Pueblos mineros imponen sus propias leyes al norte de La Paz

Las autoridades no pueden imponer la ley en la comunidad minera Ananea, ubicada al norte de La Paz, cuyos pobladores apelan a sus propias formas de organización y resolución de conflictos de los que la Policía, la Fiscalía o los jueces, no forman parte. El problema se reveló esta semana en el área rural del departamento paceño.

Los mineros de la cooperativa Rosario de Ananea acudieron a las autoridades para retomar sus posesiones, que fueron arrebatadas por los campesinos del lugar. La Policía acudió al lugar y se produjo un enfrentamiento en el que murió un efectivo. Otros seis policías cayeron como rehenes y la institución apeló al “intercambio”, pues ellos tenían dos mujeres de la comunidad y solamente de ese modo recuperaron a los seis uniformados que habían sido atrapados en la refriega del lunes. El martes abandonaron la zona.

Pero la Policía no es la única que tiene problemas, el fiscal Fernando Cabrera informó de que en el caso de la toma que sufrieron los cooperativistas, en mayo de este año, hay tres imputados y siete mandamientos de aprehensión para otros lugareños, pero ninguno está tras las rejas porque no tienen capacidad operativa para atrapar a los acusados y conducirlos ante un juez.

La autoridad dijo que, desde junio, los dirigentes Juan Mamani, Esteban Salazar e Iván Flores tienen imputación formal y no pueden ser detenidos para ser conducidos a su audiencia cautelar; además, otros siete campesinos tienen orden de aprehensión porque nunca se presentaron a declarar y cuando los investigadores se hicieron presentes fueron atemorizados e intimidados.

Los únicos que tienen cierta capacidad de convocatoria son las autoridades comunales, como los ejecutivos seccionales o los ejecutivos provinciales que tienen la posibilidad de llegar hasta un centro minero y convocar a los dirigentes para negociar y concertar las posibles soluciones de un poblado.

En Oruro
La misma situación se vivió el 24 de junio en la comunidad de Huayllpampa en el municipio minero de Huanuni, en el departamento de Oruro, cuando Manuel Yucra Escobar, padre de una adolescente que intentó quitarse la vida con una dinamita, no acudió a la Policía ni a la Fiscalía, de hecho convocó a las autoridades comunales para informar del suceso y pidieron al fiscal y a la Policía no involucrarse y estas sin problemas dejaron que se arreglara todo internamente.

Los cooperativistas lamentaron que la ley no pueda llegar a algunos centros mineros del norte de La Paz y tengan que ser los propios pobladores los que busquen sus salidas. La misma percepción tiene el fiscal Cabrera, quien dijo que existe un manto de encubrimiento en esos lugares alejados y donde la institucionalidad no puede hacer presencia.
En Ananea fueron las autoridades comunales las que forjaron la solución; lo que la Policía no logró por la fuerza