Sólo el 23% de obras se licitó públicamente

El 67,53 por ciento de los contratos estatales adjudicados en los 10 años de Gobierno de Evo Morales fue a través de contratación directa de un total de 80.665 contratos; mientras que las obras adjudicadas por licitación pública llegan al 23,05 por ciento, según datos extraídos del portal del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).

Los datos corresponden a contratos adjudicados bajos las modalidades de licitación pública, invitación pública, contratación directa y por excepción.

Comparados con los 10 años precedentes, los porcentajes son inversos ya que en ese periodo los contratos se adjudicaron en 59,54 por ciento a través de licitaciones públicas (de un total de 5.532) y las adjudicaciones por contratación directa llegaron sólo al 0,14 por ciento.

Según la normativa, la licitación pública es la modalidad que se aplica cuando el monto del contrato es igual o mayor a Bs 1 millón. La convocatoria es nacional para contratos de entre Bs 1 a 70 millones e internacional para contratos mayores a los Bs 70 millones.

En los últimos años, tres proyectos estatales de envergadura para el país, que suman un total de 691 millones de dólares, fueron adjudicados bajo la modalidad de contratación directa a las mismas empresas que participaron en los procesos de licitación pública que fueron declarados desiertos. En todos los casos se invitó a empresas chinas.

Se trata del ingenio azucarero San Buenaventura, la planta hidroeléctrica San José y la planta siderúrgica de El Mutún que se adjudicaron a las mismas empresas que durante el proceso de licitación pública fueron descartadas junto a las demás proponentes, ya sea por falta de documentación o por formular montos por encima de los permitidos en el documento base de contratación (DBC).

Según el gerente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), Javier Arce, las licitaciones públicas aseguran el precio y la calidad de la construcción de una obra, contrariamente a lo que sucede cuando se trata de una contratación directa.

En el caso de la Empresa Siderúrgica Mutún, hubo dos licitaciones emanadas del Ministerio de Minería y Metalurgia y ambas fueron declaradas desiertas. En la segunda, lanzada el 15 de octubre de 2015, las empresas chinas Henan Complant Mechanical y Sinosteel Equipment presentaron sus propuestas para adjudicarse la construcción de la planta siderúrgica en El Mutún, pero no calificaron.

Posteriormente, se hizo una invitación directa a Sinosteel Equipment bajo el argumento de que tiene experiencia en el rubro, según manifestó en anteriores declaraciones el ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro.

Sin embargo, a la fecha la empresa aún no mostró los documentos físicos que respalden su legalidad y capacidad económica, situación que frenó la firma del contrato. El monto de inversión destinado para esta obra es de 400 millones de dólares.

El Ingenio Azucarero San Buenaventura fue adjudicado a la empresa china Camce bajo la modalidad de contratación directa por un monto de 166 millones de dólares el pasado 6 de marzo de 2012 después de que las dos primeras licitaciones públicas fueran declaradas desiertas.

Según declaraciones emitidas por la exministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, la empresa Camce fue eliminada en esos dos procesos de licitación pública “por no presentar una boleta de garantía”. Posteriormente, la Empresa Azucarera San Buenaventura  (Easba) invitó a tres firmas para la ejecución del proyecto y “la que mejor calificó” fue Camce.

Por otra parte, el contrato II “Obras civiles, red vial, regulación y conducción del Proyecto Hidroeléctrico San José” fue licitado públicamente en 2013 y se presentaron seis proponentes. Según la información proporcionada por la Empresa Eléctrica Corani,  la licitación fue declarada desierta “por incumplimiento de requisitos administrativos, financieros, y por sobrepasar el monto permitido”.

En 2014, se lanzó una invitación directa por excepción a las mismas seis empresas que se presentaron a la licitación pública, entre ellas la firma china Sinohydro,  de las cuales sólo tres presentaron su propuesta y finalmente se adjudicó el paquete a Sinohydro por casi 125 millones de dólares.

La licitación para la adjudicación del proyecto hidroeléctrico San José se dividió en cuatro paquetes.  El I, II y III  fueron licitados públicamente.

Adicionalmente, tanto Sinohydro como Camce tuvieron problemas, ya sea de tipo laboral o en la ejecución de las obras adjudicadas.

En el caso de Sinohydro, los obreros de la hidroeléctrica San José denunciaron vulneración de las leyes bolivianas de trabajo además de maltrato, llegando a paralizar el trabajo con sus protestas. Camce también tuvo problemas laborales en Misicuni y se le rescindió contrato por retraso en las obras de la ferrovía Montero-Bulo Bulo.

EMPRESAS CHINAS BENEFICIADAS Y NORMA

Irregular

Tres megaproyectos, que suman un total de $us 691 millones, fueron adjudicados por contratación directa a empresas chinas observadas que participaron en licitaciones públicas declaradas desiertas.

Piden ley

La Cámara de la Construcción de Santa Cruz pidió al Ministerio de Obras Públicas agilizar la elaboración de un borrador de proyecto de ley para regular las contrataciones del sector público.

EXIGEN LEY PARA REGULAR LAS CONTRATACIONES ESTATALES

El gerente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), Javier Arce, dijo que ese sector exige que el Ministerio de Obras Públicas agilice la elaboración de un borrador de proyecto de ley para regular las contrataciones del sector público.

Según Arce, el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, se comprometió a entregar un borrador hasta este 31 de marzo.

Para Arce, el Decreto Supremo 181 que regula el sistema de administración de bienes y servicios podría ser modificado “fácilmente” por cualquier otro decreto, por lo que los constructores no lo consideran válido para regular las contrataciones públicas.

“No puede ser que una norma de contrataciones sea un decreto, cualquier decreto puede cambiar eso, si usted levanta ese decreto a rango de ley, un decreto no podría cambiarlo (…) Hay un compromiso del ministro Claros de Obras Públicas que hasta el 31 de marzo tengamos un borrador casi aprobado de una regulación de contrataciones en Bolivia”, aseguró.

Explicó que si Claros no cumple con el compromiso, el sector de la construcción asumiría medidas de presión.

OTRAS ADJUDICACIONES POR INVITACIÓN

La Planta de Sales de Potasio de Uyuni fue adjudicada por la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE) bajo la modalidad de contratación directa el 19 de mayo de 2015, a pesar de las observaciones a la empresa.

Para la decisión final, la GNRE informó que se hizo una “evaluación técnica y económica” de las tres firmas que tenían interés.  Finalmente, CAMC Engineering Co. Ltd. fue seleccionada para ejecutar la obra.

En la hidroeléctrica Misicuni,  la empresa Camce no presentó la documentación legalizada que avale su experiencia y la de sus profesionales en plazo establecido. Sin embargo, la gerencia de Misicuni aprobó un plazo de 15 días mediante una resolución gerencial para que complete la documentación.

ANTES DE SU CONSTITUCIÓN

Camce era “fantasma” pero logró 2 obras estatales

La Paz | Anf

La firma china Camce se adjudicó dos contratos con el Gobierno antes de constituirse legalmente como empresa en el país. Para el exsuperintendente de Empresas, Rolando Morales, ello significa que las contrataciones se hicieron con una “empresa fantasma” y por tanto, dichos acuerdos están al margen de la ley.

Basado en información recientemente divulgada, Morales dijo que es “preocupante” que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP) no haya cumplido con su trabajo de control para garantizar la legalidad de los procesos, ya que Camce firmó contratos desde antes de que fuera constituida en agosto de 2013. La compañía se creó con 100.000 bolivianos y generó millonarios contratos con el Estado.

“Las autoridades de Gobierno que han hecho contratos con esta empresa china, legalmente es como decir que hicieron contratos con una ’empresa fantasma’ aunque exista de facto”, dijo el economista a ANF, y agregó que si Camce “no ha hecho todo el papeleo en el Registro de Comercio y el Gobierno ha firmado contratos, verdaderamente los contratos estarían fuera de la ley”.

Entre las contrataciones suscritas antes de la constitución legal de Camce se encuentran la dotación de tres taladros de perforación para la petrolera estatal YPFB, por 60 millones de dólares, y la instalación del ingenio azucarero San Buenaventura, por 168 millones.

Sólo un mes después de constituirse en agosto de 2013, la firma china se adjudicó la construcción del tramo I de la ferrovía Bulo Bulo-Montero.

En años siguientes se adjudicó la construcción de la represa de Misicuni y de la Planta de Sales de Potasio.

Consultado si es común que una empresa con un capital de operaciones de 100 mil bolivianos se adjudique contratos por más de 500 millones de dólares, el exsuperintendente respondió “ciertamente no es normal, casi sale del margen del sentido común, una empresa que quiere hacer negocios grandes, también debe tener capitales de operaciones grandes para dar la garantía al Estado”.

Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, y procesada por supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, asumió funciones en Camce en 2013, motivo por el cual, opositores acusan al Mandatario de tráfico de influencias.