ONG acuden a la CIDH en defensa de la libre asociación

Cuatro organizaciones no gubernamentales (ONG) enviaron ayer una nota a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA para  “salvaguardar el derecho a la libre asociación en Bolivia”, debido a que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró constitucionales dos artículos de la Ley 351 de Otorgación de Personerías Jurídicas a Organizaciones No Gubernamentales (ONG), Fundaciones y Entidades sin Fines de Lucro  y del Decreto Supremo 1597.

“Lamentamos profundamente que se haya cometido un tremendo traspié en un Estado de Derecho; el recurso que ahora se activa para que vaya  a la CIDH es totalmente legítimo, habiéndose agotado todas las instancias en la justicia nacional, la prueba está en el fallo del TCP”, explicó el ex defensor del Pueblo  Rolando Villena, quien enviará una nota a la CIDH como  exautoridad,  al igual que su antecesor  Waldo Albarracín.

La exautoridad hizo esas afirmaciones durante una conferencia de prensa con los principales representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal; del Centro de Estudios de Investigación Social (CEJIS), Elías Huanca; del  Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local (CEDLA), Juan Carlos Balderas,  y del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Marco Antonio Gandarillas.

Villena presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta el 24 de noviembre de 2014 contra el  parágrafo segundo del artículo 7 de la Ley 351 (La contribución al desarrollo económico y social) y contra el inciso g) del artículo 19 del Reglamento Parcial del DS 1597 -“la  personería jurídica será revocada por el incumplimiento a las políticas y normas sectoriales, previo informe al ministerio del área”, expresa-, porque atentan contra el derecho a la libre asociación. La solicitud fue realizada con base en lo que establece  la Constitución y otras normas internacionales.

Sin embargo, la respuesta del TCP, mediante  la sentencia constitucional   0106/2015 del 16 de diciembre de 2015, fue negativa para ellos y declaró constitucionales las dos disposiciones, por lo que ahora recurren a la CIDH y solicitan medidas cautelares.

“Obliga el alineamiento de las organizaciones de la sociedad civil con políticas estatales y el artículo del decreto establece una causal para la pérdida de la personería jurídica por el no alineamiento con políticas gubernamentales; ambos no deben ser aplicados ni puestos en vigencia  hasta que no se produzca un fallo de la CIDH”, dijo Gandarillas sobre la ley y el decreto.

Los interesados explicaron que su petición se encuentra en una etapa previa antes de que la CIDH la acepte; mientras tanto se desarrollarán las medidas cautelares, que son independientes, para que el Gobierno pueda presentar sus argumentos legales de por qué declaró constitucionales las normas.

“Estos derechos tienen que ser restituidos, es  lo que esperamos en un Estado de Derecho”, dijo Villena, que   abriga la esperanza  de que CIDH acepte la demanda  y obligue al Estado a cambiar las normas observadas.

Albarracín destacó la tarea de las ONG. “Son pocas instituciones que aún tienen fortaleza y credibilidad, que funcionan sin recursos y sin poder político, por eso siempre las apoyaremos”.

Se respeta el derecho a la asociación, dice diputado

El diputado del MAS, Víctor Borda, afirmó que el Gobierno y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) respetan, a través de la Ley 351 y el DS  1597,  el derecho a la libre asociación de las organizaciones no gubernamentales y que exigen  transparencia de objetivos.

“Estamos respetando la libre asociación, pero lo que no se admite es que esta asociación tenga fines ilícitos, tiene que haber  transparencia con respecto a la asociación. No entiendo que haya ninguna vulneración de derechos constitucionales y que si tienen alguna observación  recurran a  instancias internacionales”, dijo  el legislador.

La norma obliga a las ONG a explicar de dónde viene su dinero, cuál es su objetivo; además de eso, debe alinear su programa y sus políticas a las del Gobierno. Señala también que en caso de no cumplir los requerimientos de la ley se les podrá retirar la personería jurídica. Por ese motivo, las ONG acudieron a la CIDH.

El vicepresidente de Diputados insistió en que hay  algunas  ONG  que “no quieren hacer caso y quieren  convertirse en pequeñas islas y eso no puede admitirse en el Estado”, dijo.