EEUU abre la vía a nuevas sanciones a Venezuela

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Estados Unidos y Venezuela no van a acabar el año en buenos términos. Frustrado por lo que considera una “falta de cambios” necesarios en el frente económico, pero sobre todo en el político, por parte del Gobierno de Nicolás Maduro, Washington parece renunciar a cualquier intento de acercamiento y el presidente, Barack Obama, ya no se opondrá a imponer sanciones más duras a altos funcionarios venezolanos.

El camino para ello acaba de ser allanado: la Cámara de Representantes ratificó la noche del miércoles la propuesta de ley al respecto ya sancionada por el Senado el lunes. De este modo, el texto está listo para que Obama lo convierta en legislación del país con su firma, un gesto que tras meses de reticencias ya no eludirá.

“No nos oponemos a medidas adicionales propuestas por el Congreso”, señalan fuentes oficiales bajo condición de anonimato. “Si la Cámara de Representantes y el Senado aprueban nuevas sanciones (tal como ha sucedido ahora), nos coordinaremos con miembros relevantes de este proceso de implementación y seguimiento”, aseguran.

El proyecto de ley aprobado permite congelar los activos y bienes en territorio estadounidense de alrededor de medio centenar de altos cargos venezolanos señalados como responsables de la represión de las protestas antigubernamentales que comenzaron en febrero o con el arresto o enjuiciamiento de los manifestantes. Además, impide su entrada a EE UU.

“El pueblo de Venezuela ha pedido a EE UU y a todas las naciones responsables ayuda para protegerle de la brutalidad del régimen de Maduro, la marioneta de Cuba”, dijo la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen, impulsora del proyecto legislativo. “EE UU no puede ignorar sus responsabilidades, debemos ser la voz de los silenciados por los regímenes opresores”, subrayó la legisladora al pedir la ratificación de su iniciativa, con la que, aseguró, Washington envía una “fuerte señal” a Caracas.

Maduro, por su parte, ha advertido a Washington de que, de aprobar las sanciones, los responsables estadounidenses “van a salir muy mal parados”.

“Quieren retar a Venezuela con sanciones y amenazas. Creo que si se impone la locura de la vía de las sanciones, van a salir muy mal parados, porque quien toca la tecla de la moral del amor patrio a los venezolanos está jugando con la historia”, dijo esta semana el presidente venezolano. “No aceptamos sanciones imponentes imperialistas, es la patria de Bolívar que ustedes deben aprender a respetar”, agregó.

Pero a Washington se le ha acabado la paciencia. Durante meses, la Administración de Obama, que tras la muerte de Hugo Chávez creyó avistar una posibilidad de diálogo con Caracas, resistió las fuertes presiones de influyentes legisladores republicanos, pero también de demócratas como el senador Bob Menéndez, que exigían sanciones ejemplarizantes contra el Gobierno de Maduro. Incluso cuando arreciaron las protestas sociales en Venezuela, que dejaron al menos 43 muertos y muchos más detenidos, entre ellos altos dirigentes de la oposición como Leopoldo López, el Gobierno de Obama se resistió a endurecer su política.

El argumento oficial norteamericano era que cualquier sanción corría el riesgo de ser “contraproducente”. Su razonamiento: complicar más aún las relaciones bilaterales con este tipo de medida punitiva podía constituir una “distracción” del verdadero problema, que es interno de Venezuela y debe ser resuelto por los propios venezolanos. Además, Washington temía que pudiera poner en peligro los esfuerzos regionales para buscar una solución negociada a ese conflicto doméstico venezolano, especialmente el intento de mediación de Unasur entre Gobierno y oposición.

Todavía a comienzos de julio, los dos países hacían un tímido intento por “elevar”, si no recomponer, sus maltrechas relaciones, con el envío de nuevos encargados de negocios a Caracas -Lee McClenny- y Washington, Maximilien Sánchez Arveláiz.

Con todo, el Gobierno de Obama nunca cerró del todo la puerta a las sanciones. De hecho, a finales de ese mismo mes de julio, anunciaba la revocación o denegación de visados a “un grupo” de altos funcionarios venezolanos considerados “responsables o cómplices” de las violaciones de derechos humanos en las protestas de comienzos de año en el país sudamericano.

La medida se quedaba por detrás de las sanciones que se exigían desde el Capitolio y que ahora han sido aprobadas, pero era ya un claro síntoma de la creciente impaciencia del Gobierno de Obama con la falta de los avances democráticos esperados por parte de Venezuela.

Una impaciencia que ya no se esconde

“El Gobierno comparte la preocupación del Congreso, y de otros actores regionales e internacionales, sobre la situación en Venezuela”, señaló a EL PAÍS un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

“No hemos guardado silencio, ni lo vamos a hacer, frente a las acciones del Gobierno venezolano que violen derechos humanos, libertades fundamentales y normas democráticas”, agregó en declaraciones por correo electrónico.

El Gobierno estadounidense subraya que esta “frustración” creciente no es exclusiva de Washington.

“Nadie comprende por qué no está cambiando la política en Venezuela”, aseguraba recientemente una alta funcionaria del Departamento de Estado en conversación con periodistas bajo condición de anonimato.

“Nadie cree que no debería cambiar, todos los países con los que hemos hablado, independientemente de su lineamiento político, creen que debe cambiar. Pero nada cambia, y eso es muy, muy preocupante”, insistió.