Albarracín sobre art. 234: Cuidado reviva el Código Banzer
Foto: ABI
“El riesgo es que se empiece a reprimir políticamente, pero bajo membrete judicial, a personas que sean incómodas a un gobierno. Cuidado con revivir el Código Banzer”, advirtió el rector de la UMSA, Waldo Albarracín, a propósito del artículo 294 del proyecto de Código Penal que prevé de dos a cuatro años de cárcel a quienes se atribuyan los derechos del pueblo.
En medio de la polémica, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, negó que el Código Penal pretenda sancionar las movilizaciones y aseguró que el artículo cuestionado por la oposición ya existe en el Código Penal vigente.
“Es el mismo artículo. Se cambia la palabra reunión de personas por grupo de personas, es la única variación. Que me demuestre la diputada Capobianco que con esto se penaliza las movilizaciones”, demandó ayer Montaño.
El artículo Atribuirse los derechos del Pueblo es el 124 en el actual Código y el 294 en el nuevo. La norma vigente establece: “Con la misma pena (reclusión de uno a tres años) serán sancionados los que formen parte de una fuerza armada o de una reunión de personas que se atribuyeren los derechos del pueblo y pretendieren ejercer tales derechos a su nombre”.
El proyecto aprobado ya por Diputados dice: “Las personas que formen parte de una fuerza armada o grupo de personas que se atribuyan los derechos del pueblo y pretendan ejercer tales derechos a su nombre serán sancionadas con prisión de dos años a cuatro años y, cuando corresponda, inhabilitación para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo”.
“La variación está en los años máximos de cárcel de tres a cuatro. Con la máxima pena ya se va a prisión”, dijo la diputada de UD Eliane Capobianco, quien hizo la denuncia a Página Siete.
El también diputado opositor Wilson Santamaría reparó en la segunda parte del nuevo artículo que fija inhabilitación como sanción: “Yo como diputado uninominal tengo la representación de mi pueblo, como los asambleístas departamentales y los concejales . Por mandato de la Constitución hay democracia representativa delegada a terceros. Si yo asisto a una marcha y digo lo que pienso, no se me puede procesar. Por eso hay una incongruencia entre cómo se define la representación del pueblo”, sostuvo.
En su opinión, el Gobierno podría usar el artículo para reprimir a quienes se movilicen exigiendo el cumplimiento del referéndum del 21 de febrero de 2017. “Nos pueden acusar de atribuirnos la representación del pueblo, podremos ser procesados penalmente si al Gobierno le da la gana de interpretar así”, argumentó Santamaría.
El exdefensor del Pueblo y rector de la UMSA, por su parte, recordó que incluso protagonistas del actual gobierno se perfilaron por movilizaciones. “Nadie tiene derecho de violar los derechos de otro, pero es el Estado el que tiene que preservar los derechos de todos. Mucho cuidado con hacer revivir el Código Penal Banzer, donde se crearon figuras como la instigación a delinquir y el desacato. Entonces cualquier persona que hablaba era encarcelada”, afirmó.
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