Fiscalía elabora cuestionario a Ministra Achacollo

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El fiscal Roger Velásquez, que investiga presuntos hechos de corrupción en la Dirección General de Coca e Industrialización (Digcoin), informó ayer que elabora un cuestionario para enviarle a la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, a fin de que esclarezca varias dudas que surgieron en torno a su autoridad y la presunta elevación “ilegal” del costo de la renovación de las licencias para la comercialización de coca.

“A raíz de algunas aseveraciones que se han hecho en audiencia cautelar, en sentido de que la Ministra conocía de ese incremento, bajo lo que establece el Código de Procedimiento Penal, vamos a elaborar una batería de preguntas para que la señora ministra Nemesia Achacollo responda y también adjunte documentación que podría cursar en esa cartera de Estado”, explicó

Agregó que esta semana se reunirá con el investigador de la policía para elaborar las preguntas referidas a los hechos que se investigan. “Es necesario conocer si la Ministra en verdad conocía del incremento de 600 a 1.200 bolivianos, para la renovación de licencias”,  dijo el fiscal.

A denuncia del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, la fiscalía abrió una investigación e imputó al ahora exdirector de Digcoin Luis Cutipa por el incremento irregular del costo de las licencias, por el cual se recaudaron 6.380.400 bolivianos, y el presunto desvío de coca decomisada.

Por el tema de las licencias, también está imputado el exviceministro de Coca Dionisio Núñez, quien aseguró que Achacollo conocía de ese incremento, autorizado por una resolución administrativa, e incluso autorizó la compra de vehículos con el dinero recaudado por Digcoin por la renovación de 5.317 licencias de comercialización de coca.

Cutipa, que guarda detención en la cárcel de Patacamaya, a través de su abogado solicitó la cesación de su detención preventiva respaldado en los documentos entregados al fiscal para desvirtuar las denuncias en su contra.

Andrés Zúñiga, abogado de Cutipa, anticipó que presentará un recurso de prejudicialidad para que los hechos denunciados sean investigados en vía administrativa.