Problemas por límites caldean América Latina

5 feb (EFE).- Mientras Chile y Perú se enfocan en dar más brío a sus relaciones una vez finalizado el largo proceso judicial en la Corte de La Haya por sus límites marítimos, otros conflictos entre países latinoamericanos elevados al alto tribunal internacional siguen candentes, incluso después del fallo.

Santiago será mañana escenario de una nueva cita del llamado 2+2, un mecanismo de consulta y concertación en el que participan los ministros de Exteriores y de Defensa de Chile y Perú, que será la primera después del fallo emitido en enero por la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

La sentencia, que responde a una demanda peruana, presentada en 2008, mantiene la frontera marítima actual hasta las 80 millas, pero la cambia desde ahí hasta las 200 millas a favor de Perú.

Los dos Gobiernos se comprometieron a respetar y acatar el fallo y a implementarlo de forma gradual en el mismo clima armonioso y conciliador que ha reinado a lo largo de todo el proceso.

La conducta de peruanos y chilenos no es lo habitual en estos casos. Hay países, como Estados Unidos, por ejemplo, que abandonaron la CIJ después de que emitiera un fallo que les era adverso.

En 1986 la CIJ, en respuesta a una demanda de Nicaragua por el apoyo estadounidense a los “contras” que luchaban contra la revolución sandinista, estableció que EE.UU. violaba con esas acciones el derecho internacional consuetudinario y anunció que debía pagar una multa por los daños millonarios causados, que nunca se concretó y cuyo importe ni siquiera se llegó a fijar.

Ahora Nicaragua está de nuevo en la Corte como demandante y como demandado por litigios con Colombia y Costa Rica a propósito de los límites en el Caribe y en un río fronterizo, respectivamente.

En noviembre de 2012 la CIJ estableció que la soberanía de una extensa área del Caribe hasta entonces controlada por Colombia le corresponde a Nicaragua, pero mantuvo bajo soberanía colombiana una serie de cayos, como había hecho previamente con las islas mayores del archipiélago (San Andrés, Providencia y Santa Catalina).

El fallo cayó como una bomba en Colombia, cuyo Gobierno inició un proceso con vistas a abandonar la jurisdicción de la CIJ y declaró “inaplicable” lo fallado hasta que se celebre un tratado que proteja los derechos nacionales y se ajuste a la Constitución.

Entre tanto, Nicaragua dobló la apuesta y presentó en septiembre de 2013 otra demanda para que la CIJ trace el “rumbo exacto” de la frontera entre ambos países en el Caribe mas allá de la 200 millas.

En noviembre el Gobierno nicaragüense sumó otra queja contra Colombia por incumplimiento del fallo de 2012.

Este martes la CIJ anunció que Nicaragua tiene plazo hasta octubre para entregar el procedimiento escrito con los argumentos de su posición respecto a la frontera marítima a partir de las 200 millas náuticas y Colombia, hasta junio de 2015.

Nicaragua además tiene planteada una demanda contra Costa Rica por presuntamente haber causado daños medioambientales al fronterizo río San Juan, de soberanía nicaragüense.

A su vez está demandada ante el mismo tribunal por Costa Rica por invasión de territorio y daños medioambientales en una zona que ambos reclaman como propia.

El canciller de Costa Rica, Enrique Castillo, acaba de advertir que antes de que la presidenta Laura Chinchilla deje el puesto, el 8 de mayo, su país presentará otra demanda contra Nicaragua ante la CIJ, en este caso bajo la acusación de ofertar bloques marinos ubicados en territorio costarricense.

El Gobierno nicaragüense señaló hoy que la declaración de Castillo tiene “el propósito de intentar cerrar las puertas a cualquier diálogo” con el Gobierno costarricense que surja de la segunda vuelta electoral, prevista para abril.

Esta semana Luis Guillermo Solís, del centro izquierdista Partido Acción Ciudadana (PAC), que se medirá en la segunda vuelta con Johnny Araya, del gobernante Partido Liberación Nacional (PLN), manifestó a Efe que es necesario “desnicaraguanizar” la política exterior de su país y se mostró dispuesto al diálogo.

Otro conflicto enconado es la reclamación de Bolivia a Chile para que le entregue territorio con salida al Pacífico con soberanía.

Después de décadas de reclamar y de infructuosas conversaciones, el Gobierno boliviano decidió en 2013 elevar el caso a la CIJ, en este caso con el fin de obligar a Chile a negociar una salida al enclaustramiento de Bolivia, condición en la que quedó al ser derrotado por la tropas chilenas en una guerra del siglo XIX.

Aunque se pensó que el fallo en el caso Perú-Chile y la próxima llegada de Michelle Bachelet a la presidencia chilena podían hacer desistir a Bolivia de la demanda, el Gobierno de Evo Morales ha ratificado que seguirá adelante y que un posible diálogo bilateral no debe estar condicionado a la retirada.