Abogados temen que cumbre sirva para cambiar CPE

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Foto: July Rojas Medrano Los Tiempos

El Colegio Nacional de Abogados (CNA) alertó ayer sobre una posible intención del Gobierno de usar la cumbre judicial para modificar la Constitución Política de Estado (CPE) y así viabilizar la reelección del presidente Evo Morales.

El presidente del CNA, César Cabrera, informó que presentó ante el Ministerio de Justicia una propuesta de reforma judicial en base a cinco ejes que no implica ningún cambio en la Carta Magna.

Indicó que la propuesta fue redactada después de hacer un diagnóstico sobre la justicia en Bolivia en la que participaron los representantes de los nueve colegios del país.

Determinaron también que si el Gobierno no toma en cuenta este documento no participarán de la cumbre judicial.

“Si no vamos a ser considerados, no participaremos de la cumbre de justicia para no legitimar decisiones que hubiesen sido tomadas de manera anticipada”, agregó.

Explicó que para llevar delante la reforma “no existe la necesidad de modificar la Constitución Política del Estado, sencillamente se puede -sin tocar la Constitución- ejecutar todo este programa que hemos planteado como Colegio Nacional de Abogados”, señaló.

Respecto a la reelección, Cabrera indicó que habría una “sospecha casi colectiva” de que la cumbre judicial se estaría alistando con la idea de modificar la CPE y un argumento más para volver el tema de la reelección presidencial.

“Entendemos nosotros que no es lo correcto, no es lo adecuado, la democracia permite alternabilidad, alternancia y si no nos adecuamos en normas como la CPE desde luego que ingresamos en un camino peligroso de entrar en otro tipo de gobierno que se puede llamar dictadura”, señaló.

Propuesta

Explicó que su propuesta se basa, primero, en incrementar el presupuesto para este sector a un 4 por ciento con el objeto principal de ampliar los juzgados y personal. Segundo, en el tema institucional plantea una nueva organización territorial del Órgano Judicial,

Tercero, la desconcentración de servicios judiciales tomando en cuenta que todos los problemas de la sociedad se judicializan cuando pueden resolverse en otro ámbito.

Cuarto, la profesionalización para que a partir de un diagnóstico del mercado laboral se redefina el perfil profesional. Y por último, se plantea la independencia que significa que la justicia esté exenta de toda injerencia de otro órgano del Estado.