Pérdidas por arbitrajes equivalen al presupuesto del Órgano Judicial de 4 años

Las pérdidas que sumó el Estado boliviano en arbitrajes internacionales, a causa de nacionalizaciones de empresas públicas y otras controversias, equivalen al presupuesto de al menos cuatro años del Órgano Judicial, una institución que demanda un incremento de sus cuentas y requiere una reforma según personalidades nacionales y organismos internacionales.

Hasta ahora, el Estado perdió al menos 12 arbitrajes en el ámbito internacional, por lo que la cifra total que debe erogar de sus arcas llega a al menos 714 millones de dólares. Ese monto, al cambio oficial con la moneda nacional, representa 4.969 millones de bolivianos.

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Para este 2022, el Órgano Judicial informó que el presupuesto llega a 1.096 millones de bolivianos, de los que el 74% son destinados al pago de sueldos de su personal. En este caso, la pérdida de 4.969 millones de bolivianos por arbitrajes podía solventar el presupuesto de más de cuatro años del ese órgano estatal.

No obstante, la senadora Centa Rek, jefa de bancada de la alianza Creemos, advirtió que las pérdidas por esos arbitrajes son mayores y que llegan fácilmente a unos 1.000 millones de dólares, si es que se toma en cuenta el pago de abogados para la defensa legal del Estado boliviano y otros aspectos relacionados a esos litigios.

Rek advirtió que esos recursos perdidos podían mejorar los sueldos del personal de este órgano estatal que incluso atraviesa denuncias de corrupción.

Este año, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, (TSJ), Ricardo Torres, presentó un proyecto de ley para que aumente el presupuesto del Órgano Judicial de parte del Estado de 400 millones a 1.000 millones bolivianos.

En este caso, se explicó que el actual presupuesto del Órgano Judicial, de 1.096 millones de bolivianos, recibe 400 millones del Estado y el resto es solventado por el propio órgano con recursos propios.

Es por ello que Torres presentó un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para que haya una transferencia del nivel central del 3 % por coparticipación tributaria, a favor del Órgano Judicial. Con ese monto, acotó, se podrá dar paso a la modernización y a una mayor presencia de operadores de justicia en el territorio nacional.

Esta gestión se sumaron más voces a la reforma del Órgano Judicial. El presidente Luis Arce, durante la inauguración del año judicial. Identificó a la retardación de justicia, la corrupción y a la “enorme carga procesal” como los principales males de la justicia.

Políticos de la oposición también demandaron la reforma judicial en busca de su independencia. Además, representantes de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, recomendaron una reforma judicial.

Anulación de decreto

En busca de la transparencia del trabajo de la Procuraduría General del Estado, la instancia encargada de defender al Estado en el ámbito internacional, la senadora Rek propuso la anulación del Decreto Supremo 4447, aprobada el 13 de enero de 2021.

La asambleísta opositora indicó que ese decreto permite al Procurador General del Estado “ocultar la información a la población”, respecto a los contratos que firman con estudios de abogados para la defensa del Estado en arbitrajes internacionales.

Lamentó que este decreto posibilite que sean “secretos” los contratos, debido a que, con esa base, el Procurador puede aducir “razones de Estado” para no dar información cuando así le exijan.

Esa situación, acotó, hace que se reduzca la capacidad fiscalizadora de los asambleístas, debido a que, ante pedidos de información escrita u oral, en el ámbito de la fiscalización, el Procurador puede responder que el dato es “confidencial”.

En ese sentido, la senadora advirtió que es urgente la anulación de ese decreto por parte del órgano Ejecutivo, para dar transparencia a la labor que cumple el Procurador General del Estado.

BD/JJC