Serie de irregularidades complica caso Illanes

A un año del asesinato del exviceministro Rodolfo Illanes, la familia aún acongojada por la repentina pérdida de su ser querido, en declaraciones a EL DIARIO, denunció que desde mayo se presentaron en el juicio irregularidades, como el hecho de que la Fiscalía no se ha pronunciado sobre la situación jurídica del excomandante nacional de la Policía, general en retiro Rino Salazar.

Por otro lado, los familiares de Illanes también reservan pruebas y prefieren no revelar aún con quién y el contenido de la última conversación telefónica que mantuvo Illanes aquel trágico 25 de agosto de 2016, cuando fue asesinado a golpes en el cerro Pucara, de la localidad de Panduro de Oruro, a manos de una turba enardecida de cooperativistas mineros.

La defensa de la familia Illanes presentó ayer un recurso para que el juez séptimo de materia en lo penal cautelar, Héctor Quilla, conmine a la Fiscalía a presentar la resolución conclusiva del caso, debido a que en la audiencia de hace dos días, donde se concedió la cesación a la detención preventiva de los mineros René Cochi Trujillo y Clemente Colque Arancibia, el fiscal Javier Flores afirmó que ya habían terminado los actos investigativos.

Según la declaración de los testigos y los propios imputados con los que tuvo contacto nuestro medio, el asesinato de Illanes solo fue una reacción lógica por la muerte de dos de sus compañeros, que aquella tarde cayeron abatidos en la carretera con heridas provocadas por arma de fuego. El reporte extraoficial señalaba 27 heridos.

MINISTERIO PÚBLICO

EL DIARIO pidió también información al Ministerio Público sobre cuál era el estado de la investigación por el asesinato de los cuatro mineros cooperativistas que perdieron la vida, producto de disparos en enfrentamientos con la Policía registrados en La Paz y Cochabamba, entre el 24 y 25 de agosto, pero no recibió respuesta alguna.

Las causas de muerte de los cooperativistas fue motivo de polémica entre la Policía y el defensor del Pueblo, David Tezanos, quien entregó un informe señalando que pese a órdenes superiores, los efectivos de la Policía portaban armas de reglamento y estas fueron disparadas contra los cooperativistas, prueba de ello eran las dos cajas con los cartuchos (de gases y proyectiles) que se entregó a la Fiscalía, recolectadas por el personal de la Defensoría.

ANTECEDENTES

En esas fechas, los cooperativistas mineros mantenían protestas a nivel nacional, en contra de las reformas debatidas en la Asamblea Legislativa para modificar la Ley de Minería, que los obligaba a dar prestaciones sociales a sus dependientes, norma que de todas formas fue aprobada una vez descabezada la dirigencia de la Federación de Cooperativas Mineros (Decomin), cuyos miembros fueron detenidos y enviados a las cárceles de Chonchocoro y Patacamaya.

Pidiendo no ser individualizados, los familiares de Illanes manifiestan que, pese a la demora de un año, mantienen su confianza en el trabajo de la Fiscalía, pero no pueden dejar de sospechar de irregualridades, al percatarse que desde el 16 de mayo, cuando declaró el excomandante de la Policía, no se ha realizado otro acto investigativo ni se define si el investigado, general Salazar, será imputado por los delitos de incumplimiento de deberes y negación de auxilio a Illanes, cargos por los que fue cautelado el coronel José Luis Aranibar, excomandante departamental y responsable directo de los operativos de desbloqueo de las carretera a Oruro, donde fallecieron dos mineros.

Otro aspecto que levanta susceptibilidad a la familia es la negativa de la Fiscalía a dar copia de las declaraciones de Salazar, señalando que el caso se encuentra en reserva, hecho que nunca fue ordenado por el juez.

Por la muerte de Illanes, al momento existen 19 imputados, incluido Aranibar con detención domiciliaria; todos los otros, cooperativitas, están detenidos en la cárcel y solo dos han recobraron la libertad hace dos días.

Pero, por el asesinato de los cooperativistas Fermín Mamani Aspeti, Severino Ichota, Pedro Mamani Masi y Ruben Arapaya, la Fiscalía no ha hecho conocer el nombre de ningún investigado o sospechoso y, en el caso de Cochabamba, la última información daba cuenta que el caso había sido cerrado, dejando impunes los crímenes.

Hoy, la familia del exviceministro de Régimen Interior y Policía, Rodolfo Illanes, estará presente en la misa de cabo de año, en la Iglesia de La Merced, situada en la calle Colón.