Refugio a Soza, nueva fisura en relación Bolivia – Brasil

Brasilia, 12 mar (EFE).- La confirmación de que el exfiscal boliviano Marcelo Soza ha pedido refugio en Brasil abrió hoy una nueva grieta en las relaciones entre los Gobiernos de Evo Morales y Dilma Rousseff, ya deterioradas por la fuga del senador opositor Roger Pinto de La Paz con ayuda de diplomáticos brasileños.

“Es otra tuerca que se afloja en una relación que no está bien”, dijo a Efe una fuente diplomática en Brasilia, donde Soza inició este martes los trámites del refugio, según confirmó la embajada brasileña en La Paz.

Como fiscal, Soza estuvo a cargo del llamado “caso terrorismo”, referido a un supuesto complot contra Morales destapado en abril de 2009 en Santa Cruz de la Sierra, donde un comando policial desbarató una supuesta célula que planificaba un magnicidio.

En esa operación murieron el croata-húngaro-boliviano Eduardo Rozsa, el rumano Magyarosi Arpak y el irlandés Dwayer Michael Martin, y fueron arrestados el croata-boliviano Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó, ambos todavía en prisión.

Hace un año, Soza renunció al caso y a su cargo después de que aparecieron unas grabaciones en las que supuestamente denunciaba asuntos de corrupción en la justicia boliviana y unas fotografías suyas con abogados a los que el Gobierno acusa de extorsión.

Algunos de los imputados por Soza en ese asunto lo acusaron precisamente de extorsión y la Fiscalía General lo procesó por incumplimiento de deberes en ese juicio.

La Fiscalía lo esperaba hoy en La Paz para declarar sobre el caso, pero ya Soza se encontraba en Brasilia, con su solicitud de refugio en manos de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), un organismo que depende del Ministerio de Justicia brasileño.

Según dijeron a Efe fuentes oficiales en Brasilia, Soza contrató al abogado brasileño Fernando Tiburcio, quien defiende al senador opositor boliviano Roger Pinto, quien se encuentra en Brasil con un estatus temporal de refugio, el mismo que ya ampara al exfiscal.

Morales reaccionó inmediatamente hoy en La Paz y tildó a Soza de “corrupto” y “delincuente confeso”, calificativos similares a los que usó en su momento para referirse a Pinto, mientras que en Brasilia se mantenía un completo silencio sobre el asunto.

Fuentes del Gobierno brasileño consultadas por Efe dijeron que el caso depende ahora de la Conare, que, según normas internacionales de refugio y asilo, no puede comentar ningún proceso que esté en curso.

La aparición de Soza en Brasilia ocurre poco más de seis meses después de que el senador Pinto, un tenaz opositor de Morales, saliera de la embajada brasileña en La Paz, donde permaneció acogido durante más de un año, y cruzara la frontera con ayuda diplomática brasileña.

Pinto, quien dice ser “perseguido” por el Gobierno de su país, huyó de Bolivia sin el necesario salvoconducto y su salida de la embajada fue calificada como “fuga” por las autoridades bolivianas.

La confesa complicidad de diplomáticos brasileños en su huida llevó a la dimisión del canciller brasileño Antonio Patriota, quien en agosto pasado fue reemplazado por Luiz Alberto Figueiredo.

Aunque Rousseff y Morales dieron por superado el conflicto en una reunión que tuvieron paralela a una cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), fuentes diplomáticas dijeron hoy a Efe que La Paz aún espera que “le devuelvan a Pinto, y ahora también que le devuelvan a Soza”.

No obstante, aún si ambos pedidos de refugio son negados, Pinto y Soza tendrán derecho a viajar a un tercer país y sólo regresarían a Bolivia si así lo quisieran.

El último recurso al que puede apelar Bolivia es solicitar la captura con fines de extradición, pero sólo estaría en condiciones legales de hacerlo una vez que la Conare defina la situación legal de ambos en Brasil y siempre que no hayan viajado ya a otro país.

“Sin duda, esto resentirá más la relación”, dijo a Efe una fuente diplomática, que recordó que Morales y el ecuatoriano Rafael Correa son los únicos presidentes suramericanos a los que Rousseff no ha visitado ni recibido desde que asumió el poder, en enero de 2011.

La misma fuente mencionó que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) acordó en noviembre en La Paz, a instancias de Bolivia, una declaración según la cual los países miembros evitarán convertirse en “refugio para personas procesadas o sancionadas por corrupción”.

Según este diplomático, en caso de que prosperen los pedidos de refugio de Pinto y Soza, Bolivia pudiera llegar al extremo de denunciar estos casos ante la Celac.