Pobladores piden a Fiscalía que interrogue a Aparaya en Viloco

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Foto: Los Tiempos

La población minera de Viloco  pidió a la Fiscalía que tome la declaración al presunto asesino del exviceministro Rodolfo Illanes, Ángel Aparaya, en la misma localidad, y no así en la ciudad de La Paz, como en un principio había previsto la Policía.

“Pedimos la presencia física del Ministerio Público y Ministerio de Gobierno para tener un diálogo público de frente con el pueblo y al mismo tiempo tomar las declaraciones al sospechoso de la muerte del viceministro Illanes”, se lee en el segundo punto de la resolución que se aprobó en una reunión el pasado domingo.

La madrugada del pasado jueves, a las 3:00, un grupo de policías allanó dos domicilios en Viloco para aprehender a Aparaya, de quien se dijo terminó con la vida de Illanes con un golpe de piedra en la cabeza después de ser torturado el 25 de agosto. En ese intento se hirió a tres personas con balines de goma.

Desde el  Gobierno se criticó el hecho de que los mineros protejan a un supuesto criminal. Pero la población aseguró que no se trata de encubrir, sino de evitar tratos inhumanos de la Policía.

El mismo Aparaya manifestó en un contacto con Radio Erbol que teme ser torturado y que está dispuesto a declarar ,pero en Viloco, donde estará más seguro. “Estoy dispuesto a declarar en cualquier momento, pero aquí, en Viloco. Tengo miedo de que me agarren, de que me estén torturando”.

Lo mismo ocurre con los heridos del operativo del pasado jueves. Éstos prefieren curar sus heridas en el lugar  , antes  que visitar un centro médico en la ciudad, donde temen que se los aprehenda con algún pretexto.

Aún no hubo un pronunciamiento de parte de la Fiscalía con relación a la  solicitud. Aunque el director nacional de la FELCC, Felipe Almaraz,  pidió a la población de Viloco entregar a Aparaya.

Afirmó que incluso está dispuesto a ir él mismo para recoger al sindicado, siempre y cuando haya las garantías necesarias, según ANF.

La resolución de Viloco también establece que colaborarán en todas las investigaciones para esclarecer los hechos de dos intervenciones realizadas en su comunidad, donde en al menos una se denunció la vulneración de derechos y uso desmedido e irresponsable de la fuerza por parte de la Policía.

Se determinó suspender las clases desde primaria hasta secundaria “con el fin de resguardar la integridad física y anímica de nuestros hijos hasta que se dé una solución definitiva a las intervenciones policiales”.

La población se declaró en estado de emergencia, pidió garantías para que no haya “más persecución ni intervención de la Policía”. “En caso de no ser escuchados se determina realizar una marcha pacífica a la cabeza de nuestras federaciones y familias”, se añadió.

Hace un tiempo

  • Conflicto Seis personas perdieron la vida por el conflicto entre el Gobierno y los cooperativistas mineros en agosto de este año, a raíz de una norma que implementaba el sindicalismo en las cooperativas.
  • Sospechoso Según el Ministerio de Gobierno hay indicios de que Ángel Aparaya, hermano del minero fallecido por arma de fuego en un enfrentamiento con la Policía, Rubén Aparaya, fue quien dio el golpe que acabó con la vida de Rodolfo Illanes.
  • Molestia El ministro Carlos Romero expresó su molestia con las declaraciones de David Inca. Le pareció que al denunciar violación de derechos hubo poca objetividad.

Inca: La Policía amenazó a los niños para que se callen en el operativo

Cuando los policías allanaron dos domicilios en Viloco la madrugada del pasado jueves golpearon a los padres y amenazaron a los niños para que guarden silencio, eso es lo que le contaron las víctimas de ese operativo al exsecretario jurídico de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de El Alto, David Inca.

“Yo me entrevisté con las familias afectadas y me contaron que los policías no sólo dispararon balines contra los varones, sino que golpearon a sus esposas con las mismas armas. Los niños que fueron en defensa de sus papás han sido amenazados: ‘andate de aquí o te voy a matar como a perro’, les dijeron. Eso constituye trato inhumano y degradante”, contó ayer Inca.

El activista fue una de las primeras personas en alertar sobre lo ocurrido en la población minera y el fin de semana viajó al lugar para recabar testimonios de lo ocurrido. Reunió como 200 testimonios que hacen referencia a la supuesta persecución que sufre la gente ya que allí se encuentra uno de los principales sospechosos de asesinar a Rodolfo Illanes: Ángel Aparaya.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, restó importancia a las declaraciones de Inca, pues la Policía acostumbra a actuar conforme a la ley y en respeto de los derechos humanos, sostuvo.

El mismo comité ejecutivo de la APDH El Alto rechazó el informe del activista por considerarlo poco veraz y lo destituyó de su cargo como secretario jurídico. El afectado indicó que apelará esta resolución porque no incurrió en ninguna falta al denunciar una supuesta vulneración de derechos que se le había comunicado y que llegó a confirmarse.

Ese jueves la Policía ingresó a las casas de René Corazo  y de Ambrosio Aparaya, parientes del sindicado. Al primero le perforaron la mejilla  con un balin, al segundo le dispararon en el torso. Sus familias también fueron agredidas, confirmó Inca.