Hollywood cambia la historia en Bolivia 1

Una red de extorsión pone en duda la reputación internacional del Gobierno. Un mercado que factura millonarias ganancias ilegítimas.

Una de las noticias que alarmaron la opinión pública al cerrar 2012, que inmediatamente sirvió para hacer conjeturas sobre el terror que utiliza el Estado contra sus adversarios políticos e incluso contra empresarios e inversionistas extranjeros, es el método del que se vale una red delincuencial afincada en la alta  administración pública para recaudar millonarias ganancias ilegítimas a través de una red de extorsión. que se ha vuelto práctica común en algunos niveles de la administración. La red de extorsión enclavada en los ministerios de la Presidencia, Gobierno y aunque parezca increíble en el de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

El caso explotó en un mensaje enviado al celular del presidente Morales por uno de sus embajadores y pocos días después llegó de visita al país el actor norteamericano Sean Penn, interesado en conocer detalles sobre la detención del ciudadano de origen judío-norteamericano Jacob Ostreicher, arrestado en 2011 acusado de legitimación de ganancias ilícitas y que más tarde fue vinculado en actividades del narcotráfico. Una tramoya presumiblemente confeccionada por el equipo jurídico del Ministerio de Gobierno a encargo de altos funcionarios que por el momento no figuran en el cuaderno de la investigación.

El caso provocó dolor en el primer mandatario, según sus propias palabras, ya que él sabe de primera mano que gente de su entorno estaría comprometida con este caso que generó un temblor político en el corazón del Gobierno. El jefe de estado prefirió mantenerse al margen de esclarecimiento en niveles de la justicia, pero incluso estando lejos de los partes de inteligencia, el caso no ameritó que la primera autoridad del país exija a uno de sus ministros más próximos emitir un pronunciamiento sobre un tema que está minando su gestión. El terremoto informativo fue al correr los días involucrando a niveles intermedios del Gobierno. El equipo jurídico del Ministerio de Gobierno fue detenido y días más tarde enviado a la cárcel de Palmasola.

Está claro que los involucrados en la red, el ex director de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, Boris Villegas, y los demás abogados que hacían de enlaces con jueces y fiscales para favorecer fallos y cambiar sentencias fueron acorralados y apuntados como los directos responsables de la red de extorsión sin conocerse comentario alguno del entorno presidencial.

Así las cosas, el titular de la cartera de Gobierno, Juan Carlos Romero, exteriorizó temores de que la banda extorsiva este infiltrada en otras reparticiones públicas con tentáculos en niveles de la justicia y la policía, aunque descartó que el caso eclosione en puestos jerárquicos de los ministerios de la Presidencia, Gobierno y Transparencia.

Los ex ministros Llorenti y Chávez

El caso cobró un nuevo giro al conocerse fotos del funcionario Villegas durante la represión contra los marchistas indígenas del Tipnis en Chaparina. Como se sabe, a pesar de la resistencia de varios sectores de las organizaciones sociales, inclusive las afines al Gobierno y sectores de la oposición, en octubre pasado, eludiendo todos los dossiers que lo involucran en la violenta intervención contra la marcha indígena, Llorenti fue nombrado por el presidente Morales, embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas en Nueva York.

También se supo que el cabecilla de la banda de extorsión, Fernando Rivera habría sido nombrado por Llorenti como director jurídico del Ministerio de Gobierno, cargo en el que permaneció hasta ser detenido hace un par de semanas en Tarija en el intermedio del juicio que se dilucida sobre el caso “Terrorismo”.

Las denuncias comenzaron a complicarse para el ex Ministro de Gobierno y hoy embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas por una declaración del ex viceministro de Régimen Interior Gustavo Torrico, quien dijo que los principales cabecillas de la red de extorsión eran amigos de Llorenti. También se supo que tras un esporádico alejamiento de las oficinas jurídicas del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera retornó a ocupar la dirección jurídica de esa cartera de Estado, cuando Llorenti fue nombrado como encargado de la seguridad del Estado. En tanto que el ex ministro Wilfredo Chávez sigue atendiendo como abogado algunos asuntos jurídicos del Gobierno. En una de sus últimas tareas se le encomendó el traspaso de la red PAT cuyo propietario involucrado en la millonaria estafa de AEROSUR y en otros casos fue obligado ceder el control de esa cadena de TV, otrora propiedad del ex presidente Carlos Mesa.

La red

El Ministerio de Gobierno se ha convertido en un reducto de controversias incontrolables. Para varios analistas políticos resulta increíble que la seguridad del Estado y “procesos especiales” que se manejan en esa cartera de Estado hayan estado en manos de la red de extorsión y fuera del control de sus autoridades. La pegunta que se hace la opinión pública es cómo el equipo jurídico del Ministerio de Gobierno actuaba tan independientemente en casos tan álgidos e importantes como son: “Terrorismo I -II”; “Porvenir”; el juicio contra el alemán “Dirck Schmidt”; el proceso abierto en la justicia que se conoce como “Gastos Reservados I y II”, en los que se afirma que la que la red actuaba sin mediar ninguna interferencia. Pero más allá del avance de la investigación hay elementos que saltan a la vista. Por ejemplo la relación que mantuvieron durante al menos 4 meses desde su llegada a Bolivia, Jacob Ostreicher y Claudia Rodríguez, ambos detenidos casi al mismo tiempo entre marzo y julio de 2011por ganancias ilegítimas y supuestos vínculos con el narcotráfico. Ha trascendido que Rodríguez pretendió quedarse con el dinero por la compra de las tierras que Ostreicher y su socio, el multimillonario suizo André Zolti, compraron del narcotraficante Maximiliano Dorado. ¿Quién denunció ese presumible volteo? Se sabe que Dorado tiene un hermano que hasta ser detenido por ganancias ilegítimas en septiembre de este año fue quien tramitó el proceso contra Rodríguez. Aníbal Dorado se encuentra actualmente detenido en la cárcel pública de Palmasola en Santa Cruz.

Las aristas del caso Ostreicher van por lo tanto más allá de la desarticulación de la red que operaba desde el Ministerio de Gobierno. ¿Quién empujó a Aníbal Dorado a iniciar un proceso contra Rodríguez tomando en cuenta que las tierras estaban anotadas a nombre de su hermano Maximiliano considerado narcotraficante confeso?

El ministro Romero tiene en sus manos un caso espeluznante que resolver. Ha anunciado una auditoría para establecer responsabilidades en los órganos involucrados, pero nadie cree que eso sea suficiente ya que las estructuras que se están investigando son peligrosas ramificaciones enquistadas en varios niveles. . El caso dio para hilvanar la copiosa red. Llama la atención el caso del ex Director de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia, Juan Manuel Antezana Pinaya, que llegó a ocupar ese puesto por influencia de su concuñado, el ex súper ministro de Defensa Legal del Estado y hoy diputado Héctor Arce.

Altas fuentes en el partido de Gobierno manifestaron que Antezana puede ser una de las piezas clave para esclarecer  los móviles de la red por su conocimiento de asuntos del Ministerio de la Presidencia. Se cree que nadie en los entornos cederá las piezas para salarse o involucrar a las autoridades que conocían a fondo el caso Ostreicher.

Por otra parte el ministro Romero ha señalado que la banda estaba siendo investigada hace 6 meses; cuadro que confirma que había gente en el Gobierno que sabía de las implicaciones políticas del caso si estallaba como finalmente ocurrió.

Tampoco e puede pasar por alto el hecho de que el presidente Morales fue advertido de la existencia de la red a través de un mensaje de texto por una persona que está íntimamente relacionada con su persona. Otro tema que no ha sido mencionado y que es vital en el curso de la investigación es que el abogado de Ostreicher es hijo de Jerjes Justiniano, que fue nombrado embajador de Bolivia en Brasil, tras el escándalo que estalló precisamente relacionado con una publicación que apuntaba a Maximiliano Dorado, generando una imagen negativa del país en el mundo.

El papel de Sean Penn.

Lo inédito es que el actor norteamericano Sean Penn que hace el papel de defensor de causas perdidas en esta parte pobre del mundo; actuando por ejemplo como embajador itinerante de Haití, recaudando fondos para las víctimas del terremoto que asoló ese país en 2010, volvió al país a fines de septiembre para pedirle expresamente al presidente Morales justicia a favor de Ostreicher. En este caso no se pueden hacer diferencias entre quién es Sean Penn y quién es Jacob Ostreicher; se trata de ciudadanos norteamericanos, patriotas ambos; el primero en sus películas y represente de EEUU en Hollywood y como el mismo ha señalado  defensor  de los derechos humanos, amigo personal de los presidentes Evo Morales y Hugo Chávez.

La caída de la red

Parte del folder de la investigación establece que Ostreicher llegó a Bolivia porque veía una gran oportunidad de hacer negocios. Fue hace 4 años. Invirtió 24 millones de dólares junto a su socio el multimillonario de origen suizo André Zorty, pero 4 meses después fue detenido ante sospechas de que el dinero de su inversión era del narcotráfico. No existen informes de que Zorty esté comprometido en actividades ilegales. Lo que sí está claro, es que la colombiana Claudia Rodríguez es una ficha clave para desentrañar el caso. Era la apoderada de los inversionistas desde el año 2008. Ella fue nombrada gerente general de las empresas de Zolty y Ostreicher en Bolivia y se sospechaba de sus relaciones con el narcotráfico hace mucho tiempo atrás. De ahí su relación con los hermanos Dorado. Maximiliano y su hermano Aníbal se constituyen por lo tanto en las siguientes fichas clave para desentrañar este caso. Una declaración que no pude pasar por alto ha sido la de la presidenta de la cámara de Diputados, Rebeca Delgado, que ha dicho que si hasta fin de mes no se conocen los verdaderos del caso, la asamblea a su cargo tomara acciones respecto a la investigación. “Ahora a lo que se ha llegado es simplemente a mandos medios y estos mandos medios no creemos que hayan actuado solos, por lo tanto vamos a hacer un compas de espera para ver los resultados, ojala a mediados o fines de este mes”.

El mercado de la extorsión

La banda tenía brazos operativos y ramificaciones en varios sectores. Será difícil precisar el número de personas que fueron víctimas de esta red delincuencial de extorsión. Las autoridades llamadas por ley para esclarecer este escándalo dicen que podrían seguir apareciendo nombres de personas que exigían dinero a cambio de modificar fallos en la justicia y/o favores para evitar procesos. El departamento de Santa Cruz fue uno de sus platos fuertes de la banda porque allí radicó en los primeros años del Gobierno una resistencia al “proceso de cambio”. El accionar de los delincuentes fue ejercer presiones y chantajes contra grupos de poder cruceños en los que por medio se comprometían millonarias recaudaciones.

Fundamentado en la ilegalidad, este mercado de ganancias ilegítimas fue uno de los más prósperos para sus operadores y para los interesados en sustraer la vida y los negocios ajenos. Libre de cualquier fiscalización la extorsión abarca una amplia gama de personajes poco éticos y mal intencionados. Fue común que ex policías y funcionarios gubernamentales, en virtud a su acceso a datos confidenciales, compongan este furtivo mercado. Ahora detenidos, nada garantiza que dejarán de actuar.

Los casos que manejaba la red:

Porvenir

El caso se tramita en la justicia y aunque sin sentencia, el principal acusado por el enfrentamiento en esa localidad del departamento de Pando, el gobernador Leopoldo Fernández se encuentra detenido hace tres años en el penal de San Pedro de La Paz.

Terrorismo I y II

Se trata de uno de los procesos más controvertidos de la historia nacional de los últimos 30 años. Los sobrevivientes de la matanza del hotel Las Américas de Santa Cruz, tres extranjeros y una decena de involucrados entre empresarios y empleados de estos se encuentran presos. El caso ha cobrado dimensiones internacionales y demandas contra el Estado Plurinacional en estrados de la justicia internacional por violación a los derechos fundamentales de las personas.

Dirk Schmidt

El ciudadano  de origen D. Schmidt alemán trabajó para el Ministerio de Gobierno asesorando al Viceministerio de Régimen Interior cuando ocupaba el cargo Gustavo Torrico. Se lo detuvo alegando que en su trabajo había extorsionado a un grupo de menonitas para nacionalizarlos con la ciudadanía boliviana, el caso derivo en la destitución de la segunda autoridad de ese ministerio.