Los problemas para el propietario de la empresa de  transporte pesado Creta S.R.L., con sede en Santa Cruz, José Luis Sejas Rosales, comenzaron el 14 de febrero de 2014, cuando  efectivos de la Gendarmería argentina, en la localidad fronteriza de Salvador Mazza, vecina a Yacuiba, descubrieron cocaína en uno de sus camiones cisterna.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, informó ayer que las unidades de élite de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico “han iniciado, meses atrás, una investigación al respecto con las cinco personas investigadas por este caso”, aunque no dio los nombres de los implicados. No obstante, el director de la fuerza antidroga, Santiago Delgadillo, dijo que se trata de Sejas y cuatro familiares suyos. 
Sejas Rosales es dueño de una flotilla de más de 90 camiones, lo cual lo ha convertido en uno de los empresarios del transporte más poderosos de Bolivia. Y uno de sus principales clientes era hasta hace poco la petrolera estatal YPFB, para la cual transportaba diésel y aditivos para la gasolina desde el norte argentino hasta Bermejo, Yacuiba y Villamontes, entre otras ciudades fronterizas. 
Página Siete intentó comunicarse con Sejas Rosales, pero no tuvo éxito. 
Anualmente, según explicó Sejas a El Deber, YPFB licita ese servicio de transporte. Y el poderoso empresario fue, año tras año, uno de los adjudicatarios. Aunque es uno de los transportistas -asegura que hay tres generaciones de su familia en el negocio- más fuertes del país, en Argentina se han librado dos órdenes de captura nacional e internacional en su contra, a causa de, al menos, nueve casos de narcotráfico, según el diputado opositor Tomás Monasterio, aunque él ha asegurado que sólo son seis. 
¿Por qué YPFB rubricó contratos con Sejas si en Argentina tiene cargos por narcotráfico? Según el presidente de la petrolera estatal, Guillermo Achá, las compañías de transporte pesado son contratadas para que internen carburantes desde territorio argentino, por lo cual YPFB no es responsable de los viajes de Bolivia a Argentina. Es precisamente en ese trayecto cuando se registran las actividades vinculadas con el tráfico de cocaína. 
“Hemos tomado la definición de cerrar los contratos con las empresas que se hallen involucradas en ilícitos con respecto al tránsito de sustancias controladas. Hoy sólo tenemos contratos con empresas que no tienen ningún tipo de estas observaciones, estamos trabajando con ellas, y es una política que se va a establecer en función de que, como Estado, tenemos que mostrar y representar nuestra disconformidad ante cualquier ilícito de este tipo”, afirmó ayer Achá sobre los contratos con Creta. 
Además, Achá, a nombre de YPFB, firmó ayer un convenio con la Aduana Nacional de Bolivia para que los camiones cisterna que ingresan a Argentina sean también escaneados, para evitar casos como el de Creta. 
Sin embargo, el diputado Monasterio, quien acaba de regresar de Argentina, donde recabó más pruebas sobre el caso Creta, ha solicitado otra vez al presidente Evo Morales que destituya a Achá precisamente por el caso Creta. Además, ha anunciado que entregará esa información al Primer Mandatario.
El caso Creta causó un remezón interno en YPFB, a raíz del cual “renunció” el ahora exgerente de Comercialización, Mauricio Marañón, quien ayer prestó declaraciones por la investigación que ha abierto en Santa Cruz el Ministerio Público. 
Cáceres informó que, en el caso Creta, a la fecha se han secuestrado más de 89 tractocamiones, con sus chatas y acoples, que serán sometidos a un narcotest; además, otras 29 chatas están en proceso de investigación. 
“Se han secuestrado cinco domicilios en diferentes ubicaciones en Santa Cruz”, agregó Cáceres, quien aclaró que un fiscal antidroga de Santa Cruz investiga el caso Creta. 
En la frontera
Los uniformados del vecino país detectaron, en Salvador Mazza, que el tanque de un camión cisterna de Creta S.R.L., supuestamente cargado con combustible, estaba desconectado del motor; cuando se efectuó un examen pericial de aquel “carburante”, según informes judiciales argentinos, se determinó que en realidad era un disolvente  para 10 kilogramos de cocaína. El chofer fue inmediatamente detenido. 
Pero, como se descubriría después, se habían cometido otros dos delitos. 
La empresa había declarado, según el procedimiento aduanero en territorio boliviano, que el camión cisterna transportaba 35.000 litros de alcohol etílico hasta Chile. Sin embargo, los posteriores análisis de laboratorio arrojaron un resultado más que sorprendente: la carga no era precisamente de alcohol etílico, sino de una sustancia conocida como tolueno, que los narcotraficantes emplean como precursor en la elaboración de cocaína.
En aquel aciago día para Sejas Rosales, por tanto, se habían destapado tres delitos en territorio argentino: el narcotráfico, el transporte de una sustancia peligrosa para la salud -un precursor para fabricar cocaína- y una declaración aduanera falsa o adulterada. 
El único responsable era presuntamente el chofer, con detención preventiva en Orán, Argentina, por orden del juez de ese distrito, Raúl Reynoso. 
Según los reportes de prensa del vecino país, el empresario José Luis Sejas Rosales compareció ante el juez Raúl Reynoso en abril de este año; según esas versiones periodísticas, el juez Reynoso dictó detención preventiva para Sejas en el hotel donde se hospedaba en Orán. 
Sin embargo, a los pocos días, la suerte de uno de los más connotados empresarios bolivianos del transporte pesado cambió, porque el juez Reynoso consideró, como consta en su fallo, que Sejas Rosales era “partícipe secundario necesario” o de actuación secundaria y marginal en el delito de narcotráfico -es decir, el responsable era el chofer-, por lo cual dispuso  que lo liberaran, bajo el compromiso de que se presentara cada 60 días ante las autoridades policiales de Orán, en señal de que estaba  disponible para afrontar un posible proceso en la justicia argentina. Sin embargo, Sejas retornó al país y actualmente está en Santa Cruz. 
El juez Reynoso también resolvió, a petición de Sejas, que los supuestos 35.000 litros de alcohol etílico fueran trasvasados a otro camión cisterna, propiedad del hijo del empresario. Las autoridades argentinas tomaron una muestra de la sustancia transportada por Creta y se determinó que se trataba de tolueno, cuando el vehículo reemplazante ya no estaba en suelo argentino, sino, supuestamente, en Chile. 
Dos cisternas más con droga.
Un mes antes de la comparecencia de Sejas ante el juez Reynoso, el 13 de marzo, la Gendarmería descubrió otro camión cisterna de Creta con 21,8 kilos de cocaína, en Tartagal. El chofer Adrián Vaca Paz, también detenido, dijo que seis meses antes había retirado el vehículo de la aduana de Salta, porque fue retenido por otro caso de narcotráfico; afirmó que había efectuado el trámite por orden de su jefe, José Luis Sejas. 
En otro operativo, también en Salvador Mazza, los gendarmes, tras un trabajo de Inteligencia, sorprendieron a otro camión cisterna de Creta esta vez con 180 kilos de cocaína, valuados en dos millones de dólares. El conductor, quien fue detenido, afirmó que se dirigía a la localidad de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, donde Creta carga diésel y otros combustibles para internarlos a Bolivia. 
De acuerdo con la información publicada por la Fiscalía argentina, lo primero que llamó la atención de sus funcionarios fue el fallo de Reynoso,  que se ha llegado a calificar de carente de fundamento, por lo cual se llevó el caso del primer camión cisterna a apelación para que se recalificara la culpabilidad de Sejas en el delito de narcotráfico. 
Los fiscales ganaron y lograron demostrar que Reynoso había sido, por decirlo de alguna manera, demasiado benevolente con el empresario transportista. El magistrado de Orán fue separado de ese proceso y el expediente hoy está en manos del juez federal de Salta Julio Bavio, quien, según los diarios regionales, ya había dictado una orden de captura nacional contra Sejas y  debe emitir una sentencia conforme a derecho para el caso del vehículo con tolueno.    
Además, después de asociar los tres casos mencionados y otros seis, en los que coincidentemente sólo los chóferes eran encarcelados, los fiscales ahora se refieren a los casos de Creta no como a episodios aislados, sino a los que provienen de “asociación ilícita dedicada, al menos desde 2011, al tráfico de estupefacientes”. 
Por el caso del camión cisterna de Tartagal, Reynoso, quien también es el juez del caso, dictó una orden de captura nacional e internacional contra Sejas. 
El diputado Monasterio confirmó que  en Argentina se han librado dos órdenes de captura contra Sejas. Cáceres, sin embargo, dijo que hasta la fecha el Ministerio Público de Argentina no ha formulado un pedido específico, mediante la Cancillería, que es el conducto oficial, sobre “la investigación que se ha llevado adelante en Argentina sobre el señor Sejas,  propietario de Creta”. 

Otro proceso
El empresario José Luis Sejas informó, en una entrevista con El Deber, que el diputado opositor Tomás Monasterio le inició un proceso por legitimación de ganancias ilícitas. El legislador dijo que recibió amenazas anónimas por investigar este caso. Sejas se quejó por la intervención del Ministerio Público en Creta, que tiene una deuda de  42 millones de bolivianos con las entidades financieras; y aseguró que todo el escándalo creado por Monasterio perjudicó a  sus empresas, hasta ponerla al borde del colapso.  
En Santa Cruz se han registrado movilizaciones de los choferes de camiones cisterna que internan carburantes desde Argentina, debido a la rescisión, el pasado 23 de julio, de los contratos  con Creta y otra compañía, Vartra-Boliq, uno de cuyos vehículos fue detenido con 135 kilos de cocaína. Llegaron a amenazar con un bloqueo en las fronteras para asegurarse de que la petrolera estatal no anulara sus contratos.  
Sejas ha asegurado que los motorizados pasan los escáner de la Gendarmería argentina sin problemas porque están “limpios”. Afirma que los narcos del vecino país son los que cargan la droga en los camiones. Dice que ha pedido que los gendarmes del vecino país lo escolten, para evitar este problema, pero hasta ahora no ha recibido respuesta alguna. 
De acuerdo con los diarios salteños, un kilo de droga en Bolivia cuesta 1.000 dólares, pero cuando llega a Europa vale 40.000 dólares, lo cual da una dimensión de este oscuro negocio.