Proyecto de ley de inversión frena nuevas nacionalizaciones

Con la nueva norma, el Gobierno otorga más garantías a los inversionistas extranjeros que quieran llegar al país. Un analista considera “ambiguo” este punto.

El proyecto de Ley de Promoción de Inversiones  pone freno a la nacionalización de las inversiones que lleguen al país al amparo de la nueva norma.  
Los empresarios privados  de Santa Cruz destacan la medida, aunque consideran que el proyecto debe ser debatido con este sector.
“El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa empresarial, otorgándole seguridad jurídica y promoviendo su desarrollo para fortalecer la independencia y soberanía económica del país.  En este marco, las inversiones que se realicen bajo las regulaciones de la presente ley no serán nacionalizadas”, dispone el artículo 27 del proyecto de ley al que tuvo acceso Página Siete. 
El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Gabriel Dabdoub, opinó que la inclusión de este artículo genera certidumbre en el sector privado, pero considera que en general todos los capitales deberían estar garantizados.

“Sería importante discutir, socializar y debatir este proyecto en las regiones con los actores involucrados, porque es importante el aporte que puede hacer cada uno de ellos. Sobre el artículo de las nacionalizaciones se da cierta certidumbre en la actividad empresarial, pero todas las inversiones deberían estar garantizadas en el marco de la propiedad privada”, comentó. 
En el mismo artículo (27) del proyecto, sin embargo, se precisa que “únicamente procederá la nacionalización por razones de interés público o cuando se comprometa la soberanía nacional”. Y para estos casos dispone que el Estado reconocerá un pago “justo y oportuno” por la inversión directa realizada.

La compensación  será establecida tomando en cuenta “los estados financieros auditados con corte a la fecha de la nacionalización, debidamente presentados ante la administración tributaria”, precisa el proyecto. 
Además, este balance  deberá ser elaborado por una firma de auditoría externa, pero subraya que el pago justo “descontará” pasivos, tanto exigibles como contingentes, referidos a temas financieros, tributarios, laborales, comerciales, sociales, así como tasas regulatorias y pasivos ambientales.

El analista y exministro de Desarrollo Económico Horst Grebe opinó que la norma es ambigua, porque por un lado garantiza que no habrá nuevas expropiaciones,  pero que da un margen para que eso suceda si es por interés público y soberanía.
“Deberíamos preguntarnos qué será considerado de interés público y nacional, eso es un concepto bastante elástico en estos tiempos. Las leyes pueden ser bastantes buenas, pero preocupa su administración”, dijo.

La inversión extranjera a septiembre de 2013 llegó a 1.366 millones de dólares (ver gráfica).

Lo que dice la  ley
Reconocimiento  En el caso de que una empresa privada sea nacionalizada, el pago se “realizará en el país en moneda nacional, garantizándose su libre convertibilidad y transferencia al extranjero”, dispone el inciso C del artículo 27 del proyecto de ley de inversiones.
Plazo  Las partes (privada y Estado), en  seis meses a partir de la publicación de la norma que disponga la nacionalización, deberán acordar el “pago justo” por la inversión directa efectivamente realizada. Agotado el plazo sin que se hubiese arribado a un acuerdo, la solución de la controversia se sujetará a la vía arbitral conforme a la Ley de Conciliación y Arbitraje que incluirá regulaciones específicas para la resolución de controversias en materia de inversiones.

Sugieren que haya   incentivos tributarios para atraer capitales

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) sugirió al Gobierno que la nueva Ley de Promoción de Inversiones incluya  incentivos tributarios y se impulse una nueva norma de arbitraje.
“Para atraer una inversión, seguro que el inversor extranjero va a pedir qué tipo de concesiones tributarias tiene para el inicio de una inversión. Va a querer saber, en el caso de alguna controversia, quién va a resolver la misma”, opinó  el presidente de la CEPB, Daniel Sánchez. 
“Por ello, es necesaria (la aprobación de) esa ley de arbitraje que también el Gobierno dijo que iba a sacar el año pasado y, lógicamente, el Código Tributario que va a contener, seguramente, algunos capítulos que van a ir a la nueva inversión”, expresó el ejecutivo.
Hasta el momento, la norma de inversiones está en la Cámara de Diputados, que derivará su tratamiento a una comisión para que la evalúe. Luego de ser aprobada por los legisladores irá a la Cámara de Senadores. 
“Hay observaciones que (el proyecto) va a recibir de todos los sectores. No es una ley que esté totalmente consensuada; pero habrá que ver qué se puede arreglar de la misma porque es el Gobierno el que tiene que salir a recoger las inversiones de afuera”, agregó Sánchez.
Esta norma incluye la protección de las inversiones extranjeras. “No somos los privados quienes vamos a atraer más inversiones, es el clima de negocios que muestra el Gobierno hacia afuera, es el clima de negocios interno el que debe resolverse, es el Código Tributario y otras normas que van a influir en esa ley de inversiones”, subrayó el representante de los empresarios.