Legislación deportiva deja en abandono a los atletas nacionales

La actual Ley del Deporte 804 no estipula cuáles son las responsabilidades de cada uno de los estamentos de poder en el país. Tampoco señala cuál es el porcentaje de sus presupuestos que deben ser destinados al desarrollo o apoyo al deporte, dejando el tema a la voluntad de cada autoridad.

La exclusión de las responsabilidades de cada autoridad (municipal, departamental y nacional) en la nueva legislación, que estaban estipuladas en la anterior Ley del Deporte 2770, deja, sobre todo a los deportistas de alto rendimiento, sin una normativa que les permita reclamar el apoyo para su preparación y/o participación en los diferentes torneos.

Con la anterior normativa, cada uno de los estamentos de poder debía invertir un mínimo del 3 por ciento de sus presupuestos en el deporte, lo que generaba un presupuesto obligatorio y con responsabilidades de apoyar a sus deportistas en participaciones departamentales, nacionales e internacionales.

El artículo 68 de la Ley 804 señala que el financiamiento para el deporte nacional tiene diferentes fuentes: el Tesoro General de la Nacional (TGN) de acuerdo a la disponibilidad financiera; donaciones y créditos, y recursos específicos, pero al señalar que el presupuesto se destinará de acuerdo a la “disponibilidad financiera”, deja a criterio de las autoridades el porcentaje que se asignará y cómo serán invertidos.

Con esta normativa, pocos son los municipios y gobernaciones que definieron programas de apoyo sostenido a sus deportistas, con un proyecto a corto, mediano y largo plazo.

Un claro ejemplo es la Gobernación de Oruro, que, a través de su Sedede, tiene un proyecto de apoyo a sus deportistas de alto rendimiento, con el que por ejemplo los fondistas Héctor Garbay y Vidal Basco han logrado estar en constante competencia internacional, bajo un calendario de pruebas y objetivos específicos, dejando a los atletas con la única misión de entrenarse, sin tener que preocuparse si podrán o no viajar a sus carreras.

La Ley 804, en el artículo 13, señala que existen tres niveles de desarrollo deportivo: recreativo, formativo y competitivo de alto rendimiento, asignando al Estado la responsabilidad de establecer las políticas, planes, programas y proyectos; sin embargo, debido a que no hay relación entre el Estado y las federaciones —que aglutinan el deporte formativo y competitivo— no existen planes para su fortalecimiento.

Antes de la Ley 804, el Estado trabajaba con las federaciones a través del Fondo de Inversión al Deporte (FID) y, aunque nunca se tuvo un proyecto de apoyo a largo plazo, el Gobierno coordinaba la inversión en el deporte de alto rendimiento en base a las actividades internacionales a las que se debía asistir y se apoyaba en la organización de eventos nacionales.

Esta relación se rompió en 2014 con la creación del Ministerio de Deportes y empeoró tras la promulgación de la Ley 804, ya que se pide a las federaciones inscribirse en el Registro Único Nacional, meta que a la fecha sólo tres lograron, dejando al resto sin el apoyo del Estado y sin forma de reclamarlo, porque no son parte del Sistema Deportivo.

Fue ante esta contingencia que el Gobierno buscó mecanismos para que el apoyo llegue al deportista, que hoy en día se hace con el Prodecom, que sólo es un paliativo porque no cubre preparación, sino sólo los viajes a torneos para contados deportistas.

 “Hay deportistas con más talento”

“Hay muchos deportistas con menos recursos y más talento”, respondió la viceministra de Deportes, Cielo Veizaga, a los reclamos que hicieron algunos raquetbolistas a la falta de apoyo.

Los reclamos de los raquetbolistas fueron debido a que esta disciplina es una de las que más lauros otorgó al país, pero aún así quedaron abandonados para asistir al Panamericano desarrollado en Santa Cruz.

Angélica Barrios, campeona panamericana, quinta en el ranking mundial, se molestó porque el Viceministerio de Deportes usó su imagen en redes sociales celebrando el título, después de que no le otorgaron el apoyo solicitado.