Las banderas blancas del hambre en Perú

Perú no tiene tregua frente al coronavirus. La crisis sanitaria ha desnudado la fragilidad del sistema de salud, la burocracia frena las ayudas sociales y el empleo, con una de las cotas de informalidad más elevadas de América Latina, se desmorona. El país con más exceso de muertes, según un reciente análisis de EL PAÍS (casi 13.000, un 54% más de lo normal), cumple tres meses desde que el Gobierno de Martín Vizcarra declarara la emergencia con un balance desolador. La cifra oficial de fallecidos es de 6.500, hay más de 225.000 infectados, dos millones se han quedado sin trabajo en los sectores formales mientras miles de peruanos tratan de salir adelante improvisando alguna actividad en la calle.

La pandemia ha golpeado con brutalidad a las familias y las previsiones son desalentadoras: la contracción de la economía será del 12%, según el Banco Mundial. El desplome, el más alto de la región, amenaza además con desestabilizar a los países vecinos. La recesión que viene ha tenido en los últimos meses una imagen recurrente que de alguna manera la anticipa. La larga y estricta cuarentena, decretada el 16 de marzo, ha afectado en especial a quienes buscaban el sustento diario en los cruces de calles y avenidas, o en los autobuses, y ha provocado el desplazamiento interno de alrededor de 200.000 personas. Los más vulnerables regresaron de las ciudades al campo, a sus lugares de origen, ante la incapacidad de subsistir, y así contribuyeron a la propagación de la covid-19.

Las banderas blancas que ondean en las periferias avisan del hambre que sufren miles de personas y se ven en los distritos más humildes de Lima, Arequipa y Cuzco, entre otras regiones. Las llamadas ollas comunes se multiplican en barrios y asentamientos, algunas con alimentos conseguidos por la solidaridad de ciudadanos de otros distritos o de instituciones. Y los que no recibieron ninguno de los subsidios del Estado, para afrontar la cuarentena sin salir de casa, hacen llamamientos de urgencia por las radios o en Facebook para recibir algún aporte. Uno de ellos es Enrique Niquín, responsable del Museo de los Colli, un centro cultural que él mismo creó en Collique, en Lima Norte, y que cobraba 0,6 dólares por visita para conocer la cultura prehispánica de esa zona de la ciudad. En las últimas semanas, ha recibido donaciones de alimentos de la policía y de un grupo cultural de jóvenes del distrito.

La lista de los desempleados alcanza también a las micro y pequeñas empresas, que han tenido que cerrar. La noche del sábado, la ministra María Antonieta Alva difundió la lista de las 71.553 empresas que se han acogido a unos créditos de emergencia, llamados Reactiva Perú, luego de semanas de que la prensa denunciara que cientos de micro y pequeñas empresas no accedían a los préstamos porque los bancos preferían a las compañías más grandes. Incluso, algunas de las firmas que han logrado el crédito han despedido a su personal.

En el ámbito de la salud, ha variado la cifra diaria de muertes por la covid-19: si durante abril y mayo era de alrededor de 100, ahora bordea las 200. El reporte del Ministerio de Salud del jueves daba cuenta de 206 defunciones; el viernes, 199; el sábado, 190 fallecidos. Juan Pablo Murillo, médico epidemiólogo e investigador del Observatorio del Sistema de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos, señala que el cambio puede deberse a que hay menos barreras de acceso a los servicios de salud, “y por tanto hay más defunciones hospitalarias, pero también ha habido un incremento en el número de usuarios del Sistema Nacional de Defunciones y se ha facilitado el mecanismo de notificación. Si antes había 20.000 médicos que notificaban fallecimientos, ahora son 30.000”.

Murillo también explica que tras tres meses de emergencia sanitaria “el agotamiento del personal y las bajas (licencia) por infecciones o por comorbilidades, que han hecho mella” en los servicios de salud. La jefa del comando covid-19 -una plataforma de coordinación de la emergencia-, la exministra de Salud Pilar Mazzetti, comentó hace una semana que en los hospitales públicos trabajan solo con la mitad del personal por ese motivo. El Gobierno ha entregado subsidios a familias pobres y familias rurales y en junio inició el pago de un bono que denomina universal, que podría llegar a cinco millones de hogares, para paliar la falta de trabajo durante la cuarentena, que terminará previsiblemente el próximo día 30. Sin embargo, la mayoría de economistas y especialistas en políticas sociales han criticado que los subsidios no llegan a quienes lo necesitan y han causado, además, contagios en las ventanillas de los bancos. El epidemiólogo Murillo sostiene que el Estado peruano no tiene capacidad de articular respuestas a nivel local ni instrumentos para identificar la pobreza urbana.

“Los sistemas de focalización de los programas sociales tienen un modelo de pobreza rural, y durante la lucha contra la anemia ésta se ha registrado en la periferia urbana, pero los gobiernos central y locales tienen problemas para llegar a la población local. El Estado tendrían que asociarse con las iglesias, organizaciones sociales y otros socios efectivos”, añade Murillo. Mientras tanto, los alertas que la sociedad civil envió al Gobierno en marzo, y no atendió, se expresan en las 310 reclusas infectadas de la prisión femenina más grande de Lima, sin atención médica, y las decenas de comunidades amazónicas con infectados y fallecidos, en las regiones Loreto, Ucayali, y desde esta semana, en Madre de Dios. El viernes último falleció la primera paciente indígena en dicha región colindante con Brasil y Bolivia.