COP26: 1.500 millones de euros para proteger los bosques

Guardianes de los bosques

Los pueblos indígenas y las comunidades locales administran la mitad de la tierra del mundo y cuidan del 80% de la biodiversidad del planeta. A pesar de esto, un estudio reciente mostraba que recibían menos del 1% de la financiación que se dedica globalmente para reducir la deforestación. Un nuevo acuerdo histórico al que se ha llegado hoy en la Cumbre del Clima de Glasgow pone de nuevo en el centro de la conversación a los pueblos originarios y relanza su papel como guardianes de los bosques.

Para hacerlo posible, Reino Unido, Noruega, Alemania, EE UU, los Países Bajos y 17 donantes estadounidenses se han comprometido a apoyar con 1.470 millones de euros (1.700 en dólares) a los pueblos indígenas desde ahora y hasta 2025 en su papel como protectores del territorio y aliados en la lucha contra el cambio climático. “Es la primera vez que vemos una respuesta global a nuestras peticiones”, asegura Victoria Tauli-Corpuz, activista indígena y exrelatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas en la presentación de la medida en Glasgow. “Es el principio de la protección de nuestra gente, pero se necesita más apoyo. No hay solución a los problemas de la naturaleza sin que los indígenas estemos en el centro”, añade.

Este dinero irá destinado a los pueblos indígenas y las comunidades que conforman la Alianza Global de Comunidades Territoriales (GATC), una coalición de organizaciones de América Latina, África y Asia, que representa a 35 millones de personas de 24 países. “Esta financiación no solo ayuda a combatir la deforestación, pero también a protegernos de las futuras pandemias”, expresa Nonette Royo, abogada de derechos humanos y medio ambiente y directora ejecutiva de The Tenure Facility.

Estos 1.470 millones podrán ayudar a los pueblos indígenas y las comunidades locales a consolidar actividades en su territorio, afianzar sus estructuras, además de para adquirir la tecnología necesaria para mapear sus tierras, el registro de propiedades y la compra de estas, además de proteger a sus miembros de las amenazas que reciben como defensores de la naturaleza.

“La clave es que esta financiación no irá a las grandes fundaciones conservacionistas, que son las que suelen acumular las principales donaciones, sino que llegará a las pequeñas comunidades, que en estos repartos suelen recibir muy poco dinero”, contextualiza Tauli-Corpuz. “La financiación debe estar basada en el respeto a su cultura y su forma de ver la vida”, añade Laura García, presidenta y directora ejecutiva de la fundanción Global Greengrants, otra de las organizaciones donantes.

“Este reconocimiento señala nuestro compromiso de proteger los bosques tropicales del mundo y a los que viven en ellos”, ha explicado Lord Goldsmith, Ministro del Reino Unido para el Pacífico y el Medio Ambiente. “La evidencia de que los pueblos indígenas y las comunidades locales son los guardianes más eficaces es abrumadora. Invirtiendo en ellos y en sus derechos comunales, también vamos a hacer frente a la pobreza, la contaminación y las pandemias”, ha añadido.

La COP26 no es el primer evento internacional en el que las comunidades indígenas se consolidan como una voz más en las conversaciones decisivas. El pasado septiembre los pueblos nativos tuvieron un especial protagonismo en el Congreso Mundial de la Naturaleza, organizado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), que aglutina a 3,5 millones de indígenas de nueve países, presentó la declaración Amazonía Verde: 80×25 ―una iniciativa que finalmente fue aprobada como la moción 129 de la asamblea― por la que se pedía proteger el 80% de la cuenca amazónica para 2025.

El 17% de la selva amazónica ya ha sido arrasada a causa de la explotación de petróleo y minerales, la contaminación y la deforestación para favorecer la agricultura y la ganadería, advertía Gregorio Díaz Mirabal, líder de la Coica, a su llegada el pasado sábado a la COP26. “Necesitamos establecer una economía que valore todas las formas de vida, que apoye a los pueblos indígenas y mantenga el bosque de pie”, insistía Díaz.

Más inversión, mejor protección

El mundo se queda sin árboles y por tanto, sin oxígeno. Según un nuevo informe publicado el pasado octubre, desde 2014 la tasa anual de pérdida de cobertura arbórea ha aumentado en un 40%, alcanzando casi 26 millones de hectáreas, un área del tamaño del Reino Unido. Los bosques tropicales han sufrido el mayor impacto, representando el 90% de toda la pérdida. A su vez, estos mismos territorios conforman el 30% del carbono que se necesita para lograr los objetivos del Acuerdo de París, es decir, limitar 1,5 grados el calentamiento global.

Este acuerdo llega el mismo día en el que un centenar de líderes mundiales de países que representan el 85 % de los bosques del planeta se comprometen a “detener y revertir la deforestación y la degradación de la tierra” para 2030. En concreto, los Gobiernos europeos, además de Ecuador, Honduras, Guatemala, Perú, Rusia, Turquía, Uruguay, Estados Unidos y Reino Unido se han comprometido a desembolsar 10.340 millones de euros, a lo que se suma alrededor 6.200 millones de euros de inversión privada, para salvar los bosques.

“Tenemos la mejor tecnología de captura de carbono que nuestro planeta tiene para ofrecer, nuestros bosques”, asegura Tuntiak Katan, un shuar de Ecuador y un líder indígena que representa a la Alianza Global de Comunidades Territoriales, que reúne a líderes electos de las mayores extensiones de bosques del mundo en Indonesia, África y América Latina y representa a 35 millones de comunidades forestales. “El trabajo para proteger el futuro del planeta solo tendrá éxito en asociación con los pueblos indígenas y comunidades locales. Queremos trabajar con ustedes para transformar este mundo. Somos la solución que estáis buscando”.

La financiación llega después de que durante años se hayan dedicado 233 millones de euros anuales a la protección de los bosques, de los que solo 39 millones de ellos llegaban a los pueblos indígenas y las comunidades locales. Con el anuncio que hoy se hace en Glasgow, los gobiernos y los donantes implicados aseguran estar dando un primer paso hacia la corrección de “un sistema injusto” que no ha logrado favorecer a las comunidades que tienen el conocimiento y la capacidad para ser los mejores administradores de la naturaleza.

“Los pueblos indígenas han sido excluidos, marginados de la conversación, de la formulación de las políticas, mientras que son los más cercanos al desafío que supone el cambio climático y los que lo conocen más de cerca. Muchos han pagado con sus vidas la protección de sus tierras”, lamenta Darren Walker, presidente de la Fundación Ford, una de las organizaciones donantes, que aportará 86 millones de euros a la cantidad total.

“Hoy esperamos que, por primera vez, se escuche su voz, porque siempre la han tenido, pero los Gobiernos no estaban dispuestos a validarla. Sería la mejor manera de recobrar su dignidad. El paternalismo ha olvidado sentar a la mesa de las decisiones a los indígenas”, añade Walker.

“Tenemos la intención de continuar con esta financiación en los años siguientes, aumentando el dinero a medida que se presenten programas y propuestas ambiciosos. También pedimos a otros donantes que aumenten considerablemente su apoyo a este importante programa”, reclaman los firmantes en el comunicado que se ha publicado hoy, con motivo del acuerdo económico al que se ha llegado en la COP26.

La propiedad de la tierra, clave para su preservación

Otra de las barreras que impiden que los pueblos originarios se conviertan en los mejores garantes de la lucha contra el cambio climático es la tenencia de la tierra. Aproximadamente la mitad de ella en el mundo es comunitaria, aunque algunas estimaciones sitúan esa cifra en un 65% o más.

Este sistema de territorio común sustenta a más de 2.000 millones de personas ―casi una cuarta parte de la población mundial―, incluidos entre 370 y 500 millones de indígenas. Sin embargo, solo el 10% de la tierra en el mundo está reconocida por las leyes nacionales como perteneciente a los pueblos originarios y las comunidades locales y menos aún se encuentra registrada formalmente con un título o certificado de propiedad. Como resultado, está cada vez más amenazada por las empresas e inversores que luchan por adquirir acres con fines de inversión y producción de agricultura industrial y/o por actividades ilegales como la tala, la minería y la caza.

Pero la batalla de los pueblos indígenas por su propiedad viene de lejos. En 2017 en Estocolmo nacía el Fondo Internacional para la Tenencia de Tierras y Bosques, la primera institución mundial que se iba a dedicar a aligerar los procedimientos para que las comunidades consigan la titularidad de sus tierras y bosques. Para finales de 2020 la organización pudo mapear y gestionar la propiedad sobre más de 14,2 millones de hectáreas.