20 de octubre de 2019 | Capítulo III. Los cabildos y los personajes detrás de la crisis política

El 20 de octubre de 2019, hace exactamente dos años, Bolivia vivió uno de los periodos más descarnados de su historia política contemporánea. Dos semanas después de las elecciones generales convocadas para esa fecha, el presidente Evo Morales que había gobernado 14 años consecutivos -el mandato más largo de cualquier otro periodo presidencial- abandonó Bolivia acorralado por un movimiento cívico que se manifestó en los diferentes departamentos del país. En la edición de noviembre de ese mismo año, dat0s relató en siete capítulos el particular momento que se vivía en Bolivia a punto de estallar en una guerra civil.

En el tercer capítulo, el candidato por Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa segundo más votado es rebasado por la articulación de los cabildos que ya no piden la segunda vuelta sino nuevas elecciones y los más radicalizados la renuncia del presidente. El Gobierno denuncia un complot de la derecha y enfrenta un escenario adverso.

Revista Dat0s. Edición 227

Articulados en torno al malestar por la emergencia medioambiental, los candidatos a la presidencia jugaron sus cartas con el descontento acumulado que se expresaría en las urnas. Sin programas concretos que presentar a los electores, sin propuestas alternativas al modelo económico productivo implementado por el Gobierno, ni en materia de política internacional, educación y sobre grandes temas nacionales, los postulantes de la oposición ven que se les escapa de las manos una nueva elección alentando como única bandera la ilegal postulación del binomio oficialista tras el resultado de la consulta del 21F. En ese marco los jefes políticos de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga renuncian a sus respectivas candidaturas esperando otro momento para lanzarse al ruedo electoral.

La orfandad de propuestas no anuncia buenos vientos. Los de la oposición no consiguen presentarse en una fórmula unificada. Faltando pocos días antes de las elecciones algunos jefes políticos anuncian su respaldo al candidato de Comunidad Ciudadana (CC) que en las encuestas de marchaba segundo con chances de reducir la brecha de 10 puntos para forzar el balotaje. La guerra sucia ocupó espacio importante en la agenda prelectoral. La oposición fracturada se ataca mutuamente facilitando el camino a la reelección. Los rumores de una derrota se hicieron evidentes y hasta se escuchó decir que los candidatos de la oposición eran funcionales a los planes del oficialismo.

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Hasta ese momento nadie contaba con el voto de la juventud inconforme con los incendios forestales. En torno a esa emergencia las elecciones se realizaron con información confirmada de que los incendios alcanzaron algo más de 5 millones de hectáreas en la Chiquitania. El apretado resultado entre los candidatos del Movimiento al Socialismo (MAS) Evo Morales y Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC) sumado a los errores del conteo de votos y supuestas irregularidades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) suman voces para forzar una segunda vuelta. Las sospechas de un fraude ganan las calles y las protestas se dejan escuchar en todo el país. No se menciona directamente las causales de los incendios forestales en ninguno de los cabildos que matizan como nuevo detonante en la contienda. Antes de abandonar el país los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) ratifican un informe de irregularidades en el proceso del conteo de votos.

El informe alienta al electorado a salir a las calles contra el supuesto fraude del oficialismo. Un factor es apuntado por los observadores imparciales de la crisis poselectoral: “el papel de la juventud en la organización movilizada es fundamental para el aliento de las movilizaciones”. Organizados en grupos numerosos universitarios y jóvenes exigen que se respete su voto. Son miles que ganan las calles y con el correr de las horas asumen la organización de los bloqueos en diferentes puntos del país para evitar que el Gobierno consuma su victoria.

En este escenario se suma un nuevo elemento: la incorporación de los Comités Cívicos en todos los departamentos congrega la participación masiva de la población por el clamor de una segunda vuelta que con el correr de los días es rebasada por la figura de nuevas elecciones y fermentada por grupos cívicos radicales que piden la renuncia inmediata del primer mandatario en los departamentos de Santa Cruz, La Paz, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba, Oruro, Tarija y Beni, articulados inicialmente por el Bloque del Sur (Chuquisaca, Potosí, Tarija). Los bloqueos y manifestaciones derivan en enfrentamientos con la militancia del MAS que cobra dos vidas durante una escalada de violencia en la localidad de Montero, al norte de Santa Cruz. A estas alturas los cabildos se convierten a diario en un foco de resistencia masiva contra el Gobierno.

En La Paz, las marchas se tornan violentas pero sin cabezas visibles de conducción; fragmentada la unidad y debilitado Carlos Mesa ante el incontrastable avance de los representantes cívicos que asumen la conducción de la movilización. Casi al mismo tiempo se crea una Coordinadora Nacional de la Democracia (CONADE) que nuclea a los líderes políticos del pasado que provoca indignación en la ciudadanía. La Coordinadora tiene una vida corta quedando desplazada a medida que crece la protesta en las calles.

La gente expresa su repudio porque el movimiento político en torno a ese instrumento es calificado sin medias tintas de oportunista. Allí, confluyen viejos líderes políticos: el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas; el alcalde de La Paz, Luis Revilla; el jefe de Unidad Nacional (UN) Samuel Doria Medina; Jorge Tuto Quiroga y otros políticos de la vieja guardia y otros personajes entre los que distingue el rector de la Universidad Mayor de San Andres (UMSA), Waldo Albarracin. El aliento de la causa toma un nuevo impulso que apunta a los políticos para no contaminar las movilizaciones.

Las teorías del complot y el cabecilla de la oposición

El Gobierno sintiendo que la movilización avanzaba en su contra sale al frente denunciando un golpe de Estado propiciado por sectores de la derecha y triangula sospechas de que Sánchez Berzaín y el empresario Branko Marinkovic, financian el descontento popular. Desvirtuando el presunto fraude electoral, el Gobierno movió una ficha política clave en medio de la crisis con el fin de desmovilizar a los manifestantes. Pidió que representantes de las Organización de Estados Americanos (OEA), observadores de la Unión Europea y técnicos de varios países participen en una Auditoria integral al proceso electoral. Carlos Mesa acepta la propuesta siempre y cuando esa Auditoria tenga efecto vinculante. En tanto que los cívicos en un cabildo nacional en La Paz con representación de Chuquisaca, Potosí, Cochabamba, Oruro, Tarija y la Coordinadora de La Paz, definen seguir luchando hasta destituir al presidente.

En este escenario el papel que cobra más visibilidad, tanto por los medios como por el propio Gobierno, fue desplegado por el líder cívico cruceño Luis Fernando Camacho que comienza a ganarse la simpatía de los bloqueadores. Sin embargo, el surgimiento de su liderazgo queda en entredicho la noche del sábado 2 de noviembre. En una masiva concentración a los pies del Cristo Redentor en Santa Cruz lanza un ultimátum de 48 horas exigiendo la renuncia del presidente Morales. Camacho anuncia que presentará una prueba demoledora de algo que no dice qué. Este hecho genera una enorme expectativa. Carlos Mesa emite un comunicado pidiendo que el Gobierno convoque nuevas elecciones en una posición de centro ante los radicalismos de los comités cívicos y los grupos afines al MAS.

Vencido el plazo y ante la expectativa nacional Camacho lee una carta redactada por él mismo en la que pide a Evo firmar su renuncia al cargo. Con lágrimas Camacho anuncia su viaje a la sede de Gobierno prometiendo al cabildo que volverá con la carta firmada. Observadores de la crisis califican esta actitud de delirante y bastante ocurrente en las que el líder del Comité Pro Santa Cruz apela a los evangelios. “La Biblia volverá a entrar al palacio de Gobierno”, dice. Un ex aliado de Evo Morales dice que “la obstinación por el poder de un extremo ha dado surgimiento a una corriente del otro extremo que mezcla política con religión, y que lejos de promover la discusión democrática apela a las emociones de las multitudes para refrendar sus ocurrencias. Remplazar a un jefazo por otro jefazo es el peor error que se puede cometer. La verdadera libertad no será nunca producto de un líder iluminado ni de un milagro religioso. La libertad es una construcción que nace de la autodeterminación”, afirma.

En su locura de entregar la carta a Morales, Camacho es retenido en el aeropuerto de El Alto unas horas y devuelto con su comitiva a Santa Cruz. Su presencia en la terminal aérea genera una reacción violenta exacerbando raza, religión y política. Molestos, en horas de la tarde un grupo de personalidades notables del departamento lo convocan a una reunión en la que le piden baje la beligerancia.

A esas alturas las movilizaciones confluyen dos ejes: Santa Cruz la de mayor concentración y La Paz que poco a poco recupera la normalidad con la exacerbada presencia de grupos de choque del MAS. El resto del país comienza a sufrir agotamiento.

Las decisiones más importantes que surgen del Cabildo Nacional del jueves 31 en La Paz son llevadas adelante en medio de un ritmo casi frenético que toma el conflicto. En esa oportunidad grupos de jóvenes son gasificados por la policía en su intento de pasar el cerco tendido para evitar el ingreso a la plaza Murillo. En el resto del país se instiga la toma de instituciones estatales, lo que, según los observadores no puede calificarse de una resistencia pacífica. En La Paz, varios ministerios y algunas instituciones públicas son obligados a trabajar a puertas cerradas y situaciones semejantes se anotan en varios departamentos. El país vive días de mucha tensión.

Sin acuerdo entre Gobierno y oposición, una delegación de expertos de la OEA y de otras instancias internacionales apura el recuento de la votación que ha sido calificada como un acto unilateral auspiciado por el Gobierno para ganar días que finalmente le conferirían la victoria en las urnas.