silencio. Su testimonio fue refrendado por Butterfield, otro de los asesores presidenciales, que añadió el dato de que Nixon había ordenado la instalación en la Casa Blanca de un sistema para grabar todas las conversaciones.
El procurador especial ordenó a Nixon la entrega de varias grabaciones con el fin de corroborar el testimonio de Dean, ante lo cual el presidente se negó de plano y ordenó a Richardson el cese inmediato de Cox. La dimisión de éste obligó al fiscal general del Estado a intervenir para cesar a Cox, lo cual suscitó un gran rechazo entre la opinión público. Con el nuevo procurador especial, Leon Jaworski, se supo que algunas de las cintas solicitadas habían desaparecido, y que varias de las que finalmente fueron entregadas (tras decidirlo así el Tribunal Supremo) habían sido manipuladas. A comienzos de 1974 el Gran Jurado acusó formalmente a Mitchell, Haldeman, Ehrlichman y otros cuatro funcionarios más de la Casa Blanca de encubrir el asunto Watergate y aludió a la posible implicación de Nixon, aunque sin llegar a encausarle. Todo el proceso deterioró seriamente la imagen pública del Presidente Nixon, cuya obstrucción a la investigación del asunto Watergate quedó confirmada con los testimonios recogidos en tres nuevas grabaciones presentadas a comienzos de 1974, en las cuales se reveló que había cursado orden a la Oficina Federal de Investigación (FBI) para que abandonase toda indagación de las escuchas. En los últimos días de julio, una comisión designada en el seno de la Cámara de Representantes presentó tres acusaciones formales contra el presidente: obstrucción a la justicia, abuso del poder ejecutivo y quebrantamiento de las normas constitucionales.
Se ponía así en marcha el procedimiento del impeachment, independiente del judicial y encaminado a depurar las responsabilidades políticas del presidente y los más altos funcionarios de la administración. Ante ese estado de cosas, Nixon decidió finalmente renunciar a su cargo, hecho sin precedentes en la historia de los mandatos presidenciales norteamericanos que fue oficialmente comunicado el 8 de agosto de 1974. Un día más tarde fue relevado por su vicepresidente, Gerald R. Ford, que se convirtió en el trigésimo octavo presidente de los Estados Unidos. Su primera decisión política fue exonerar formalmente a Nixon de cualquier responsabilidad penal en que pudiera haber incurrido.