Como de una película de terror ha sido calificada la documentación que el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana ha presentado al fiscal Marco Antonio Rodríguez en la que devela la relación de funcionarios de Gobierno con carteles de la droga que estarían operando en Bolivia. El hecho denota hasta dónde se cruzan nombres comprometidos en actividades ilícitas y el supuesto interés del ministro de la Presidencia en descubrirlos.

Inmediatamente después del acto en el que Quintana entregó la carpeta de la denuncia al fiscal Rodriguez, la oposición cuestionó el procedimiento. Los diputados de Convergencia Nacional dijeron que es contradictoria. Basaron su opinión en las propias declaraciones de la autoridad de Gobierno, en las reiteradamente ha negado la presencia de carteles de la droga en Bolivia. Pero la bomba tomó una dirección extraña ya que Quintana puso en la mira  a algunos ex generales de la Policía Nacional y a oficiales que purgan condena por el tráfico de cocaína. El impacto no sólo acaparó el interés de los medios nacionales sino que parecía estar dirigida a publicaciones que hace un par de meses detonaron una bomba periodística cuando develaron que el ministro de la Presidencia se habría reunido con un narcotraficante brasileño en Santa Cruz. Es por eso que la denuncia del ministro Quintana ha sorprendido en niveles de la política y desubicado a quienes le reclaman que encause el juicio por difamación y calumnias que ha anunciado contra Veja. Además, porque la autoridad se enfrenta sin chaleco salva vida a facciones que operan en la ilícita actividad sellando la posición del Gobierno del presidente Morales de que lucha contra el narcotráfico.