Una tarde de imputación  (del crimen que jamás cometieron)

El fiscal vestido con camisa floreada y con brillos relucientes como chispas de botox se permite la lectura de la imputación que se interrumpe por el repentino corte que deja sin luz el pueblo y sin los servicios de impresión en la FELC-C. Mismo así, la secretaria de la fiscalía lee la resolución impresa antes del apagón. Ningún reclamó aquí es permitido, sino amenazan con meterte a la celda.

Ascención de Guarayos como la mayor parte de las poblaciones del Oriente boliviano descansa a esta hora del día. Son las dos de la tarde. El furioso calor esconde su gente que se refugia en una insostenible y tensa tranquilidad que se agrieta por las tensiones del día. Apenas unas cuentas motos de las tantas que se mueven por sus polvorientas calles transitan instigadas por alguna diligencia de emergencia. La movilidad en la que viajamos está al filo de la hora. No hay tiempo de desviar hasta la casa de la corregidora, Piedades Rivero, que a esta hora debe estar esperando impaciente la audiencia convocada por el fiscal Cisneros contra los supuestos responsables de la muerte de Franklin Delgadillo.

Ascención de Guarayos no es visible desde lejos. La llanura que la rodea se hace perceptible a poco de ingresar por debajo de un arco que da la bienvenida al que llega. No hay edificios importantes. El comercio está repartido eso sí por todo el pueblo. Una inusual cantidad de librerías y farmacias juntas; la gente no parece enferma y los comerciantes preguntan y te venden sin regañadientes. Es la sencillez la que abunda. Los productos amazónicos se exhiben en algunos puestos; aceites para curar los espasmos, tejidos de fibra gruesa y raíces contra el insomnio. Guarayos es una fuente de riqueza. Potencial de recursos madereros y de cultivos que darían para sostener de bienestar a poblaciones enteras. Es de acuerdo a la ley que aquí vale poco “reserva forestal de la humanidad”.

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El rumor que se escucha en el pueblo es que los traficantes de tierra han conformado un poder que se encarga de tomar propiedades por la fuerza. Usan la violencia organizada para asustar a los pobladores. En la provincia Guarayos es frecuente escuchar que grupos ilegales han tomado nuevamente otra propiedad. El abogado defensor de una de ellas cuenta que ya son como 10 en la misma situación y, a pesar de tener la orden de desalojo, ha sido difícil retirarlos porque hay quienes alientan a por el delito.

El abogado, Álvaro La Torre, defiende meticuloso el ilegal avasallamiento de tierras. El último en el que perdió la vida un muchacho por circunstancias hasta el momento no aclaradas. El abogado esta conminado a presentarse esta tarde a la policía por una orden fiscal que lo apunta como responsable por la muerte de Franqui Delgadillo Cárdenas (22). Días antes de la audiencia dat0s intentó conversar con el fiscal Cisneros. Nos trasladamos hasta la Fiscalía de Guarayos, una casa de dos plantas en la que funcionan varias oficinas del Ministerio Público. Al lado de la puerta de la oficina del fiscal atiende la Defensoría de la Niñez. Temprano, hay por lo menos tres mujeres jóvenes aguardando su turno para sentar alguna denuncia. La oficina de la Fiscalía está cerrada con candado. En un papel de cuaderno colado al lado de la puerta se lee los horarios de atención de 08:00 a 12:00 y de 14:30 a 18:30. Claramente la oficina incumple sus horarios de atención. Son las 09:15.

El Cruce ha sido la última propiedad invadida por los traficantes de tierra a los que más comúnmente se los conoce en el pueblo como “avasalladores”. Allí algún día se llegaron a producir 5 000 hectáreas de arroz y estaba lista para la época de siembra que es entre mayo y junio. Podría parecer absurdo, pero lo que los traficantes hacen es repartirse la tierra en pequeñas parcelas destrozando el trabajo comunitario. Buscan asentarse sobre la vera del camino para instalar un puesto de venta de refrescos, galletas y baratijas que requiere el viajero en la población San Antonio del Junte que está a unos 200 kilómetros de Ascensión de Guarayos y a más de 400 de Santa Cruz de la Sierra. Los cabecillas de los traficantes de tierras han comprometido en El Cruce a sus seguidores creyentes con engaños para lucrar entre 3 000 a 4 000 dólares por parcela. Así es como se destruye la producción a gran escala. Poco a poco se deterioran los equipos de producción, los silos se corroen por la humedad y se pierden millonarias inversiones.

El Cruce es una propiedad peculiar porque hace al menos 9 años fue incautada por la Dirección de Bienes Incautados (DIRCABI) Nadie quiere hablar de la propiedad. El exdirector departamental de Dircabi en Santa Cruz, Juan Manuel Pinto, destituido por una foto en la que aparece luciéndose junto a la familia del clan de narcotraficantes peruanos Quintana Zamora que opera fuertemente en Bolivia, aparenta ser un hombre dicharachero. Cuando contesta su celular llama a uno de “amigo”, pero dice que no está autorizado a brindar ninguna información sobre El Cruce. En esa línea de confianza que pretende establecer no resiste sus impulsos. Señala que hay una comisión a cargo del avasallamiento a la propiedad.

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En Ascención de Guarayos no todos son ganaderos ni agricultores. No se ve andando en el pueblo gente con aspecto varonil de agricultor con botas o vaqueros ni los músculos fornidos por el exceso de trabajo en el campo. Más bien podría decirse que todos en sus motos tienen el mismo aspecto taciturno y bonachón. En Ascención de Guarayos retumba el sonido ronco de las motocicletas. Hay concesionarias que invitan a sus pobladores comprar este transporte de dos ruedas a crédito, pero no se advierte ningún comerció donde se pueda adquirir herramientas para el campo, palas mecánicas, guinches ni tractores.

El sindicato de trabajadores de El Cruce

Cuando incautaron ilegalmente la propiedad, los juristas que no pudieron interferir la decisión de la justicia, lograron depositar en manos de los trabajadores la custodia del predio de 12 000 hectáreas aproximadamente. Ellos siguieron trabajando con el apoyo y sustento de la propietaria de los terrenos. Claudia Liliana Rodriguez Espitia, “la colombiana” como se la conoce en el lugar, fue una esperanza para ellos. A pesar del injusto proceso que carga sobre sus espaldas hace más de 12 años, no ha dejado de velar por el bien común. Ella asiste a sus trabajadores, los llama, está pendiente de la situación del sindicato que con el tiempo se ha reducido, pero sigue funcionando en el campamento, una casa de una planta de algo más de 100 metros de construcción que es a la vez una especie de oficina. A uno de los costados del campamento hay maquinaria de labor pesada para el campo. Si en su momento los trabajadores en El Cruce llegaron a ser como 300, quedaron alrededor de 30 que siguen peleando para que la maleza no invada el terreno.

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El Cruce conserva su aspecto productivo. Es parte de una inversión de más de 35 000 hectáreas de tierras que se compraron durante el tiempo de dos años consecutivos en las provincias Guarayos y en la Chiquitania con capitales suizos debidamente respaldados como concluye el informe de investigación forense encargada por el Ministerio Público a peritos en la materia. Después de un tiempo de analizar las transferencias del dinero que llegaba a través de procedimientos establecidos a nivel mundial- esto es, Swift bancarios y análisis financieros de las unidades de investigación de fortunas de ambos países- los expertos concluyeron que la procedencia del dinero era legal. Haciendo oídos sordos al informe, se inició un juicio contra la legítima propietaria de esas tierras por legitimación de ganancias ilícitas.

Sara Cruz, es parte del grupo de los trabajadores en El Cruce. Confiesa que trabaja “para todos desde las 4 de la madrugada para llevar el pan del día a mis cuatro hijos”. La choza de Sara está al frente de la propiedad. Es tan visible que los traficantes de tierras llegaron hasta allí y la amenazaron incendiar su vivienda humilde si seguía oponiéndose a los avasallamientos. Ella y otros cuatro trabajadores de El Cruce fueron detenidos por policías que, según dicen en el pueblo, actuaban por órdenes de los traficantes de tierras. Fueron los primeros detenidos por la muerte del joven Franklin Delgadillo. Una vez en libertad al no encontrase pruebas de su participación en el hecho de sangre, los traficantes de tierras apuntaron contra el abogado del sindicato que también defiende a la propietaria.

Una asamblea que duró cinco horas en presencia del fiscal de Guarayos, policías y funcionarios que llegaron desde La Paz resolvieron emitir la orden de aprehensión contra el abogado La Torre. En esa asamblea se leyó un documento entre el fiscal y policías, bajo presión de los avasalladores. Todos los mecanismos jurisdiccionales fueron vulnerados. Se clamó a gritos que si no se lo detenía en 48 horas retomarían el bloqueo de la ruta Santa Cruz – Beni por la que transitan trailers cargados de alimentos para abastecer los mercados de las ciudades. “La policía se compromete a esclarecer la muerte de Franklin Delgadillo Cárdenas ejecutando las órdenes de aprehensión contra Álvaro La Torre y Claudia Liliana Rodriguez, ciudadana colombiana, mandamientos que pueden aplicarse en los 9 departamentos del país”, decía una parte de la resolución de esa Asamblea apócrifa. Cinco días después del deceso del muchacho no se habían emitido órdenes para investigar las circunstancias de la muerte extraña. Ni los estudios de planimetría ni balística que definieran la autoría ni la procedencia del disparo.

La hacienda modelo en la producción de arroz se convirtió desde entonces en un escenario de disputas alentadas por la muerte de aquel muchacho del que no se ha podido recoger información puesto que nadie quiere saber nada de él ni del esclarecimiento de su muerte. “Es una muerte olvidada”, diría uno de los entrevistados que pidió mantener su nombre en reserva. Los policías se limitaron a presenciar el desenlace sin interés de investigar el móvil del crimen. El fiscal no instruyó las pericias técnicas requeridas y el caso se diluyó generando sospechas de que había algún grado de complicidad en el grupo de avasalladores. Ni siquiera el fiscal que participó de esa asamblea se interesó en relevar una investigación de campo para determinar la autoría de la muerte. Y el caso entró en una dilación inoperante de los encargados de hacer justicia, mientras el cuerpo se exhibía en una mesa sin recibir cristiana sepultura.

El Cruce fue adquirida en el año 2007 de sus dueños de origen por Claudia Liliana Rodriguez Espitia. Cuando ella llegó a Bolivia con 35 años era una joven empresaria apoderada de un espíritu regio que no acepta desmayos ni injusticias; representante de un grupo de capitales suizos que identificó Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, como un dorado promisorio que crecía cada año al 8% y era una de las ciudades en América Latina que atraía exponenciales negocios en la construcción, la ganadería, la agroindustria y ofrecía oportunidades de desarrollo.

Claudia Liliana se instaló a un ritmo casi frenético para sembrar la semilla que un año más tarde alcanzaría frutos de alto rendimiento en la cosecha de arroz en El Cruce. Trabajaba desde temprano, cuidando metódicamente las operaciones financieras como buena alumna del HEC Université de Genève de Suiza. Su conocimiento y simpatía le valieron rápidamente una enorme responsabilidad de respeto entre sus interlocutores financieros. La productividad retornaba a tasas de rendimiento impensadas. Nunca fue mezquina y los negocios como ella misma dice “se realizan con gente que necesita trabajo, se la forma y capacita y gana interés para salir adelante”. Aplicó esa máxima desde el primer momento. Jamás dejó de viajar a las tierras adquiridas. No había estudiado agronomía ni nada parecido, pero pronto cumplió con uno de sus sueños. En menos de dos años de trabajo convirtió su empresa en la primera productora de arroz de Bolivia, cerca de 5 000 hectáreas de producción en húmedo.

Un crimen que jamás cometió

Esta mañana antes de partir a la audiencia convocada en Ascención de Guarayos (a responder por un crimen que jamás cometió) ha encaminado sus pasos a un edificio plomizo del centro de Santa Cruz en el que se encuentra el Juzgado 4to Público de Trabajo y Seguridad Social. Un incidente más no la detiene, aunque como ella misma confiesa, desgasta el alma que no debe por qué purgar en esferas terrenales. Ella se asoma a esta gris edificación a presentar un memorial para que se restituya el derecho de sus trabajadores a gozar en condiciones normales de las labores de la siembra en la que venían preparando la tierra. Primero, han sido desalojados a medias por fuerza bruta de los traficantes de tierras, y en segunda instancia; una decisión controversial de Dircabi los ha despojado del beneficio que gozaban como depositarios y ha entregado las tierras a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos. (EMAPA).

Los trabajadores de El Cruce fueron nombrados depositarios de sus bienes cuando se incautaron injustamente todas sus propiedades. El abogado que la defiende insiste que “los trabajadores tienen preferencias ante cualquier tipo de aprensión”. Son historias que no dejan de sorprender a los juristas al conocer el caso. “Se está cometiendo una gran injusticia con ella”, dice un abogado que se pone a examinar el largo proceso que no la detendrá hasta recuperar su inversión y lo que es de ella. Entretanto, los funcionarios de EMAPA que se han hecho cargo de la hacienda, no saben cómo sembrar.  Han expulsado a los trabajadores de la propiedad. Alejandro Vaca (76) es uno de ellos. Él resguardaba El Cruce y fue expulsado una mañana. “Me sacaron en una camioneta y me dejaron en el camino”, se queja. Dice que le habían prometido a él y a sus compañeros que se quedarían trabajando en la hacienda.

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La audiencia en Guarayos

El patio de la policía en la población de Ascención de Guarayos es singular. La parte de ingreso está llena de motocicletas inservibles acomodadas una detrás de otra atrapadas en la mortalidad del tiempo que se mide en ese instante como sombra. Al lado derecho, una pequeña lavandería que sirve a la vez de cocina y una mesa de comedor. Es un espacio abierto para que el vapor respire sin sofocar a los que ingresan a servirse un plato de arroz con queso. La yuca frita desprende un peculiar olor a aceite quemado. Y así las puertas de las demás piezas contiguas están entreabiertas. Un pequeño baño al que solo tienen acceso los uniformados; le sigue el dormitorio y una celda con barrotes del que cuelgan para la venta pulseras y adornos de hilo artesanal colorido. Es allí donde los detenidos se vuelven artistas para salir del perezoso y ondulante tormento que les priva la libertad.

En la esquina del patio está la celda destinada a las mujeres, pero está vacía. Al lado hay una habitación, esa siempre está cerrada. Se abre y cierra solo para el comandante de la unidad que atiende visitas importantes.

Al lado de esa habitación se lleva adelante la audiencia de los imputados por el crimen de Franklin Delgadillo. Un crimen que jamás cometieron. El fiscal se siente impoluto, no le agrada que muchas personas asistan a la audiencia. Hace como si eso no le importara; invita a los presentes a tomar asiento en el único banco de madera que hay en la oficina. Cisneros viste una camisa floreada tropical. Su rostro brilla por la luz de los potentes focos que están encendidos sin importar que afuera alumbra alocado el sol como en una cacería al aire libre. A su lado un gordo y malhumorado policía afirma su vocación sonriendo con un aire ´ustedes la van a pagar´ que desencaja la imparcialidad de su rango. A él poco le importa. Está deseoso de ejercer su autoridad con la sed de venganza que reafirman sus rasgos, su inútil improvisación.

El fiscal juega sus cartas sucias presurosamente. Sin que la luz eléctrica haya vuelto de un repentino corte, gira en un ciclo improvisado y lee la imputación impresa. Decreta la detención del abogado La Torre. Uno de los presentes escucha la resolución, quiere decir algo, pero se controla. Su advertencia diáfana se pierde entre las miradas que persiguen una explicación ante tal crudeza. Ni el fiscal ni el policía y menos las dos asistentes que se mueven gentilmente se conmueven. (“Esta imputación ya estaba impresa. Puede explicar… por favor…” – dice la defensa aturdida).

El fiscal Walter Cisneros ha salido presuroso de la sala evitando cualquier explicación incómoda. La defensa salta detrás de él y al cabo de unos minutos regresa a la sala mostrando señales de arreglo. No es la primera vez ni será la última. El policía se regocija de satisfacción. De aquí a poco ejercerá su temible rol de carcelero. Ese que le hace más fuerte. Aguarda que todos abandonen la sala. Quiere de una vez comunicarse con los traficantes de tierras a quienes contará los resultados de la audiencia. “El abogado Álvaro La Torre ha sido detenido por la muerte de Franklin Delgadillo”, dirá. Pero hay un detalle que se le olvida. El juez le ha concedido libertad.

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Allá, en San Antonio del Junte, el grupo de traficantes de tierras comenzará a escribir carteles con marcadores negros. “Justicia para Franqui, cárcel para los asesinos”, redondea con su mano derecha la madre del muchacho en una de las cartulinas. Ella no está tranquila. Sabe en el fondo con su intuición de madre que el asesino de Franklin está más cerca de lo que ella misma cree. Quizá en la carpa del lado, en el mismo pedazo de tierra en el que descansan improvisadamente. Sabe que la prisión de La Torre es una treta. Solo quiere que la pesadilla termine para montar su pequeño negocio en la ribera del camino. Anhela vender refrescos que ella aprendió a preparar cuando era niña. Esa noche Elisa Cárdenas no parará de llorar por lo que le espera al día siguiente.

Cuando el 19 de marzo Franqui cayó fulminado, los traficantes de tierra se juntaron cerca al único puesto policial pasando el puente San Pablo que divide los departamentos de Santa Cruz de la Sierra y el Beni. Los dos guardias que cumplían rondas agobiantes día por medio salieron inmediatamente para certificar que el cuerpo yacía sin vida a unos dos metros de la carretera. Comprobaron efectivamente que estaba muerto. Quedaron petrificados. En lugar de abrir el cuaderno de investigación resolvieron activar llamadas de alerta viajando en una motocicleta prestada hasta la primera guarnición para comunicar a sus superiores lo sucedido. Dos horas después cuando regresaron, unas 100 personas se habían juntado alrededor del cuerpo sin vida al borde del camino.

Los cabecillas de los traficantes de tierra estaban furiosos. Uno de ellos cruzó entre la masa; le relató al comandante de la unidad todo lo que había sucedido en su propia versión. Dijo que los asesinos eran gente del campamento de la propiedad avasallada. Le dijo también que era su deber detenerlos, que había que aplicarles un castigo ejemplar porque sino el pueblo ardería esa misma noche. Los más violentos del grupo ya habían iniciado el amedrentamiento. Visitaron las chozas de los dirigentes del sindicato para amenazarlos con quemarlos vivos. San Antonio del Junte vivía un estado de terror, nadie podría entrar ni salir hasta encontrar al asesino.

Los descargos de la defensa

La defensa ha presentado un listado de las llamadas que el imputado por el crimen realizó por su línea celular ese fatídico 19 de marzo, el día de la tragedia. También ha enseñado copias legalizadas de los boletos de la flota que lo trasladó a la capital. Videos de los edificios y las calles por las que transitó. Estaba con su padre comiendo salteñas en Sucre a 900 kilómetros del lugar. Pero nada lo ha movido al fiscal en la imputación. Entre los avasalladores que lo sindican por homicidio hay quienes juran haberlo visto participando de un ampliado en horas de la noche en el mismo lugar en el que perdió la vida el muchacho, por el impacto de un arma de salón que así llaman en Guarayos, a los rifles que usan para la caza de animales salvajes.

Ese rumor alentó en la asamblea, pero como era mentira, los acusadores apuntaron por la muerte de Franqui a cuatro empleados del campamento. Una semana después de haberles otorgado la libertad por falta de pruebas, Sara Cruz, una de las detenidas, diría que nadie puede perseguir por algo que no has hecho. Los llamo sin tamiz “gente podrida”. Se refiere a todos por igual: a los avasalladores que la señalaron y amenazaron quemarle su casa, a los policías y al fiscal que la noche de la asamblea ya había escogido el premio que le ofrecían para volver esa noche a su casa en una movilidad último modelo color rojo eléctrico con vidrios polarizados.

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