¿Quién ejerce la presión por más transgénicos en Bolivia?

En solo 26 de los 194 países del planeta, el cultivo de alimentos transgénicos es legal. De esos 26 países, cinco producen el 90 por ciento de estas especies también conocidas como Organismos Genéticamente Modificados (OGM). En todos los casos se han desatado marcados problemas sociales, políticos, económicos y ambientales, y se multiplicaron las denuncias sobre daños a la salud humana. Pese a esos antecedentes, un sector del empresariado boliviano ha relanzado una intensa campaña para que Bolivia acepte ampliar el cultivo de los OGM.

Hay más peros. Según el observatorio ISAAA (pro empresarial), entre 2015 y 2016 se registró, por primera vez, un retroceso mundial en la siembra de transgénicos. Más todavía, la industria de los organismos genéticamente modificados es impulsada por un cuestionado oligopolio conformado básicamente por seis transnacionales: Monsanto, Bayer, Syngenta, Basf, Dupont, Dow Agro Sciencea. Por si faltase, en Bolivia la siembra, excepcional (sólo soya) de transgénicos está relacionada a uno de los mayores procesos de deforestación de Latinoamérica. Y, sin embargo, los empresarios soyeros “bolivianos” (una buena parte son inversores extranjeros) porfían en pedir a las autoridades nuevas excepciones.

La culpa bien podría echársele a un incómodo gusano, el “cogollero”. Apareció el año pasado en los sembradíos de maíz que se alternan temporalmente con los de soya. Enquistado en el cogollo de las plantas resultó difícil de combatir y causó la pérdida de 180 mil toneladas del cereal. Entonces, el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas, Reinaldo Díaz, lanzó el clarinazo que hoy inspira la prédica de milagros biotecnológicos.

“Queremos seguir produciendo maíz porque consideramos que es un alimento estratégico para la seguridad y soberanía alimentaria del país -dijo Díaz ese 10 de mayo de 2016-. Pero para ello, necesitamos que nos permitan usar herramientas tecnológicas ya existentes, como las semillas genéticamente mejoradas, como el maíz Bt. Éstas nos pueden solucionar la afectación de esta plaga del gusano cogollero, como viene ocurriendo con los productores de países vecinos”.

CAMPAÑA PRO MAÍZ TRANSGÉNICO

La campaña pro maíz transgénico en Bolivia virtualmente empezó aquel día. Basta revisar las noticias recopiladas en la página web del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), principal vocero del empresariado soyero boliviano. Entre mayo de 2016 y junio de 2017, 22 de 31 artículos publicados están directamente relacionados a la promoción de los OGM. Mientras que en el año previo sólo se publicaron tres sobre 35.

La arremetida incluye, por ejemplo, la organización de foros con especialistas internacionales que abogan por los OGM. También suma encuestas donde se llega a la conclusión de que hay  “Amplio respaldo de la población para producir más y mejores alimentos con biotecnología”. También celebra cada nuevo experimento genético realizado en el exterior de Bolivia. Y la principal voz cantante de la campaña la ha asumido el propio gerente del IBCE, Gary Rodríguez.

Siete de las doce columnas de prensa que publica quincenalmente en medios nacionales virtualmente exigieron más transgénicos en el país a las autoridades. También salió al frente de noticias que desprestigien los OGM, incluida su crítica a una investigación del New York Times de noviembre de 2016. No sólo eso, sino que en sus intervenciones Rodríguez lanzó cargas de adjetivos y expresiones hasta de corte religioso contra quienes rechazan los transgénicos.

En un reciente artículo (31-05-17) planteó la alternativa de “Comer ‘orgánico’ o transgénico”. Allí, tras acusar a los activistas que abogan por lo orgánico de “fetichistas” y culparlos por muertes e infecciones, llama a optar por lo transgénico. El ejecutivo lanza además a los lectores una extraña afirmación: “Ahora consulto: si en 20 años nadie murió por consumir alimentos transgénicos ¿qué opina usted de lo uno y lo otro?”.

ACTIVISTAS PECADORES

“Activistas” parece ser la palabra que irrita al gerente del IBCE, especialmente si ese activismo está -como lo define- “vestido de verde”. En otro artículo (titulado “¿A quién creer?”) los acusa de varios pecados: “Creen tener el derecho de mentir, atacar, difamar, urdir mitos e historietas como si el fin justificara los medios. Tienen el corazón duro, lanzan la piedra y esconden la mano, como si no hubiera un Dios que lo mira todo. ¡Cuántos urden sus planes desde el anonimato, arruinan paredes con su infame grafiti y usan las redes sociales y la retórica para hacer prosélitos!” Luego les explica en qué consiste su principal pecado: “Se oponen a los alimentos genéticamente mejorados y dicen defender la naturaleza”.

Y claro, el ejecutivo del IBCE lanzó el gusanito de la campaña también al marcado sujeto de sus críticas: “Gracias a ciertos activistas nuestros productores perdieron el año pasado sus cosechas de maíz por el ataque del gusano cogollero” (artículo “Basta de mentiras y de miedos”, 16 de mayo 2017). Allí demandó no sólo el uso de OGM, sino además del glifosato, un polémico insecticida que ha generado incontables denuncias internacionales. Pero, Rodríguez asigna al compuesto “igual categoría de peligrosidad” (…) “que el café y la yerba mate calientes, la acrilamida de las papas fritas y las carnes rojas”.

A tanta insistencia, la nueva campaña empresarial pro transgénicos paulatinamente generó una nutrida ola de respuestas y un creciente debate. Roger Cortez Hurtado, el director del Instituto Alternativo, respondió a Rodríguez el 23 de mayo. Desde su columna de prensa señaló: “Los argumentos en favor de los transgénicos y el glifosato pierden intencionadamente de vista que no son activistas quienes bloquean sus exigencias, sino la Constitución boliviana, que establece la ‘prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos'”.

Luego añade: “Olvidan, de paso, que las plagas y la baja productividad, incluyendo la de los cultivos industriales y exportables se deben a múltiples causas, como “suelos poco fértiles, uso de semilla de baja calidad, insuficiente infraestructura de riego, escaso uso de tecnologías de control de plagas, problemas fitosanitarios y el mal manejo del cultivo” en palabras textuales de la FAO, institución de Naciones Unidas especializada en temas agrícolas” (Artículo titulado “El gusano del cogollo y el modelo de desarrollo”- diario Página Siete).

UNA DEUDA A MONSANTO Y COMPAÑÍA

Por su parte, la directora general del Foro Boliviano del Medio Ambiente (Fobomade), Patricia Molina, ha recordado en sus análisis: “el año 2011 fue aprobada en Bolivia la Ley 144 de Revolución Productiva Comunitaria, que cerró el ingreso de maíz transgénico”. Pero además Molina halla detrás de la nueva campaña empresarial no sólo al gusanito cogollero, sino a organismos mucho más complejos.  La activista apunta a la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA) y explica que es la financiadora del IBCE y sus recurrentes cruzadas en favor de los OGM.

¿Quiénes conforman la APIA? Esencialmente, las sucursales de las multinacionales productoras de transgénicos, es decir, Monsanto, Syngenta, Bayer, Basf, Dow AgroSciences, y Dupont-Pioneer. Y, según recuerda Molina, la APIA juega ahora otro rol clave en el agronegocio boliviano: resultan los principales acreedores de los empresarios.

En agosto del año pasado, APIA y la Asociación Nacional de Proveedores de Insumos, Bienes y Servicios Agrícolas y Pecuarios (APRISA) enviaron una carta abierta al presidente Evo Morales. Allí indicaban que la mora del sector agropecuario ascendía a 474 millones de dólares. Luego, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Julio Rodas, especificó que el 97 por ciento de la mora del sector era con proveedores de insumos, pesticidas y semillas.

Este escenario ha derivado en intensas reuniones entre empresarios productores, autoridades y la propia APIA, tal cual resalta en sus propias memorias institucionales. La directora de Fobomade recuerda que el Gobierno respondió con créditos de 80 y 50 millones de dólares. Es en ese contexto que, incluso, las autoridades acudieron a dineros de las Administradoras de Fondos de Pensiones para apoyar a productores y proveedores.

UN GUIÑO AL GOBIERNO

Y el ambiente de demandas, ofertas y sugerencias de empresarios, transnacionales y autoridades confluyó en otra de las columnas de Gary Rodríguez. Al iniciar su artículo del 16 de mayo expresó: “Gracias a ciertos activistas -los mismos que objetan la construcción de carreteras, represas, hidroeléctricas y que la frontera agrícola crezca- nuestros productores perdieron el año pasado sus cosechas de maíz por el ataque del gusano cogollero”.

Los activistas advirtieron un claro mensaje de oferta política en aquella crítica. Para Roger Cortez “es un sincero pedido para ahondar un entendimiento programático de gran alcance, porque lo fundamental de la “agenda patriótica” del MAS consiste exactamente en grandes represas en zonas tropicales, carreteras tipo TIPNIS y mucha, mucha deforestación para ampliar la frontera agrícola. (…) El guiño, insinuado, es “ya que se transgredió la CPE con la soya transgénica, por qué no ampliar ese boquete y, así, -tal vez- recibir nuevos apoyos para la otra violación constitucional en marcha; es decir, la reelección (presidencial) en 2020. Finalmente, una mano lava a la otra”.

Así, la polémica por el gusano cogollero y la demanda por el ingreso del maíz transgénico escala a más altos niveles. Claro, resulta difícil concebir un pacto en el que las nuevas “socias”, que no “patronas”, del Gobierno un día resulten ser multinacionales transgénicas. Pero su poder de convicción no debe ser menospreciado.

Uno de los argumentos en los que más ha incidido Rodríguez en sus columnas constituye un pronunciamiento de 107 premios Nobel, varios de ellos empresarios biotecnológicos. Aquel manifiesto presentado en junio de 2016, carecía curiosamente de fundamentación científica y resultó luego cuestionado por diversos científicos y activistas. Pero, al margen del debate, estos remarcaron un llamativo hecho del día de aquel anuncio: quien controlaba el ingreso y administraba los detalles del acto era Jay Byrne, el ex gerente de comunicaciones de la Monsanto.