Medios y periodistas agredidos acuden a la ONU

Los directores del diario Página Siete y de la Agencia de Noticias Fides (ANF) Juan Carlos Salazar y Sergio Montes, y los periodistas Andrés Gómez y Raúl Peñaranda, todos ellos mencionados por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en su alocución del 19 de mayo en la Asamblea Legislativa, se apersonaron a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las NNUU en La Paz.

Los cuatro afectados se reunieron el lunes por la tarde-noche con el representante en Bolivia de dicha institución, Denis Racicot, y con los jefes de las distintas unidades de esa oficina en Bolivia, Xavier Mena, Rocío García, Vilma Romero y Jennifer Guachalla.

En la reunión con Racicot, los afectados entregaron una carta en la que se pide que un Relator Especial visite el país para que comprueben en el  terreno las acciones de acoso, amedrentamiento, intimidación y presiones varias que ejerce el Gobierno contra periodistas independientes bolivianos.

Quintana dijo ante el Legislativo que cuatro medios de comunicación (El Deber, Página Siete, ANF y Erbol) y cuatro periodistas (André Gómez, Raúl Peñaranda, Amalia Pando y Carlos Valverde), conforman el supuesto “cartel de la mentira.

Los representantes de esos medios rechazaron de plano las acusaciones y denunciaron que se trata de una estrategia de las autoridades tendente acallar a los medios y eternizarse en el poder.

Durante la reunión, tanto Racicot como los cuatro jefes de unidades de su oficina dieron una amplia explicación de cómo trabajan los relatores especiales, dieron fotocopias del perfil biográfico del actual Relator sobre libertad de expresión, David Kaye e informaron que el Gobierno nacional es el que debe dar una fecha para su llegada.

Entre las atribuciones de un Relator Especial están “reunir la información pertinente sobre las violaciones del derecho a la libertad de opinión y de expresión, la discriminación, las amenazas o el uso de la violencia, el hostigamiento, la persecución o la intimidación contra personas que traten de ejercer o promover el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión, en particular, como cuestión de alta prioridad contra periodistas” asegura el portal web del Alto Comisionado.

Racicot dijo que les preocupa en su oficina las presiones ejercidas contra la libertad de expresión en Bolivia y otros derechos democráticos y mencionó una reciente declaración pública emitida sobre las irregularidades cometidas en la detención del abogado Eduardo León, que atendió por un par de meses el caso de la expareja del presidente Evo Morales.

Valverde y Pando, además de Roxana Lizárraga, que trabaja con ésta última en la radio Líder de La Paz, presentaron el viernes un pedido de Medidas Cautelares ante la CIDH, que pertenece a la OEA. Pando dijo sentirse “amenazada” y denunció que el Ministerio Público y el Órgano Judicial están sometidos a los intereses del Gobierno.

CARTA RECOPILA AGRESIONES

Tras la arremetida del ministro de la Presidencia,  Juan Ramón Quintana, contra los medios de comunicación y periodistas,  otras autoridades han emitido otras formas de acoso contra los medios. El vicepresidente Álvaro García Linera atacó a medios independientes y a reporteros  en dos ocasiones y advirtió que “deben ser perseguidos y castigados” y en una lo hizo el presidente Evo Morales. El exministro de Gobierno, Hugo Moldiz, parafraseando a un intelectual boliviano, llamó “perros” a los periodistas mencionados por el Ministro Quintana.

La carta entregada por los directores de medios al Alto Comisionado de la ONU,  Denis Racicot,  detalla las amenazas vertidas por Quintana en mayo pasado, pero también rememora otros eventos de los últimos años en los que distintas autoridades han lanzados agravios, intimidaciones y amenazas contra periodistas y medios de comunicación, y los otros mecanismos usados por las autoridades para acallar a los medios independientes, como el veto de la publicidad estatal, el acoso de entidades estatales como Impuestos, Ministerio de Trabajo y otras. Menciona también la compra de medios mediante empresarios cercanos al Gobierno.

LAS ACUSACIONES

En su discurso del 19 de mayo en la Asamblea Legislativa, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que estos medios de comunicación se acoplaron para hacer una campaña de desprestigio contra el Gobierno, presuntamente basado en “mentiras”.

También señaló que esos medios buscan “desestabilizar” a la administración del presidente, Evo Morales, y al denominado “proceso de cambio”.

Asimismo, sostuvo que esos medios, en los últimos 100 días, impulsaron un “golpe político mediático”, que sería uno de los cinco intentos de golpes de Estado que sufrió el Gobierno.

Leyó varios titulares a los que calificó como manipulados, pero todos ellos respondían a entrevistas y declaraciones de fuentes periodísticas.